Usted, ya sea médico, enfermero, auxiliar o farmacéutico no es responsable del fallecimiento de ese paciente, al que no pudo atender por falta de medios. Aunque es difícil que esa certeza -confirmada por varios abogados expertos en Derecho Sanitario- le consuele del drama al que ha tenido que asistir y asiste con un pase de butaca preferente, al menos no añade más dolor.
Entre los efectos adversos de este virus maldito está la rápida caducidad de las decisiones. Los decretos, órdenes e instrucciones se quedan viejos al poco de ser anunciados. A esta velocidad de auténtico vértigo hemos avanzado hasta la casilla de las exigencias de responsabilidades en los juzgados en tiempo récord.
Hay demandas activadas en la jurisdicción contenciosa-administrativa, que cuestionan la gestión política de esta crisis; en el orden social, con peticiones de cumplimiento de la ley de protección de riesgos laborales y en el orden penal, contra el delegado del Gobierno en Madrid, por las manifestaciones de marzo y contra el ministro Salvador Illa por las mascarillas defectuosas.
Todos los días se dictan autos, providencias y sentencias relacionadas con material sanitario de protección contra la Covid-19 que no llegan. Hay tribunales y juzgados que han concedido 24 horas a la Administración de turno para entregar el material de protección necesario a los sanitarios, mientras otros ampliaban el margen temporal con un “cuanto antes” y unos terceros inadmitían estas peticiones de medidas cautelares o cautelarísimas. Es decir, rápidas o rapidísimas, sin consulta de la parte contraria.
Tanto para proporcionar a los sanitarios sus EPI (equipos de protección individual) como para el resto de decisiones que se han tomado en esta pandemia, la responsabilidad es de la Administración central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo asumía en una rueda de prensa televisada al responder a una pregunta de este periódico.
Fue el 12 de abril y Sánchez dijo: “Los recursos no son los necesarios, hay una insuficiencia en los mismos, como consecuencia de que el mundo no estaba preparado para la envergadura de esta pandemia global. Me hago cargo de ello y me responsabilizo de ello. Empatizo con las demandas del personal sanitario y les puedo decir que estamos haciendo lo indecible para garantizar ese suministro de material médico”.
Pero lo cierto es que lo asumiera o no el presidente, esa responsabilidad ya estaba en el Real Decreto de Estado de Alarma, cuando todas la actuaciones contra el coronavirus quedaron bajo un único mando. Sin embargo, una cosa son las responsabilidades políticas y otra, las que se pueden exigir en sede judicial.
Los daños a reclamar. El punto de partida para cualquier demanda judicial es la existencia de un daño, como ha recordado el abogado Eugenio Moure en una entrevista para este periódico. El más obvio de los daños son los 21.717 muertos que hay contabilizados hasta la fecha por Covid-19. Entre ellos, y también como un dato provisional, son los casi 40 sanitarios en activo que no han superado la enfermedad. Sus familiares pueden reclamar, como también lo pueden hacer los que han sido contagiados en el ejercicio de su profesión por falta del material de protección necesario.
Es decir, y como apunta el abogado Carlos Fornes, “los sanitarios en esta pandemia no van a ser los demandados,van a ser los demandantes”. En consecuencia, el Gobierno se perfila como el gran culpable y, por lo tanto, el gran indemnizador.
El abogado Julio César Galán adelanta que las preguntas que determinarán la existencia de responsabilidad política del Ejecutivo de Sánchez son fundamentalmente dos y se refieren a la previsibilidad de la pandemia , por un lado, y a su inevitabilidad, por otro.
¿Podría haberse evitado la pandemia?¿Conocía el Gobierno de Pedro Sánchez la virulencia del virus y retrasó la toma de decisiones para contenerlo? La respuesta mayoritaria, que parece abrirse paso entre la opinión pública, es que tanto desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) como desde los organismos europeos se advirtió de la necesidad de tomar medidas valientes antes de que se tomaran.
Bien, pero si eso fuera así -con todos los detalles que acompañan a una prueba judicial y que alejan esta práctica de cualquier ciencia exacta o medianamente previsible- todavía cabría una pregunta: ¿podía haberse evitado incluso aunque se hubiera previsto?
El letrado Moure compara este caso con el juicio del Prestige. Habrá que esperar años para conocer si hay responsabilidad del Estado -en el caso del barco a la deriva el Supremo absolvió a la Administración- y es imposible saber quién ocupará entonces La Moncloa.
Pero mientras ese juicio contra el Estado -que será la madre de todos los juicios de responsabilidad por Covid-19- se concreta, seguirán presentándose reclamaciones contra las distintas consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, como ya está sucediendo.
La mayoría de las autonomías cuentan con un seguro de responsabilidad patrimonial que, en último término, será el encargado de asumir el pago de las indemnizaciones. La cobertura de estos seguros incluye las reclamaciones que pueden presentar los sanitarios de estos servicios de salud por contagios en el trabajo.
En estos momentos, y según fuentes del sector asegurador de la Responsabilidad Civil sanitaria, estas pólizas no excluyen los daños derivados de una pandemia. Pero, lo que sí parece más que probable, es que la Covid-19 aparezca en los pliegos de las pólizas que firmen las Administraciones sanitarias a partir de ahora como un motivo de exclusión, como ocurrió ya con la hepatitis, tras el caso Maeso.
Ideas para recurrir
El abogado Carlos Sardinero, colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente, ha elaborado un decálogo de motivos de reclamación por Covid-19. Destaca el drama de las residencias de ancianos, que acumula más de 11.300 fallecidos en toda España. “Se podrá exigir responsabilidad penal por omisión del deber de socorro o, en su caso, lesiones y homicidio imprudente, además de la responsabilidad civil por daños y perjuicios”, dice.
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