Farmacéuticos madrileños se han dirigido al COF de la región para que solicite a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que dé autorización a las oficinas de farmacia para realizar los test rápidos del coronavirus a cualquiera que desee acceder a esta prueba. Por supuesto, “disponiendo cuantos preceptos normativos resulten necesarios”, según explica Marian Montero, presidenta del Movimiento para la Defensa de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España (Modemfa España).
Modemfa España, Modemfa Madrid y la Asociación por la Defensa del Modelo Sanitario Asistencia (Admsa) son tres organizaciones de farmacéuticos independientes que se han unido para realizar esta petición profesional con la intención de solicitar a las administraciones sanitarias que habiliten la normativa que permita realizar test masivos en farmacias. Según consideran, esta medida facilitaría la información necesaria para que las autoridades sanitarias conozcan de forma más certera la extensión del virus y puedan tomar las medidas más oportunas en la desescalada del confinamiento sin perjudicar a la salud de la población.
"La propuesta de las farmacias incluye recabar los resultados masivos de los análisis de forma confidencial y anónima, y proporcionárselos a las autoridades sanitarias para su tratamiento estadístico, permitiendo conocer el grado de afectación real de la población por la enfermedad en un breve periodo de tiempo. De igual manera, facilitaría el tratamiento adecuado de manera individual según el resultado obtenido para no tratar a ciegas mediante síntomas clínicos o de forma preventiva tal como se realiza mayoritariamente en la actualidad", han señalado desde estas tres organizaciones de farmacéuticos.
Proceso gradual
Estos farmacéuticos entienden que el fin del confinamiento y la vuelta a la actividad laboral, además de realizarse gradualmente, deben ir acompañados de cautelas sanitarias entre las que se encontraría el acceso generalizado de la ciudadanía a los test rápidos, “siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno, en los que la aplicación de esta medida ha resultado decisiva para la contención de la enfermedad”, subraya Montero.
Para ello, estas asociaciones entienden que los poderes públicos están obligados a emplear cuántos medios materiales y humanos estén a su alcance y “resulta inadmisible que se renuncie a la colaboración de la red de oficinas de farmacia de España esgrimiendo argumentos legalistas y burocráticos que resultan ofensivos en estos momentos críticos”, asegura la presidenta de Modemfa, quien defiende que las oficinas de farmacia cuentan con la confianza de los ciudadanos y garantizan el acceso a quiénes desee hacerse el test.
Junto a esto, los farmacéuticos solicitantes apuntan que confían en que, a través de sus respectivos representantes colegiales, se transmita su petición a las administraciones. "Aspiramos a que esta importante intervención sanitaria se extienda urgentemente a todo el territorio nacional dada la excelente capilaridad geográfica de la red nacional de oficinas de farmacia”, explica Montero.
Por otra parte, las asociaciones mencionadas quieren dejar claro que los farmacéuticos no han especulado con la venta de mascarillas, sino que se han limitado a aplicar el margen habitual para este tipo de productos. “Los profesionales farmacéuticos de oficina de farmacia, desde el principio de la pandemia en España, hemos estado atendiendo a los pacientes y buscando recursos para ayudar a la población no hospitalizada”, afirma la presidenta de Admsa, Luz Sanz.
Constantes subidas en origen
Sin embargo, estas organizaciones apuntan que, ante el desabastecimiento de los canales habituales (provocado, según entienden, entre otras cosas, por el acaparamiento de la producción de mascarillas y resto de material de protección en laboratorios y almacenes por parte de la Administración), las farmacias han tenido que acudir a importadores del mercado chino. En este terreno, “agradecemos este suministro, si bien, ante nuestra limitada capacidad económica como microempresas, nos hemos visto obligadas a adaptarnos a las subidas constantes del precio en origen que la gran demanda mundial y los transportes aéreos han causado”, explica Sanz. Esta subida del precio han tenido que repercutirla en el precio final al cliente.
Así, desde estas asociaciones de farmacéuticos solicitan al Gobierno la exención del IVA para estos productos, pues actualmente están gravados con el 21% de IVA más el 5,2 de recargo de equivalencia, lo que paga el consumidor final. “Hemos arriesgado nuestros recursos, nuestra salud y la de nuestros colaboradores, hemos dedicado todo nuestro tiempo a intentar ayudar a solucionar los devastadores efectos en la salud de la población”, concluye la presidenta de Admsa.
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