Si la gestión de la pandemia de coronavirus tiene muchas más luces que sombras, según los principales partidos de oposición al Gobierno, los planes para la puesta en marcha y desarrollo de la desescalada brillan por su ausencia…, o al menos ninguno de los grupos políticos del arco parlamentario los conocen.
La Comisión de Sanidad en la que ha comparecido esta mañana el ministro Salvador Illa se ha convertido en una dura y unánime crítica -con la lógica salvedad del Grupo Parlamentario Socialista- a la opacidad del Gobierno sobre los pormenores de un desconfinamiento que el Ejecutivo lleva semanas anunciando.
La principal incógnita reside en los plazos y pormenores de la que se supone que será la principal hoja de ruta gubernamental para esa fase de descompresión: el estudio de seroprevalencia. “Si el estudio comenzará a desarrollarse el próximo lunes y el tiempo estimado para su realización está entre 6 y 8 semanas, ¿cómo va a servir ese estudio para tomar decisiones con respecto a la fase de desescalada, salvo que ésta no comience hasta principios de junio?”, se ha preguntado el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz Gómez.
En la misma línea, la diputada de Bildu Merxte Aizpurua se ha preguntado que "¿cómo podemos empezar a hablar de relajar el confinamiento cuando ni siquiera sabemos
No ha empezado la fase de transición ni de desescalada. Estamos, que no se le olvide a nadie, en fase de confinamiento, con algunas medidas de alivio, sí, pero confinados.
En relación con una de esas medidas de alivio, la progresiva salida de los niños y la polvareda que han levantado los pormenores de su comunicación, ha sentenciado que “una cosa es hacer propuestas y otra tomar decisiones, sobre todo cuando éstas afectan a la salud de los ciudadanos. La medida relativa a los menores se ha tomado con la máxima prudencia y cautela, e insisto en lo de máxima”.
Va a empezar la semana que viene y se va a hacer con las comunidades, junto con ellas, porque es un estudio muy ambicioso. Habrá datos preliminares y no hará falta esperar al final del estudio para darlos.
Se podía haber hecho otro menos ambicioso y ningún país europeo hace uno de tal magnitud: en todo el territorio, con un enorme reto logístico, y que nos permitirá tener una foto bastante fidedigna de todos los territorios.
La diputada popular Concepción Gamarra ha puesto sobre la mesa la cifra de los más de 34.000 profesionales sanitarios contagiados, que el propio Gobierno ha actualizado hoy, y la ha puesto en relación con el fiasco del lote de mascarillas defectuosas de la empresa Garry Galaxy. Gamarra ha recordado que el ministerio no hizo público el mal estado de ese lote hasta cinco días después de que se lo comunicase el Gobierno de Aragón y ha exigido a Illa que aclare "cuántas mascarillas se distribuyeron exactamente por autonomías y cuántos profesionales las han usado, especialmente a partir de ese día en que ustedes ya sabían cuál era su estado".
El titular de Sanidad no ha concretado esas cifras, pero sí ha dejado a caer que "las mismas dificultades que este ministerio ha confesado a la hora de adquirir material de protección son las que tienen algunas comunidades cuando buscan esos productos en un mercado internacional tan inestable, y algunas de ellas, por cierto, con los mismos proveedores que el ministerio".
Con respecto a la posibilidad de compensar a las farmacias por las mascarillas adquiridas antes de la fijación de los precios, Illa no ha aclarado nada y se ha limitado a decir que
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