
La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado otra patada al balón que enfrenta a la Consejería de Sanidad de Madrid y a los sindicatos de la Mesa Sectorial por el plan de prevención de riesgos laborales de atención primaria. Ahora, la pelota está en el tejado del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), que ha sido designado por el tribunal como mediador en el conflicto.
Con esta decisión, el TSJ de Madrid ha suspendido la vista judicial prevista para este jueves, dando un nuevo plazo de un mes para convocar el juicio, que será después de que Administración y sindicatos se reúnan bajo el paraguas del IRSST. La reunión, si se observa lo que dice el tribunal, debería celebrarse a principios del mes de mayo.
El acta, del tribunal que recoge la decisión, señala que "las partes presentes se comprometen a fijar reuniones con la intervención del lnstituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo a los efectos de dar una solución al conflicto planteado".
La Sala, además, ha requerido a Inspección de Trabajo el informe sobre la respuesta que le ofreció la Comunidad Madrid, el pasado 23 de marzo. Ese día, la Consejería cumplió con el requerimiento de Inspección de Trabajo al plan de prevención de atención primaria. Es decir, introdujo en este plan las modificaciones con las que considera que cumple con la petición del órgano del Ministerio de Trabajo. Pues bien, el TSJ de Madrid quiere saber cómo valora Inspección de Trabajo la respuesta de la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Sanidad, han respondido a este medio que "esperan a la vista judicial", que no podrá ser antes de un mes.
De esta manera se dilata un conflicto que se remonta a 1995, pues, según los sindicatos, el primer nivel asistencial del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) lleva sin un Plan de prevención de riesgos laborales de atención primaria desde ese año. Sin embargo, este enfrentamiento se ha enconado cuando, hace unos meses, los representantes de los trabajadores acudieron a los tribunales para reclamar una indemnización por omisión del citado Plan de 120 millones de euros, 8.000 euros por trabajador.
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