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jueves, 6 de diciembre de 2018

La crisis no ha afectado a corto plazo a la salud de los españoles

El Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe sobre el impacto de la crisis económica que concluye que “la crisis no ha afectado, al menos a corto plazo, a la salud de los españoles ni a la de los extranjeros residente en España, salvo en la dimensión de la salud mental”. Así lo afirma el estudio independiente encargado por el Ministerio de Sanidad y firmado por los economistas de la salud Juan Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha), Beatriz González López-Valcárcel y Patricia Baber (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), Rosa Urbanos (Universidad Complutense) y Néboya Zozaya (Fundación Weber).    

El informe pide con todo cautela sobre las conclusiones ya que, aunque no se han visto efectos sobre la salud, sí se ha visto un importante deterioro de los factores de riesgo social que determinan la salud y, por tanto, los efectos de la crisis sobre la salud de la población podrían verse a más largo plazo.

El informe detecta mayor consumo de antidepresivos y mayor riesgo de enfermedad mental en poblaciones desempleadas o sin estudios

Fármacos

Fármacos.

El  estudio, publicado cuando se cumplen precisamente diez años del estallido de la crisis económica en España, explica en concreto que “los resultados obtenidos muestran que la crisis no parece haber afectado, al menos en el corto plazo, a la salud de los españoles ni a la de los extranjeros residentes en España, salvo en la dimensión de la salud mental”. Concretamente, no se habría visto un deterioro de indicadores como la esperanza de vida, las tasas de mortalidad o los años de vida saludables frente a los años previos a la crisis económica. Salvo en el caso de los suicidios, que habrían experimentado un crecimiento, si bien, cambios metodológicos en la estadística hacen “compleja la comparativa” por lo que las conclusiones sobre este punto “no son concluyentes”, advierte el informe.

Tampoco parecen haberse resentido los indicadores de salud autopercibida “que ha mejorado en ambos sexos durante la crisis, aunque el efecto no se ha mantenido en la post-crisis”.

El informe tampoco ve impacto de la crisis en el incremento de ciertas enfermedades crónicas como EPOC, asma, enfermedades cardiacas o VIH.

La explicación al incremento de los suicidios no es concluyente todavía por los cambios metodológicos que se han producido en las estadísticas

En el caso de la salud mental, en el que sí parece haber efecto a corto plazo, “el riesgo de padecer enfermedad mental se redujo levemente para las mujeres, pero en el caso de los varones aumento. Las conclusiones de estudios previos apuntan que hubo un deterioro de la salud mental, acentuado en el caso de los varones en edad laboral, especialmente en aquellas personas en situación de desempleo o con empleos precarios”, explica el estudio, que se ha elaborado como fruto de una reivindicación del PSOE en el Congreso, que exigió al anterior Gobierno popular una evaluación del impacto de la crisis económica sobre la salud.

Los autores del estudio recomiendan crear un grupo de trabajo sobre criterios de priorización en listas de espera, eliminar las diferencias entre activos y pensionistas en lo que a tope de copago se refiere y fijar un copago máximo conjunto para sanidad y servicios sociales

 

Aunque con carácter general el estudio no ve un impacto a corto plazo de la crisis sobre la salud, los economistas advierte de que “los resultados observados para la población general no deben ocultar las grandes diferencias identificadas entre grupos sociales y por estatus de ocupación”. Así, se advierte que “existen marcadas diferencias entre la población desempleada y la población ocupada y entre las personas sin estudios o con estudios primarios y las personas con estudios superiores”. Ilustrando estas grandes diferencias, se cita por ejemplo el consumo de antidepresivos en 2014: el 12 por ciento de las personas sin formación los había consumido frente al 2,6 por ciento de las personas con estudios superiores.

Sobre ese impacto desigual, se ha observado también que los índices de visitas a atención primaria y a urgencias han seguido sendas contrarias durante la crisis entre ricos y pobres, incrementándose las visitas a urgencias de los más pobres durante la crisis económica lo que “podría estar indicando un aumento en las barreras de acceso a la atención primaria durante los años de la crisis económica, que estaría siendo compensado por los usuarios a través de un mayor uso delas urgencias”.  

Finalmente, los economistas advierten de que “los efectos de la crisis en la salud podría no manifestarse inmediatamente sino transcurrido un tiempo, especialmente si la evolución de los resultados en salud está más correlacionada con factores que se escapan al ámbito directo de actuación del sistema sanitario. Así es especialmente preocupante –concluye el estudio- el importante deterioro de factores de riesgo social, lo cual obliga a ser cautelosos a la hora de extrapolar las conclusiones derivadas de los indicadores de salud actuales al medio-largo plazo”.

Se recomeinda incluir indicadores de gradiente socioeconómico en la historia clinica para vigilar posibles desigualdades de acceso entre ricos y pobres

A la luz de estas conclusiones, el estudio recomienda incluir indicadores de gradiente socioeconómico la información básica de la historia clínica en los hospitales y centros de atención primaria, que ayude a identificar y vigilar estas (posibles) desigualdades de acceso.

Además, se alerta de que “los factores de riesgo identificados tienen su origen fuera del sistema sanitario y por tanto, el sistema sanitario debe estar preparado para atender las mayores necesidades en salud que pueden surgir en momentos de crisis y posteriores, pero una buena parte de las políticas en salud deben desarrollarse fuera del medio sanitario”. Y lo que es más, “posiblemente las dos políticas que más han contribuido a evitar el deterioro de la salud y el bienestar de la población han sido políticas extra-sanitarias: la prolongación de las rentas a desempleados que han agotado el subsidio y el mantenimiento de las pensiones”, afirma el estudio.

En lo que a salud se refiere, el informe ve en la mejora de los indicadores de consumo de tabaco y la reducción de muertes por accidentes de tráfico la mayor contribución al mantenimiento de los indicadores de salud. “Por el contrario, debe empezar a preocupar el porcentaje de jóvenes que se emborrachan o son binge-drinkers”.

Dos políticas no sanitarias (el mantemiento de las pensiones y la renta a desempleados que habían perdido derecho a subsidio) fueron realmente las que más contribuyeron a mantener estables los indicadores de salud

Anciano caminando con bastón

Ora de las grandes recomendaciones es reforzar la atención a la salud mental. “Dentro del ámbito sanitario hemos visto que la prevalencia de trastornos mentales en ciertos colectivos es notablemente superior a la media. Una crisis económica puede incrementar la necesidad de servicios sanitarios especializados en esta área. Debería ponerse en marcha programas especializados dirigidos a reforzar los servicios sanitarios en especialidades de atención primaria y psiquiatría, orientados especialmente a los grupos de población más vulnerables”.

En lo que a listas de espera se refiere se insta a crear un grupo de expertos para “proponer criterios claros y objetivos de priorización de pacientes” y someter sus conclusiones a debate entre sociedades científicas, profesionales, decisores sanitarios y representantes de la ciudadanía.

Sobre copago se recuerda que si la finalidad no es recaudatoria sino de uso racional, la distinción entre activos y pensionistas carece de sentido. Por eso “convendría extender el tope de gasto mensual que se aplica a personas pensionistas a activos y la exención del copago a aquellos pacientes donde hay evidencia científica de que sus tratamientos son esenciales para el mantenimiento de su salud”. Este mismo modelo, en opinión de los autores del estudio, debería extender se también a los servicios sociales llegando incluso a fijarse un techo común de copago conjunto para sanidad y servicios sociales.

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