El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2017, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, revela que el tema de las concesiones administrativas sanitarias sigue generando muchos problemas a los actuales gestores sanitarios.
En concreto, en una de sus principales conclusiones, resalta que a finales de 2017 aún quedaban “36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o recurridas” en relación a los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral en los cinco departamentos de salud que, en aquel momento, seguían bajo ese régimen: Alzira, Torrevieja, Denia, L´Horta-Manises y Elx-Crevillent.
El mismo informe hace hincapié en que durante el ejercicio de 2017 no se aprobó ni contabilizó liquidaciones de ninguna de ellas. Como ya informó DM, en 2018 se ha revertido la concesión de Alzira, pero el proceso estuvo, y sigue, plagado de bastante polémica y judicializado. Además, a ello se suma una sentencia del Supremo, que arroja más polémica y debate a la contabilización de las propias liquidaciones.
El resumen apunta que las modificaciones presupuestarias en las diferentes consejerías representaron un total de 1.632,1 millones de euros, de los cuales 743,1 millones (un 45,5 por ciento) correspondieron a Sanidad. Como en años precedentes, este departamento fue el mayor responsable de la desviación, pero su peso global se redujo respecto al año anterior (47,83 por ciento del total y continúa una tendencia a la baja muy marcada desde 2015, donde el peso fue de 62,78 por ciento.
Capítulos con protagonismo sanitario
Siguiendo una tendencia clásica, la mayor parte de las modificaciones presupuestarias se concentran en los capítulos II (382,1 millones) y IV (211,3 millones), destacando el descenso en el segundo respecto al año precedente (fueron 309 millones). Dichas modificaciones se deben “fundamentalmente, a la imputación presupuestaria de los gastos de ejercicios anteriores financiados con el FLA”.
La huella de Sanidad es especialmente clara en la Cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, que recoge 963,7 millones de deudas por gastos realizados en 2017 y ejercicios anteriores que no han sido imputados presupuestariamente. En concreto, los saldos acreedores provenientes de Sanidad representan el 92,5 por ciento del total y casi en su mayoría está conformada por gastos del capítulo 2.
Del análisis de facturas se desprende que desprende que 228,3 millones de euros corresponden a productos farmacéuticos, 67,2 millones a material sanitario y 37,5 millones a conciertos sanitarios. Por todo ello, la Sindicatura insiste en la necesidad de una cálculo “realista” para realizar los presupuestos iniciales, con especial interés en el ámbito sanitario
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