No hay marcha atrás contra la contaminación

El ser humano ha vivido rodeado de contaminación desde que descubriera el fuego y lo introdujera en las cuevas prehistóricas para calentarse y cocinar. De hecho, las cocinas de carbón o de leña son aún un problema grave en muchas grandes ciudades de Asia o África –cerca de 3.000 millones de personas sigue usando este tipo de cocinas en la actualidad en todo el mundo, según la OMS–, debido a la elevada concentración de partículas en suspensión que emiten al aire de las urbes.

Pero ese no es el problema de los núcleos urbanos europeos. En ciudades como Madrid o Barcelona –sobre las que pesa una amenaza de denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– el tráfico rodado es responsable de entre un 48% y un 55% de los peores contaminantes (NOx y las partículas pequeñas), mientras que las calefacciones aportan entre un 17,5% y un 36%, según la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

En Europa mueren de forma prematura casi 500.000 personas cada año y 38.000 de ellas en España debido a la contaminación, según el último informe Calidad del Aire en Europa de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y la cifra para el continente asciende hasta las 800.000 víctimas atendiendo a un estudio publicado en marzo por la European Heart Journal que tenía en cuenta por primera vez las muertes por patologías cardiovasculares relacionadas con la mala calidad del aire. En Alemania, uno de los países más afectados, los gases nocivos reducen en 2,4 años la esperanza de vida de sus habitantes.

En este escenario, todos los ciudadanos deberían tomar consciencia de la dimensión del problema. Pero las administraciones públicas tienen una responsabilidad especial como garantes de la Constitución Española, que en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, reza la Carta Magna.

Los gobiernos -central, autonómicos y locales- tienen la obligación de hacer cuanto esté en su mano para garantizar esa protección de la salud de los ciudadanos. Ya no hay debate sobre el problema de la mala calidad del aire de nuestras ciudades. El consenso científico es incontestable y las administraciones no pueden titubear o dar marcha atrás a las medidas encaminadas a la reducción efectiva de los contaminantes que dañan la salud de la población.

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