La última versión del Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud (SNS), publicado por el Ministerio de Sanidad el 10 de octubre y abierto a aportaciones hasta el 10 de noviembre, sigue sin satisfacer a los agentes implicados. Además de los profesionales del sector, consejeros de Sanidad de distinto signo político que acudieron la semana pasada al Consejo Interterritorial de Salud coincidieron en que aún hay que trabajar sobre él y concretar puntos.
Tanto es así que el PP ha encargado un plan alternativo para presentarlo a Sanidad, basado en las ideas planteadas en el Interterritorial. De hecho, Santos Induráin, titular del ramo en Navarra (designada por el Partido Socialista), reconoció a DM esta inconcreción, pero los más claros fueron los consejeros de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, y Andalucía, Jesús Aguirre, todos del PP.
Consenso necesario
Tanto Ruiz Escudero como Vázquez Almuiña señalaron allí la necesidad de un consenso con los colegios de farmacéuticos, los más afectados por uno de los puntos: la devolución al SNS de los descuentos que les hacen los laboratorios a las farmacias.
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF, asegura que el plan de fomento de genéricos y biosimilares es “parcial”, no se ha hablado con ellos y alegará, ya que “se han aplicado de nuevo las medidas al gasto público en fármacos ambulatorios”.
Otro punto a clarificar es la prescripción por principio activo, en ningún caso aplicable a los biosimilares, según juristas consultados. De hecho, la Ley de Garantías recoge en su artículo 89.5 que hay que establecer una regulación específica, lo que es competencia de Sanidad. “En el caso de los biosimilares, se respetarán las normas vigentes según regulación específica en materia de sustitución e intercambiabilidad”.
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De hecho, son conceptos distintos. Sobre este punto, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) señala que “se deben respetar los criterios técnicos y legales que aplican a los medicamentos biológicos, incluida la prescripción obligada por marca comercial y la no sustitución en la dispensación”.
Por su parte, el Consejo Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, presidido por el economista Félix Lobo, ha dado a conocer su informe con recomendaciones respecto al primer borrador del plan. La primera de las apreciaciones hace referencia a la denominación de los medicamentos genéricos y biosimilares como reguladores, incluido en el título del plan. “Probablemente ocasiona confusión llamarlos así, ya que precisamente requieren menos regulación y fomentan la competencia”.
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También se refiere a la importancia de realizar una diferenciación clara entre genéricos y biosimilares, en cuanto a las acciones para fomentar el uso de ambos, ya que “estos dos tipos de medicamentos no se pueden tratar de la misma manera”. A su vez, aconseja “generar diferentes estrategias a nivel de comunidades autónomas”, dada la variabilidad en su uso. Otra de las puntualizaciones del documento es el riesgo de “excluir de la financiación a todos los medicamentos con un precio superior“, ya que “puede tener consecuencias negativas y distar de lo que sucede en los demás sistemas de precios de referencia europeos”.
Sobre el documento de Félix Lobo, el economista de la salud Jorge Mestre-Ferrand, miembro como Lobo de la Asociación Economía de la Salud, muestra su satisfacción, aunque incluye algunos peros: no se analiza el impacto sobre el medicamento original y hace hincapié en la necesidad de realizar más estudios sobre la evidencia de la intercambiabilidad.
Premisas cuestionables
¿Qué opinan las patronales? La industria farmacéutica innovadora, representada en Farmaindustria, manifiesta que “el documento parte de premisas cuestionables” y matiza que “si el objetivo es reducir el gasto farmacéutico, lo que importa no es cuánto representa el mercado de genéricos, sino el mercado a precio de genérico“, dado que “en España -a diferencia de otros países europeos- los medicamentos originales identificados con una denominación comercial o marca están obligados por ley, para seguir financiados por el sistema público, a bajar su precio al del genérico, y eso es lo relevante a efectos de ahorro”.
Esta organización expone también que “el documento parte de premisas cuestionables y propone medidas que, sin aportar ventajas al paciente ni a la calidad del sistema sanitario, podrían generar desequilibrios entre compañías, saliendo perjudicadas las industrias que comercializan medicamentos originales. Caso de implementarse algunas de las medidas propuestas, se podría comprometer la viabilidad de muchas compañías innovadoras, especialmente de capital nacional, que vertebran un tejido industrial generador de empleo estable y cualificado y de un gran valor añadido para nuestro país”.
La Asociación Española de Biosimilares (Biosim) pide también más claridad en intercambiabilidad, pero para su directora general, Regina Múzquiz, algunas medidas son muy positivas, como acelerar los procesos para que el biosimilar entre en el mercado.
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la patronal de laboratorios de genéricos Aeseg, lo ve como “una expresión de intenciones. Algunas medidas coinciden con las que proponemos, pero necesitan desarrollo reglamentario y más detalles”.
Último Interterritorial
A pesar de que el plan del Ministerio de Sanidad para fomentar la utilización de genéricos y biosimilares no figuraba en el orden del día del último Consejo Interterritorial de Salud antes de las elecciones, acabó centrando gran parte de las conversaciones entre consejeros y sus manifestaciones posteriores. La cumbre se dedicó, como estaba previsto, a 23 puntos entre los que figuraba el futuro Plan Nacional del Alzheimer, un informe sobre agresiones médicas o el decreto para acceder a forense vía MIR. Sin embargo, junto al citado plan, hubo algunos otros temas que acabaron protagonizando las preocupaciones expresadas por los consejeros autonómicos, como el Brexit, la financiación de las terapias antitabaco y el sistema de designación de centros para administrar terapias CAR-T. En concreto, varias autonomías acusaron al Ministerio de falta de agilidad en la fijación de criterios y designación de centros para la administración de terapias avanzadas.
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