Sanción económica o concurso restringido, respuestas ante el abuso de los interinos

España tendría que pagar sanciones económicas o bien proponer concursos restringidos para convertir en fijos a aquellos eventuales e interinos de los que ha abusado la Administración por su condición de personal temporal.

Es el análisis realizado por Javier Aráuz, letrado, de las conclusiones de Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de unos estatutarios interinos de larga duración del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Como informó DM, la abogada hizo varias aclaraciones que, si son refrendadas por el TJUE (no son vinculantes), podrían influir mucho en cómo se tratan estos casos en los juzgados españoles. Por ejemplo, Kokott señaló que el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada también se puede aplicar a los temporales que sólo tengan un nombramiento si su continuación por tiempo indefinido se debe que la Administración ha incumplido la leysobre la cobertura de vacantes. También que las ofertas públicas de empleo (OPE), entendidas como procesos selectivos de libre concurrencia, no son una sanción adecuada ante este abuso; o que el acuerdo marco no obligaría a la conversión automática de los interinos en personal fijo.

Indemnización y multas

Aráuz, abogado de los profesionales demandantes, ha defendido que, en general, las conclusiones de Kokott “son muy positivas para el personal temporal”: se ampliarían los supuestos amparados por el acuerdo marco -incluyendo a los interinos de larga duración con un solo nombramiento-; se reconoce que la mera convocatoria de OPE no es una sanción adecuada; y, sobre todo, “se acaba con el despido libre y gratuito“, puesto que la abogada defiende que el personal que ha sufrido un abuso por su condición de temporal tiene derecho a la fijeza o bien a una indemnización “disuasoria y completa”.

La Administración podría enfrentarse a multas específicamente por haber abusado del contrato temporal, un sistema que ya existe en Italia

Con respecto a la indemnización, el letrado considera que podría contemplar tanto un daño moral (asegura que en el orden social se han indemnizado cantidades que van desde 30.000 a los 200.000 euros por este concepto) como daños y perjuicios económicos, que incluirían no sólo una cantidad similar al despido, sino también aquella pérdida de ingresos (por ejemplo, la carrera profesional).

Pero es que además, la Administración podría enfrentarse a multas específicamente por haber abusado del contrato temporal; de ahí que la abogada haga alusiones al sistema que existe en Italia.

La transformación en personal fijo

A criterio de Aráuz, como no hay ninguna norma en España que establezca este tipo de indemnizaciones ni hay un sistema de multas, el mecanismo sancionador adecuado en este caso sería la transformación del personal temporal en fijo.

No obstante, ahí radica una discrepancia de fondo con la abogada general. Aráuz defiende que hay antecedentes de sentencias del propio TJUE desde 2006 en el que esa conversión ha sido automática como mecanismo de sanción al empleador. “Dado que no hay sanción prevista, se castigaría con la más grave, que es precisamente llegar a la situación que quería evitar la Administración”, argumenta. Añade además que se trata de una sanción individual e inmediata por la que también se había pronunciado a favor la Comisión Europea.

¿Seguirá a pies juntillas el TJUE lo que ha sugerido la abogada? No ocurrió así con las cláusulas suelo, avaladas por el abogado general y anuladas por el TJUE

En sus conclusiones, la abogada general, si bien reconoce que sería una sanción adecuada, a renglón seguido apunta que esto alteraría el acceso a la función pública. En su lugar, propone realizar un proceso selectivo restringido a estos interinos. No obstante, Aráuz opina que no es una solución viable en España, “puesto que el Constitucional ya se ha pronunciado en contra de los concursos restringidos, que sólo se podrían aplicar en casos muy excepcionales”. Además, apunta que ni la parte demandada ni los demandantes hablaron en ningún momento del concurso restringido. 

La sentencia definitiva

Aráuz, el abogado de los profesionales, espera que la sentencia definitiva del TJUE se conozca un poco más tarde de lo habitual, en enero o febrero. “Normalmente el tribunal se pronuncia dos meses después… pero lo habitual es que el TJUE conteste a una o dos cuestiones planteadas por juzgados españoles, no nueve”.

¿Seguirá a pies juntillas el TJUE lo que ha sugerido la abogada? Aráuz señala que no siempre es así, poniendo como ejemplo la anulación de las cláusulas suelo de las hipotecas. El tribunal falló en contra, cuando el abogado general del caso había señalado que eran compatibles con el derecho europeo.

En cualquier caso, Aráuz recuerda que las autoridades españolas tendrán que aplicar lo que diga el TJUE, “porque el derecho europeo está por encima de normas nacionales“. Sea cual sea la solución propuesta por el tribunal, el letrado considera que lo fundamental es que se proceda a sancionar esta situación que se ha prolongado durante décadas.

¿Tiene sentido continuar con las oposiciones? El letrado ha apuntado que “tendrían que paralizarse“, tanto si se opta por la fijeza automática o por el concurso restringido como si primero hay que pagar las indemnizaciones a los interinos que han sufrido este abuso laboral. Claro que también hay una solución intermedia: “Que se excluyan de las OPE las vacantes que ocupan estos interinos”. 

“Europa nos recibe con los brazos abiertos”

Sheila Justo, vocal de médicos jóvenes y MIR de Amyts, ha hablado sobre cómo la temporalidad afecta en primera persona a los facultativos. “Hay categorías que llevan 10 ó 15 años sin oposiciones”, ha lamentado, señalando que esto supone para los profesionales una inseguridad a la hora de poner en marcha su proyecto de vida, además de una pérdida económica por no poder cobrar la carrera profesional a pesar de hacer el mismo trabajo que un fijo.

Ha recalcado lo difícil que resulta enfrentarse a una oposición que puede implicar su cese después de 10 años o más de trabajo y ha recordado que más de 17.000 médicos han pedido el certificado de idoneidad en los últimos 5 años, con la idea de marcharse al extranjero: “En Europa nos reciben con los brazos abiertos”.

“Si la Administración hubiera convocado OPE cada dos años, no habríamos acudido al TJUE”, ha concluído: “Que un temporal invierta lo que tiene en un proceso judicial así es una solución desesperada”.

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