Los resultados económicos y en salud avalan las concesiones administrativas, según sus gestores

Mientras se prevé que el nuevo Gobierno valenciano continuará con las reversiones, las concesiones administrativas valencianas siguen sacando pecho sobre sus resultados y aspectos más positivos.

En esta ocasión, aprovechando la reciente Auditoría operativa 2003-2016 de la concesión del Departamento de Salud de Torrevieja -que acaba de cumplir 9 años-, se hace hincapié en que los hospitales de Torrevieja y Vinalopó (Elche), ambos gestionados por Ribera Salud, son los más eficientes de la Comunidad Valenciana.

En el mismo informe, elaborado por la Sindicatura de Cuentas autonómica, se recoge que la asistencia sanitaria integral de la población protegida del Departamento de Salud de Torrevieja “supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, lo que implica un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública del Grupo II”.

También refleja que el Vinalopó obtiene mejores resultados en salud que el resto de centros y, a modo de ejemplo, sus pacientes esperan hasta tres veces menos para ser intervenidos que en el resto de hospitales públicos. Además, pone en relieve la amplia cartera de servicios del hospital, un total de 60 .

Discrepancias

Frente a las valoraciones de las concesiones, Sanidad tiene otra visión distinta. Para empezar, “la auditoría operativa no precisa que su objeto es sobre una entidad mercantil, sometida en su gestión al régimen jurídico propio de las empresas privadas, en el ámbito laboral, mercantil, fiscal y económico. Por ello, se cuestiona que la auditoría operativa determine una serie de indicadores de eficacia, eficiencia y economía, comparando a dicha entidad mercantil con instituciones públicas que están sujetas a régimen jurídico administrativo, cuando lo obvio sería comparar los resultados de gestión con los obtenidos por otras entidades homologables, otras concesiones administrativas, que presten asistencia integral en un departamento, o con hospitales de gestión privada”.

Además, desde Sanidad se cuestiona que “la Sindicatura no efectúe un análisis inicial más pormenorizado de las deficiencias contractuales que regulan la relación entre las partes y los problemas que ello conlleva”. En esta línea, Sanidad recuerda que “se afirma que la asunción con medios públicos de la asistencia sanitaria integral de la población protegida de las concesiones podría implicar un mayor gasto corriente. Todos los contratos de concesión nacen con el pretendido ahorro económico y la flexibilidad contractual que tiene la gestión a través de la empresa privada, el criterio de ahorro económico era el que sustentaba la filosofía de este modelo de gestión y del propio contrato de Torrevieja, que como mínimo tenía que ser del 85%. Por ello, entendemos que el informe de la Sindicatura debe entrar a valorar, de forma más contundente, si el contrato que vincula a las partes protege con criterios de eficacia y eficiencia el interés público que subyace en esta relación contractual”.

Por otro lado, la afirmación de la Sindicatura sobre el ahorro debe cuestionarse puesto que no ha considerado el impacto económico que representarían los acuerdos adoptados por las comisiones mixtas que, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, son vinculantes. “La aplicación de dichos acuerdos podría incluso invertir completamente el sentido del citado ahorro valorado por la Sindicatura”, añaden.

Falta de control

Desde Sanidad también se hace hincapié en que la Sindicatura de Cuentas revela que la fiscalización de los Gobiernos del PP a las concesiones sanitarias fue nula, y alerta del descontrol y que, como consecuencia, las concesiones han actuado libremente y ello ha llevado a realizar servicios no incluidos en la contratación, y es por ello, “que actualmente se están realizando inspecciones y controles más exhaustivos”.

Para el gerente del Departamento de Salud del Vinalopó, Ramón Navarro, “esta crítica no es achacable a la concesionaria. La función del control público es tarea de la Administración y debe ser realizada a través de la figura del Comisionado y de los órganos establecidos en el pliego como son las reuniones de comisión mixta.

Navarro ha explicado también que “el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha ejercido el control que ha considerado necesario, es la Administración quien debe dar explicaciones si alguien cree que el control ha sido insuficiente. La dirección del hospital ha estado siempre a entera disposición del gobierno, porque nuestra función es ofrecer la mejor atención sanitaria a nuestros pacientes independientemente del color político que gobierne”.

Por todo lo expuesto, concluye Sanidad, “consideramos que el contrato de gestión de la atención sanitaria integral del Departamento de Torrevieja, no es un instrumento jurídico eficaz para garantizar la evaluación y control periódico del desarrollo del servicio y para asegurar su ejecución pacífica; por ello, el impacto económico para las arcas de la Administración no puede ser el único argumento para mantener las concesiones bajo este paraguas contractual”.

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