Vuelve la receta por principio activo

El Plan de Acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud: medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos (EFG), que adelantó la semana pasada Correo Farmacéutico, publicación hermana de DM, ha causado revuelo. Lo aprobaron el Gobierno central y las autonomías el pasado 11 abril, 17 días antes de las elecciones generales, que quizá no era el momento más propicio; y lo hicieron sin darle publicidad, posiblemente conscientes de que varios de los agentes implicados iban a encajar con dificultad las medidas incluidas.

La Administración tiene que, y debe, velar por el mejor uso posible de los fondos públicos, también en el caso de la financiación de fármacos. Que, en ese contexto, hay que potenciar los medicamentos genéricos y biosimilares es lógico; sorprende el abandono (al suprimir la discriminación positiva en dispensación y no establecer diferencias en el precio) en el que se incurrió en el caso de los EFG, poniendo en riesgo la industria específica.

Reparto de las medidas

Y, sin entrar en detalles, que resultarán relevantes para la reforma legislativa correspondiente, es loable el interés por repartir las medidas preseleccionadas entre todos los agentes: industria farmacéutica innovadora, oficinas de farmacia y médicos. Para éstos se recoge la vuelta a la obligación de prescripción por principio activo, “exceptuando los medicamentos considerados como no sustituibles en la oficina de farmacia“, que estuvo vigente entre 2006 y 2012. Algo que, en general, y a falta de reacciones por especialidades, no parece que vaya a afectarles mucho. La Organización Médica Colegial (OMC) manifestó en 2011 (sobre medidas de selección de medicamentos de las administraciones) que “no deterioran la calidad de la asistencia, muy al contrario pueden generar, mediante la optimización del gasto farmacéutico, un ahorro económico que debería permitir atender otras necesidades asistenciales (…). Tampoco suponen (…) una vulneración de la libertad de prescripción y mucho menos un riesgo para la seguridad de los pacientes. Más bien parecen actos de responsabilidad administrativa muy necesarios que no merecen ningún reproche ético”. El Foro de la Profesión Médica. Propuestas para la sostenibilidad y mejora del sistema sanitario público (2011), del Colegio de Barcelona, concluyó que “es más fácil de recordar la molécula que se quiere prescribir que las marcas; se evitan errores de prescripción; se facilita la comunicación con la farmacia y pacientes extranjeros; se ajustan los precios al precio menor que regula la Administración, y se libera al médico de presiones comerciales”.

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