A estas alturas, nada de lo que cuenta Ignacio Fernández-Cid nos es ajeno. “Desde las residencias de ancianos se nos niegan derivaciones hospitalarias y medicación para combatir la pandemia. Pedimos retrovirales y nos mandan morfina y sedantes”, denuncia el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia (FED). La novedad está en que “es algo que está ocurriendo ahora. No hay que hablar en pasado”, insiste el que también es director general del Grupo Casablanca, con nueve centros.
Pero sorprende que esto siga ocurriendo ahora, cuando la cifra de fallecidos superaría las 11.300 personas, según la información dada por las autonomías y a la espera de un recuento oficial, que desde el Ministerio de Sanidad se viene anunciando, pero que no termina de conocerse.
"No hay recursos para nosotros, pero sí para abrir hoteles y destinarlos a hospitales de baja intensidad"
Para atajar el problema de manera más inmediata, el responsable de la FED pide al Gobierno que se hagan test a todos los trabajadores de las residencias y también a los internos. Ahora, según la última modificación del protocolo de Sanidad para los test rápidos, "ante un positivo en un centro de mayores, no hay que hacer más test y el protocolo es aislar según la sintomatología, pero ¿con qué criterios realizamos el aislamiento?", se pregunta el responsable.
También responde: "Por una sintomatología de tos, fiebre, diarrea... Pero, oiga, es que una persona con infección de orina puede dar fiebre y diarrea". En el momento actual, “la vía de contagio en las residencias llega por los trabajadores, pues los internos llevan semanas confinados en sus habitaciones, así que es necesario hacer test a todos”, concluye.
Asegura estar recibiendo las pruebas "solo para los sintomáticos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que resuelvan esto y los manden para todos? El tiempo tiene un coste de vidas humanas terribles, porque no se están haciendo las cosas bien", insiste.
Junto con la crítica a la situación actual, Fernández-Cid asegura que llevan "semanas proponiendo soluciones y nadie nos escucha". Su idea para por seleccionar unos cuantos centros privados y públicos a lo largo de todas España, según la realidad de cada territorio, para que se especialicen en pacientes con Covid-19. La respuesta que, según apunta, ha recibido desde el Gobierno es que “no hay recursos”.
La contestación no ha dejado satisfecho al gestor. "No hay recursos para nosotros, pero sí para abrir hoteles y destinarlos a hospitales de baja intensidad, cuando las residencias ya cuentan con servicios médicos y solo se necesitaría completarlos”. Conclusión del experto: “Entonces, lo de que los mayores son los primero no es verdad”.
El interlocutor oficial para responder a las propuestas de Ignacio Fernández-Cid es el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El pasado 24 de marzo, el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Iglesias explicó que estos centros estaban bajo su coordinación. "Nos enteramos por los medios de comunicación que él pasaba a coordinar las residencias. En este tiempo, no hemos tenido ningún conocimiento, ni ningún contacto de ningún tipo con el vicepresidente. No lo hemos vuelto a ver para nada. Ni nos ha dado ninguna instrucción, ni indicación, ni norma... No se ha reunido con el sector”, asegura el presidente de la FED.
“Se han negado derivaciones hospitalarias y medicación”
Al tiempo que el sector busca soluciones para poner fin a las muertes en estos centros, se empiezan a buscar responsabilidades de lo que se reconoce ya como una absoluta catástrofe. La Fiscalía General del Estado informó el pasado viernes de la apertura de 38 diligencias penales en residencias de todo el territorio nacional, con datos hasta el 15 de abril. Esta cifra solo es la punta del iceberg. Estas actuaciones han quedado en manos de las fiscalías autonómicas, con el compromiso de reportar la información al Ministerio Fiscal, encargado de actualizar en estos datos.
En el punto de mira de estas denuncias están los responsables directos de la gestión de estos centros, algo que Fernández-Cid asume. “Queremos que se ponga negro sobre blanco. Somos el eslabón más débil de la cadena. Los datos serán muy tozudos y durísimos y lo lógico es pensar: ¿qué han hecho estos de las residencias?”
La pregunta es sencilla y la respuesta, que da el experto, también: “Se han negado derivaciones hospitalarias y medicación”. Pero, ante el tamaño de la catástrofe, estas respuestas simples necesitan mayor detalle.
Llamadas en espera
“Nosotros hemos estado permanentemente llamando a los hospitales de referencia para que nos permitiesen hacer ingresos hospitalarios. Los médicos de los hospitales de referencia nos han negado esos ingresos, porque ellos han sacado unas guías de actuación que definen un perfil necesario para ser ingresado. Nuestros mayores no dan ese perfil”, dice Fernández-Cid.
En esta pandemia, los criterios de triaje han proliferado. La sociedad de médicos de las UCI (Semicyuc), el Comité de Bioética de España, la Organización Médica Colegial aprobaron sus prioridades de administración de unos recursos escasos. Al final, el Ministerio de Sanidad terminó publicando también los suyos con la intención de poner orden. Las “recomendaciones” de Sanidad fueron juzgadas por muchos como muy generales y que, además, llegaron tarde.
"Nosotros cuidamos a los mayores, no los curamos”
¿Cómo se está traduciendo la teoría a la práctica en la selección de pacientes? Pues el rostro más cruel de esta respuesta está en las residencias de ancianos. "Si el mayor que queríamos ingresar tenía algún tipo de deterioro cognitivo no ingresaba, con algún problema cardiaco o cancerígeno, tampoco ingresa. Nos dicen que debe tener una valoración superior al 70% en la escala de Barthel (un índice para medir la autonomía de una persona): si come solo, si deambula solo, si se viste solo... Si extrapolamos ese criterio al perfil medio de nuestros residentes, solo el 25% podría tener derecho a ser ingresado. De modo que el otro 75% está condenado a no recibir asistencia, cuando realmente tiene todo el derecho”, dice el presidente de la FED.
Esas negativas de ingreso explicarían que la mayoría de los ancianos terminaran falleciendo en las residencias, según los cálculos del experto "por encima del 80%". Insiste en el argumento: “Han muerto en los centros porque no nos han dejado derivarlos y aquí no tenemos para hacer radiografías, ni respiraderos... Nosotros cuidamos a los mayores, no los curamos".
Sobre la posibilidad de derivar a estos pacientes a hospitales privados, donde, como ha denunciado el presidente de la patronal ASPE, Carlos Rus, había camas libres en las UCI, responde que en su protocolo no cabe esa posibilidad. "El médico de la residencia llama al médico del hospital de referencia y, de colega a colega, se ha producido esa negación de ingreso porque el paciente no daba el perfil. Si el anciano tiene seguro privado, se acudía a un centro privado, de otro modo, no". Así es como actúan y deben actuar, pero la clave para la defensa es saber cómo se puede demostrar esas negativas de ingreso. "Muy fácil, todas estas conversaciones telefónicas están grabadas en los hospitales y esperemos que no se pierdan”, responde.
La última cuestión que detallar es saber por qué, además de negarse el ingreso, se negó la medicación, según asegura el directivo. "Mandan un tipo de medicación que no es la que ellos están utilizando en los hospitales. ¿Por qué ese mayor dependiente no tiene derecho a recibir esa medicación igual que el resto? A día de hoy no nos están mandando la hidroxicloroquina”, dice.
La última pregunta: ¿Por qué se ha decidido ahora a hablar con los medios de comunicación? ¿Para defender su versión de los hechos ante las denuncias presentadas?
Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, responde: "No, nosotros hemos estado siempre dispuestos a hablar, pero los medios de comunicación al principio no se interesaron por lo que ocurría en las residencias. Fue a partir del escándalo del centro Monte Hermoso, en Madrid, que creció el interés en conocer qué estaba pasando en las residencias”.
Una generación entera está siendo sacrificada y esta sociedad tendrá que explicar por qué no ha protegido a los más vulnerables.
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