El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) se ha cansado de esperar las promesas del Gobierno y hoy ha decidido emitir un comunicado, que esta mañana su presidenta, Cinta Pascual, ha leído a los medios. El mensaje principal es que el Gobierno tome realmente el control sanitario de las 385.000 plazas de residencia que existen en España, como establece la Orden SND/322/2020, de 3 de abril, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado. Y que se cree un circuito único de información, evitando duplicidades: "Necesitamos saber cuántos Covid-19 tenemos para poder aislar residentes y derivar, en su caso, a los hospitales", ha explicado.
De hecho, la mejor noticia que podría escuchar es que Salvador Illa, ministro de Sanidad, comunicara hoy que ya llega todo el equipo de protección individual (EPI) a estos centros. "Nosotros hicimos una compra, luchamos por que pasara las aduanas, y no ha llegado", se ha lamentado. Pascual ha subrayado que estamos ante una crisis sanitaria, no social, y, por tanto, necesitan que sus centros sean medicalizados y puedan contar con médicos y enfermeros: "Está muy bien las desinfecciones, y que no paren", ha sostenido Pascual en referencia a que sobre todo necesitan profesionales sanitarios en los centros. "Nuestras personas son las que más complicaciones pueden tener para superar una neumonía. Aparte, el 60-70% tienen demencia o han sufrido ictus y se encuentra en sillas de ruedas".
Pascual ha indicado, por tanto la necesidad de que los residentes formen parte del Sistema Nacional de Salud: "Deben tener los mismos derechos que el resto" y ha admitido que "sí se está discriminando a las personas mayores: "Nuestros mayores tienen fiebre y tosen todo el año, antes ya del Covid-19, y necesitamos que se les hagan los test de diagnóstico".
Tres días para recibir oxígeno
Fuera del papel, la realidad que ha dibujado Pascual es que las residencias, "por definición, no disponemos de oxígeno, y cuando llamamos al 061 han llegado a tardar en ocasiones hasta tres días. Otras veces, solo horas".
Sobre el personal que atiende en las residencias, Pascual ha indicado que "nos ha costado 15 días que nuestros profesionales sean reconocidos de nivel 1. Miles de ellos están en sus casas, sin el test de diagnóstico realizado, ansiosos por saber si pueden incorporarse, porque sus manos son esenciales". A su vez, ha lamentado que estén trabajando con bolsas de basura a modo de EPI y con mascarillas caseras.
La Orden SND/322/2020, de 3 de abril, que modifica dos anteriores (del 23 y 26 de marzo), establece que "las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán cumplimentar y remitir al Ministerio de Sanidad la información contenida en el anexo, en relación con los centros de servicios sociales de carácter residencial existentes en su territorio. Dicha información será remitida por primera vez antes del día 8 de abril de 2020 y será actualizada desde entonces cada martes y viernes antes de las 21 horas".
A su vez, hace hincapié en que "la autoridad competente deberá priorizar la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y del personal que presta servicio en los mismos, así como la disponibilidad de equipos de protección individual para ambos colectivos"; se refiere también a medidas de intervención como "alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otros centros residenciales, con independencia de su carácter público o privado".
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