Todo es nuevo con este coronavirus SARS-CoV-2 desconocido, del que aprendemos a marchas forzadas y bajo la amenaza de que mute a peor. Es decir, que no hay librillos específicos ni maestrillos. Por eso, el principio de prudencia en el desescalaje de medidas para hacerle frente (reducción progresiva de las condiciones del Estado de Alarma hasta alcanzar la plena normalidad de la vida privada y pública) debería regir toda decisión en el Gobierno que, por medio de la declaración del Estado de Alarma, ha acaparado el máximo poder y, por tanto, la máxima responsabilidad.
A partir de mañana lunes (martes en algunas comunidades) el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sigue vigente, incluyendo la autorización del “desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial”.
¿Es prematuro? Lo parece, tanto como decir lo contrario, porque, ¿en qué datos nos basamos? El acceso a test de diagnóstico rápido y PCR no es masivo, por lo que no sabemos si entre todos los que saldrán de nuevo a la calle hay muchos o pocos asintomáticos con capacidad de contagiar (se cree que suponen el 30% del total de infectados). ¿En qué recursos nos basamos? Si sigue sin haber suficiente material de protección individual para los sanitarios, fuerzas de seguridad, infectados identificados y residentes y trabajadores de residencias de ancianos, no parece que lo vaya a haber para todos los que salgan ahora a trabajar, por más que se repartan mascarillas en el transporte público (10.000 dice el Gobierno que podrá repartir a partir); y tampoco hay, que sepamos, un registro que avale que todas las empresas (el 100%) cuentan con planes, recursos y mecanismos de control para garantizar la seguridad a sus empleados.
La falta de evidencias necesarias hace que cualquier medida se tome de acuerdo con suposiciones, algo totalmente contrario a la medicina, la epidemiología, la salud púbica y la buena acción de gobierno, tan necesaria siempre pero más ahora.
Sólo tenemos dos certezas: la de los muertos reconocidos oficialmente en nuestro país (a fecha de hoy), que no los reales, que serán muchos más: 16.972 personas; y la de la capacidad finita del sistema sanitario de asumir pacientes en UCI y con respiradores, por lo que evitar una segunda oleada de la pandemia debe ser el objetivo prioritario ahora.
Romper el confinamiento total parece que no cuenta con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Ministros y Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su alocución del pasado 10 de abril, manifestó, ante el hecho de que algunos países ya estén planificando la salida gradual del confinamiento domiciliario: “La OMS desea, igual que todos, el levantamiento de las restricciones. Al mismo tiempo, levantar las restricciones demasiado pronto podría provocar un rebrote mortal. La bajada puede ser tan peligrosa como la subida si no se gestiona debidamente. (…) Factores importantes que deben tenerse en cuenta: primero, que la transmisión esté controlada; segundo, que existan suficientes servicios médicos y de salud pública; tercero, que los riesgos de brotes en entornos especiales, como los servicios de atención crónica, se reduzcan al mínimo; cuarto, que se disponga de medidas de prevención en los lugares de trabajo, las escuelas y otros lugares a los que es imprescindible ir; quinto, que puedan gestionarse los riesgos de importación, y sexto -y no puedo dejar de insistir en este punto-, que las comunidades sean perfectamente conscientes de la situación y colaboren en la transición”.
La decisión de romper con el confinamiento total de la población, en estas condiciones, no ha debido de ser fácil para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su núcleo de colaboradores para esta crisis, porque, por un lado, está la supervivencia y la salud individual de todos los ciudadanos y, por el otro, el bienestar actual y futuro colectivo, de toda la población.
No se puede tener el país paralizado demasiado tiempo porque, después de la pandemia, puede venir una depresión económica de magnitud mayor aún que la que se inició en 2008.
Es decir, que la vuelta a la normalidad debe ser una labor de microcirugía que reseque el tumor creado por el SARS-CoV-2 pero que preserve al máximo tejidos y órganos sociales y económicos sanos.
Hay un refrán popular que aconseja no apresurarse cuando uno tiene mucha prisa por hacer algo y que se ajusta muy bien a lo hay que exigir ahora a Sánchez y su equipo: “Vísteme despacio que tengo prisa”.
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