El próximo 15 de noviembre está previsto que se reúna la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, en el Consejo Interterritorial. En el orden del día provisional figuran 27 puntos, en los que no está la sanidad penitenciaria.
Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial, apunta disgustada este hecho, pues reconoce que la situación de los sanitarios que trabajan en las cárceles es insostenible. Hoyos señala que hace diez días desde la vocalía que preside en la OMC y con el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP) se envío una carta a la titular de Sanidad solicitando que en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial del SNS se incluyera el abordaje de la transferencia de la Sanidad Penitenciaria.
En el próximo año y medio se jubilará el 80 por ciento de los médicos que están en ejercicio en prisiones
En mayo de este año, esta reivindicación fue firmada por las asociaciones científicas, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de paciente más relevantes, como anunciamos en diariomedico.com. “Entonces, pedimos a la ministra Dolors Montserrat que incluyera las transferencias de la sanidad penitenciaria a las autonomías, dentro de Interterritorial, monográfico de financiación, que se estaba preparando”, apunta Hoyos.
La médico penitenciaria apunta que el drama de este colectivo pasa porque las administraciones autonómicas asuman las competencia, algo que está previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y “se incumple reiteradamante”.
“En el próximo año y medio se jubilará el 80 por ciento de los médicos que están en ejercicio en prisiones. El reemplazo de este colectivo es muy complicado porque, entre otras cosas, cobramos un 35 por ciento menos que el médico de Atención Primaria. Esta realidad no ocurre en Cataluña ni en el País Vasco donde están transferidas estas competencias y los sueldos están equiparados, de modo que el médico de prisiones cobra igual que el del resto del sistema de salud autonómico incluso más por los plus de riesgos asociados al puesto”, detalla Hoyos.
La responsable de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria asegura que se está poniendo en peligro derechos fundamentales por la falta de asistencia médica. “En la actualidad hay centros donde solo se da una asistencia de urgencia”, concluye.
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