Los médicos se ‘fugan’ de las prisiones

Las plazas de médicos de sanidad penitenciaria de Instituciones Penitenciarias (Ministerio de Interior) no se cubren. En 2018, se anunciaron 15 plazas para interinos, de las que solo se ocuparon 2 y el 1 de febrero de este año se convocaron 35 plazas en la oposición al cuerpo de facultativos y, cerrado el plazo para presentar las solicitudes, había 17 contabilizadas. Con fecha de 13 de diciembre de 2018, existían 184 vacantes de médicos de prisiones de Instituciones Penitenciarias, de un total de 491 plazas. Entre 2008 y 2017 se han perdido 125 puestos de estos funcionarios; 58 de estas bajas se han producido por excedencia voluntaria o cambio de servicio dentro de la Administración (consultar editorial de la edición impresa).

“Hablar de sanidad penitenciaria crea problemas y un poco de rechazo. Me gustaría decir que goza de muy buena salud, pero no es así. Si no se actúa de manera rápida, a muy corto plazo se acabará y resulta difícil entender cómo hemos llegado a esta situación”. José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), hizo esta reflexión durante la jornada organizada por la Coordinadora Estatal de Sanidad Penitenciaria (Cesida), para hablar sobre el momento que vive esta atención.

Después del sida y la hepatitis C, le toca el turno a la salud mental

El tratamiento con retrovirales ha obrado milagros en el abordaje del sida dentro de las prisiones. El VIH y el VHC, que alcanzaron categoría de epidemia dentro de las cárceles en los años noventa, han descendido de manera asombrosa. Andrés Marco, coordinador de enfermedades infecciosas del Programa Salud Penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud, reconoce este avance, si bien advierte que la prevalencia de estas patologías en prisión está por encima del de la población en general. “En el caso del VIH hemos descendido a niveles del 5 por ciento de prevalencia, pero fuera de la cárcel este porcentaje está en el 0,3”. Así que Marcos insiste en alejarnos de triunfalismo y seguir invirtiendo en el tratamiento a este colectivo.
Despejado el camino para el abordaje con éxito del sida y de la hepatitis C, la patología mental aparece como el gran problema sanitario de la población reclusa. José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), confirma este hecho: “Las patologías mentales son más prevalentes que las infecciosas, aunque estas siempre van a estar ahí. Pero hoy por hoy el gran problema es la salud mental”.
Hay dos psiquiátricos penitenciarios en España, en Sevilla y en Alicante. “Son insuficientes para tratar a todos los enfermos, así que se habilitan módulo terapéuticos en los centros para tratar a estos reclusos”, apunta Antón Basanta.
En relación a la prevalencia de la enfermedad mental entre los presos hay pocos datos fiables. Así lo reconoce, José Antonio Martín, coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la SESP, que cifra entre 14.000 y 15.000 los reclusos que necesitan alguna intervención desde el punto de vista psiquiátrico. La población total penitenciaria está por encima de las 59.000 personas, 50.729 en territorio dependiente del Ministerio de Interior; y 8.367, de la Generalitat catalana. Sin embargo, Javier Vilalta, de la asociación Àmbit, apuntan a que la patología mental estaría en más del 40 por ciento de los reclusos.
José Carlos Fuertes Rocañín, médico psiquiatra, ha recopilado los fallecidos en las prisiones dependientes del Ministerio de Interior desde principio de año hasta el 1 de marzo: “Ha habido 50 fallecidos, 13 de los cuáles se han suicidado, han aparecido ahorcados, no incluimos en esta cifra la muerte por sobredosis”.

En el mismo foro, Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC) ilustró con datos el abandono en el que se encuentran estos profesionales: “En el próximo año y medio se jubilará el 80 por ciento de estos facultativos”. Entonces, ¿qué ocurre en las prisiones cuando no hay médicos? “Los enfermeros están asumiendo este trabajo”, resolvió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Penitenciario de Picassent en Valencia es el más grande de Europa, con 1.329 celdas y 2.500 internos. Javier Vilalta, director de la asociación Àmbit, conoce bien la prisión porque trabaja con un equipo de personas en la reinserción de los presos. “En Picassent hay asignadas 21 plazas de facultativos, pero desde junio del año pasado sólo hay ocho médicos y dos de ellos están de baja. Así que están trabajando cinco médicos y la subdirectora”, asegura Vilalta; a lo que Hoyos apostilla que “este verano se jubilan cuatro facultativos de Picassent”. Pero este panorama se repite en otras cárceles: “Ocaña II, Algeciras, Navalcarnero, Dueñas… Solo se está dando un atención de urgencia”.

El médico de prisiones es un facultativo con la especialidad de Medicina de Familia o Medicina Interna. En las primeras 24 horas desde el primer ingreso, el procesado debe pasar una revisión médica en la que valoren su estado de salud, que incluye el aspecto mental. Esta primera atención es un derecho del interno y, además, una necesidad desde el punto de vista de salud pública. Hay que detectar con tiempo una posible enfermedad contagiosa o desequilibrio mental. La falta de sanitarios está poniendo en peligro esa primera atención.

Pero, ¿de qué huye el médico de prisiones o por qué no resultan atractivas estas plazas? Hoyos lo explica con claridad: “Ganamos 1.450 euros brutos mensuales menos sin guardias que nuestros homólogos en Atención Primaria de cualquier servicio de salud”. La profesional, que es facultativa en un centro penitenciario de Cáceres, reconoce que cobra 200 euros más que si estuviera jubilada, y admite que se mantiene en activo para seguir batallando por la mejora de las condiciones de este colectivo. Su colega Antón Basanta lamenta: “Se nos ha cercenado la formación, la investigación, la carrera profesional…”.

La petición fundamental de estos médicos es que el Gobierno cumpla con lo que establece la Disposición Adicional de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que daba un plazo de 18 meses para transferir a los servicios de salud autonómicos las competencias de sanidad penitenciaria, dependientes del Ministerio de Interior. El mandato legal lleva un retraso de 15 años en la mayor parte del territorio nacional. Solo se ha cumplido en el País Vasco, donde desde 2011 los sanitarios de prisiones dependen de Osakidetza, y en Cataluña, que en octubre de 2014 pasaron a depender del Instituto Catalán de la Salud.

Los motivos que están detrás de este incumplimiento legal son económicos. La atención sanitaria a los presos es costosa y sostener a los profesionales dependientes de Instituciones Penitenciarias también. Además, hay una deuda histórica del Ministerio de Interior con las comunidades autónomas por las distintas partidas sanitarias asociadas a esta atención y sobre las que el Tribunal Supremo ha llegado a poner orden con dos sentencias, dictadas hace quince días. El Supremo ha dejado claro que es el Ministerio de Interior el que debe pagar la factura de la atención hospitalaria al preso.

“La sentencia obliga a replantearse la negociación en las transferencias”, afirmó Carmen Martínez Aznar, subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Interior, que aceptó la invitación de Cesida a su jornada donde dejó algunas aseveraciones para la reflexión. Según ha podido saber, DIARIO MÉDICO, el Gobierno está haciendo cuentas para conocer a cuánto asciende este coste hospitalario por autonomías.

La responsable aseguró que la transferencia de estas competencias “es el camino a seguir, sin duda”. Pero en este proceso, adelantó la necesidad de avanzar en las teleconsultas y telecomunicaciones e “incluir algún tipo de reestructuración”. En definitiva, Martínez Aznar reconoce que “en algún momento, de cara al futuro, hay que replantearse revisar las RPTs (relación de puestos de trabajo), hay que valorar los recursos”.

Con las Cortes disueltas y a pocas semanas del comienzo de la campaña electoral fue difícil hablar de actuaciones realistas para la responsable política, pero tampoco parece que los partidos tengan interés en prometer nada en relación a la atención sanitaria a los presos. En la jornada de Cesida había una mesa de debate prevista con representantes de los principales partidos políticos pero no se pudo celebrar porque, según afirmaron desde la organización, solo confirmó la asistencia la coalición de Unidos Podemos.

En todo caso, la petición de los médicos es clara en su insistencia en depender de un servicio sanitario. Sin embargo, desde una perspectiva global, poniendo en el centro del sistema al paciente, es dudoso que estas transferencias solucionen todos los problemas. De manera pragmática, Vilalta, de la asociación Àmbit, responde: “Si no hay transferencias, entonces que el Ministerio de Interior asuma sus competencias. Lo importante es que se atienda a las personas”.

En todo caso, los profesionales coinciden en señalar la Ley de Cohesión de 2003, como el comienzo de los males de una atención hasta ese momento ejemplar. El incumplimiento reiterado de la ley ha dejado a la sanidad penitenciaria en un limbo.

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