Hay preocupación por los efectos económicos que supondrá la pandemia de coronavirus en el sector de la sanidad privada. Un sector que "se ve obligado a mantener la actividad sin tener actividad", en palabras de Carlos Rus, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
Se considera que todos los centros sanitarios dan servicios esenciales y que, como tal, no pueden cesar su actividad. En la práctica, según las fuentes consultadas, muchas clínicas y centros pequeños han cerrado al público aunque mantienen una línea abierta por si hay una urgencia.
Y esto afecta especialmente a los médicos autónomos, que dependen únicamente de su actividad privada y sin embargo no se pueden beneficiar de las medidas contempladas por el Gobierno, según denuncia la Organización Médica Colegial (OMC).
Quitando en los centros de carácter hospitalario y en particular los que tienen atención en Urgencias y en UCI, que ayudan en la lucha contra el coronavirus, "lo cierto es que ha habido una caída de la actividad de cerca del 100% en muchos casos", expone Rus.
El grueso de la actividad de estos profesionales depende en muchos casos de las aseguradoras. Y la población con una póliza "tiene derecho a mantener su atención sanitaria, telefónica o presencial, porque lo que hoy puede ser demorable mañana puede ser urgente", explica a DM Manuel Carmona, vocal de Médicos de Ejercicio Privado de la OMC.
Todo esto ha implicado al final una caída en picado de los ingresos, mientras se mantienen gastos como los del local, el pago de impuestos como la cuota de autónonomos o los salarios del personal.
Y sin embargo, como servicios esenciales, denuncian los profesionales, no se pueden acoger al grueso de medidas sociales y laborales que el Gobierno ha puesto en marcha.
ASPE señala que muchos centros sufren problemas de liquidez y que muchos no van a poder hacer frente a pagos corrientes este mes de abril. La patronal ha pedido medidas como la exención de impuestos (Seguridad Social, retenciones de IRPF, etc.) y líneas de financiación y liquidez, además de que todos lo materiales necesarios para la atención sanitaria tengan un IVA superreducido.
La OMC ha enviado una carta tanto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la ministra de Economía, han pedido que se regule, "sin diferencia alguna, que los médicos autónomos puedan acogerse a todas las medidas dictadas para colectivos afectados por el estado de alerta, y fuerza mayor, con cese de actividad, como ERTE, ayudas, subvenciones, líneas de financiación, etc., en igualdad de condiciones que el resto de las empresas, pymes y particulares”.
Como la actividad sanitaria no quedó inmediatamente suspendida con el estado de alarma, no habría ni siquiera garantías de que un autónomo pudiera pedir la prestación extraordinaria ante la disminución del 75% de sus ingresos habituales, indica Carmona, "quedando a criterio de la autoridad laboral".
Según ASPE, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a estudiar las medidas fiscales y económicas a aplicar “entendiendo la urgencia que la falta de liquidez puede ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando en el marco de esta situación de crisis”.
Negociación con aseguradoras y clínicas
En paralelo a las posibles medidas que pueda poner en marcha el Gobierno central, los médicos autónomos están buscando promover una negociación dentro del sector.
En concreto, se está promoviendo una mesa conjunta entre la Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel), ASPE como patronal de las clínicas privadas y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) como representante de estas empresas.
"Entendemos que debe haber un reparto equitativo de los costes de la crisis entre profesionales, centros sanitarios y compañías aseguradoras, negociado entre sus representantes, con el arbitrio de la OMC o del Gobierno", explica Carmona.
Según Unipromel, que ya contactado con distintas aseguradoras, dado que éstas siguen cobrando las pólizas de seguro a sus clientes, deberían pagar a los profesionales unos honorarios mensuales equivalentes al importe medio recibido por cada facultativo durante el mismo periodo en 2019.
En esencia, el objetivo es repartir los costes entre los agentes implicados y evitar el cese masivo de la actividad de los médicos autónomos.
La organización alega que hay un grave desequilibrio sobrevenido en las obligaciones contractuales de las partes, calificando de "enriquecimiento injusto", considerando que las aseguradoras mantienen ingresos y se ahorran gastos.
"Hay algunas aseguradoras que por su cuenta están ofreciendo acuerdos con los sanitarios, pero entendemos que tiene que haber un acuerdo nacional y abierto, o esto sólo beneficiará a unos pocos", opina Rus.
No obstante, a preguntas de DM, Unespa ha señalado que “corresponde a cada aseguradora negociar individualmente con sus proveedores los términos de servicio. Unespa no forma parte de esas conversaciones. Esto no obsta para que desde la asociación se reconozca que los hospitales y clínicas privadas son una parte esencial del seguro de salud y que su actuación está siendo y ha sido siempre excelente”.
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