El sistema sanitario actual no es fuerte en la detección precoz y prevención de los riesgos que amenazan la seguridad y salud, como se ha visto a raíz de esta pandemia por coronavirus. Espera a que llegue la enfermedad para tratarla en lugar de invertir en desarrollar condiciones seguras para los trabajadores.
“Se trata de un modelo preventivo que debería ser proactivo, creado para anticiparse a los riesgos, y no solo un sistema reactivo y obsoleto”, denuncia un comunicado de la Asociación Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET).
Ineficacia del sistema
Desde la AET se lleva denunciando la ineficacia de este sistema desde 2015, en especial en el sector público, donde se usan modelos restrictivos para no incorporar especialistas en Enfermería del Trabajo.
"A pesar de que según el Real Decreto 843/2011 de 17 de junio -donde se establecen los criterios básicos sobre organización de los recursos para el desarrollo de la actividad sanitaria en los servicios de prevención- las Unidades Básicas de Salud (UBS) se dotarán de enfermeros especialistas en Enfermería del Trabajo”, explica el comunicado de la AET.
Cuando salió la junta directiva de la AET de 2015 se vio que los sanitarios en general tenían una mala prevención de riesgos laborales y que era escasa o deficiente la vigilancia de la salud de los trabajadores hospitalarios, tanto en la pública como en la privada.
"Es cierto que hay hospitales con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales bien estructurado y dotado, lo cual se nota en la prevención y vigilancia de la salud de sus trabajadores, pero hay otros centros en los que este departamento brilla por su ausencia, sin profesionales cualificados y sin contenido real”, lamenta Araceli Santos, presidente de la AET.
Recuerda que en los hospitales donde el Servicio de Prevención está ausente, "los trabajadores no saben cómo protegerse ni tienen formación ni información de calidad en cuanto a prevención de riesgos para su salud”, señala.
Ahora, con esta pandemia, Santos dice que se ha visto que no había EPI adecuados ni suficientes, “y ello es culpa de que a la mayoría de los servicios de prevención no se les ha dado la importancia que tienen”.
La presidente de la AET confía, no obstante, en que el Servicio de Riesgos Laborales salga reforzado de esta crisis sanitaria “y se convierta en el departamento estrella en cuanto al cuidado de los trabajadores de los hospitales”.
Participación activa de Enfermería
El texto también recoge que las epidemias deben abordarse mirando a la colectividad como objetivo sin olvidar la salud individual.
“Consideramos que el plan de los cuidados se debe dirigir, gestionar y aplicar por enfermeros, y exigimos una participación activa de especialistas en Enfermería del Trabajo en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en instituciones, empresas, centros y lugares de trabajo, afectados o no por esta crisis”, explica Santos.
Añade que Enfermería debería estar en la línea decisoria, y no en la sombra como ocurre ahora.
“Precisamente por ello, en esta situación de crisis de salud pública sin precedentes, están fallando muchas cosas, como la falta de EPI, y se está viendo que los ratios de enfermera-paciente no son los adecuados, como ya veníamos denunciando”, dice.
Además, la presidenta de AET recuerda que si disminuye el número de enfermeras también lo hacen los cuidados, y por ende la organización.
“Las pocas enfermeras que hay en estos momentos solo apagan fuegos, pero no pueden planificar ni organizar los cuidados”.
Acciones legales
Por otro lado, la AET informa a todos los trabajadores contagiados en estas condiciones laborales que pueden emprender acciones legales en reparación de su salud física, emocional y mental.
Para ello recuerda el artículo 316 del Código Penal: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
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