Las comparaciones son inevitables. Tanto las residencias de ancianos como los centros penitenciarios son instituciones cerradas con internos de salud delicada, especialmente vulnerables. Pero mientras los primeros acumulan el escándalo de más de 11.000 muertos -una cifra estimada a partir de los datos aportados por comunidades autónomas- en los segundos la expansión del virus está contenida.
Según los últimos datos que la secretaría general de Instituciones penitenciarias actualiza cada miércoles, ha habido dos fallecidos, una interna y un funcionario de prisiones, y 236 casos positivos, confirmados con prueba PCR, 207 son trabajadores de prisiones y 29 internos. Mientras 800 trabajadores y 390 reclusos permanecen en cuarentena. La pregunta es ¿hasta cuándo se va a poder mantener esta situación?
Pedro Antonio Martínez, médico de la prisión de Ocaña II, en Toledo, y coordinador nacional del sindicato CESM-Prisiones, cree que es necesario realizar test a todos los trabajadores de prisiones, funcionarios y personal sanitario, para conocer los casos asintomáticos. "En una institución cerrada la vía de contagio en estos momentos somos el personal externo". Martínez permanece activo en su servicio y asegura ver entre 50 y 60 reclusos al día. "No me han hecho las pruebas, no sé si soy un caso asintomático, que pueda estar contagiando".
El facultativo afirma que "la situación en las prisiones, sin ser alarmante, es preocupante, sobre todo en Estremera. Pero es muy importante tomar esas medidas de prevención, ahora, antes de que sea alarmante". El centro penitenciario de Madrid VII, en Estremera, tiene 18 casos confirmados de reclusos con positivo en Covid-19, tres de ellos están hospitalizados y uno en la UCI. Además, habría más de 100 internos en cuarentena, un dato que no aparece en los oficiales. "Esto ocurre, las cifras que ofrece Instituciones Penitenciarias a veces no coincide con la realidad de cada centro. En Ocaña II, donde trabajo, los datos oficiales apuntan a 4 trabajadores con Covid-19, cuando son siete", dice Martínez.
Las medidas prementivas pasan por hacer el test a todos los funcionarios y sanitarios de estos centros y adoptar otras medidas de distanciamiento entre reclusos. "Desde CESM-prisiones publicamos un protocolo de actuación en el que aconsejamos, por ejemplo, realizar varios turnos de comidas para mantener la distancia mínima de un metro que recomienda Sanidad y permitir a los reclusos permanecer en sus celdas. Pero algunos centros los están cumpliendo y otros no".
Tres días antes de decretarse el Estado de Alarma, el Ministerio de Interior prohibió las visitas y las salidas a las prisiones. Son 66 centros penitenciarios y alrededor de 50.000 reclusos los que dependen de Instituciones Penitenciarias. Por ese motivo, el representante de CESM-Prisiones insiste en la necesidad tomarse medidas antes de que el virus llegue a las prisiones, "porque va a llegar".
Martínez afirma que el objetivo es retrasar la entrada del Covid-19 a las prisiones, para que cuando suceda al sistema sanitario no se encuentre colapsado. "Esto va a llegar, pero es necesario evitarlo ahora, que es la fase aguda. En las prisiones no hay nadie inmune que pueda actuar como barrera en la propagación del virus y por eso es tan importante imponer medidas preventivas".
Desde Instituciones Penitenciarias reconocen esa necesidad. Entonces, ¿por que no se hacen los test? Son las comunidades autónomas las que deben tomar esa decisión y dar prioridad a los trabajadores de estos centros y, por ahora, no lo están haciendo. Carmen Martínez Aznar, subdirectora General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, y Ángel Luis Ortíz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, enviaron una carta a la Dirección de Salud Pública de cada comunidad autónoma, pidiéndole esa prioridad para los trabajadores de prisiones.
La misiva, con fecha del 13 de abril, señala: "Os rogamos que se facilite a los centros penitenciarios sitios en vuestra comunidad autónoma el material necesario para la toma de muestras para la realización de PCR". Otro párrafo recoge "con relación al personal penitenciario sanitario y no sanitario que trabaja en los establecimientos de esta comunidad [...] es absolutamente necesario que, por la red sanitaria, se realicen tanto PCR como test rápidos serológicos".
Además, desde instituciones penitenciarias reconocen que los reclusos son una población especialmente "vulnerable". Añaden: "De alto riesgo con múltiples patologías y alta prevalencia de múltiples enfermedades (enfermedades infecciosas, tuberculosis, inmunodeprimidos, diabéticos, hipertensos, etcétera)".
Los trabajadores de estos centros han conocido la existencia de la carta el pasado 16 de abril. La preguntan que se hacen ahora es ¿cómo tienen que reclamar esos test? Martínez que coordina el sindicato CESM a nivel estatal admite no tener conocimiento de que esta orden de Interior se esté cumpliendo en ninguna comunidad autónoma. Es decir, que de manera protocolaría se están haciendo test a todo el personal que trabaje en prisiones, con síntomas o sin ellos.
Instituciones Penitenciarias ha enviado una carta a las comunidades autónomas para que hagan test PCR y serológicos a trabajadores y recluso por ser "población de alto riesgo". Pero no se están haciendo. coronavirus Off Soledad Valle Política y Normativa Política y Normativa Política y Normativa Off
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