La magistrada Ferrer defiende la publicidad de los juicios

La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García ha asegurado que una “mayor transparencia en el desarrollo” de los procesos judiciales reduciría “el riesgo” de que “el estado de opinión que se pueda generar” influya en la independencia de los jueces y magistrados. Ferrer García ha abordado este asunto en el encuentro La justicia tiene solución, que se está celebrando estos días en los cursos de verano de  la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el que se tratarán cuestiones como el derecho de defensa o la organización judicial.

La magistrada del Tribunal Supremo, que ha participado el juicio del ‘procés’ y en la revisión de las sentencias de la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra en el caso de La Manada, ha repasado los derechos que se ven afectados o influidos por el principio de publicidad de los actos procesales, que establece que puedan ser presenciados o conocidos por quienes no participan en ellos.

La magistrada, que se ha declarado “defensora del jurado popular”, aunque sus componentes sean “legos en derecho”

Entre esos derechos, ha citado los referidos a la libertad de expresión, al propio éxito de la investigación, a la intimidad de la víctima, al honor de los imputados o a la seguridad de las partes.

Otras intervenciones en la UIMP

“La estabilidad laboral del investigador nos preocupa muchísimo”

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, en el día de arranque oficial de los cursos de verano de la UIMP 2019.

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Ha hablado, además, de la relación que se establece entre las cabeceras de prensa y los órganos jurisdiccionales, agentes que, a su juicio, se mueven “con parámetros diferentes”; y se ha preguntado “hasta qué punto un tribunal se puede ver afectado en su capacidad de valoración y en su imparcialidad por el estado de opinión que respecto al tema objeto de juicio se pueda crear a través de los medios de comunicación”.

Aun así, ha defendido que “la existencia de medidas prohibitivas o sancionadoras” para las publicaciones que “emitan información” de carácter judicial no es “una solución aplicable” a ese conflicto, cuya adecuada resolución lo que requiere es “un esfuerzo de todos los implicados”.

Ferrer García ha insistido en la necesidad de que los periodistas “entren a las salas” y ha puesto como ejemplo la cobertura mediática que se hizo del juicio del ‘procés’ y su retransmisión en directo. “A mí me parece que ha sido un ejercicio muy positivo para devolver la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones”, ha subrayado, al mismo tiempo que ha destacado su “apuesta por ese tipo de publicidad, siempre que sea posible y que se respeten los derechos” a los que ya había aludido.

Por otro lado, ha prevenido a los asistentes al encuentro del “punto de responsabilidad” que ostentan los jueces y magistrados. “Sabedores como somos de la trascendencia que pueden tener nuestros procesos o nuestras resoluciones, no está de más tener un cierto cuidado en tratar de no interferir en momentos políticos que pueden ser relevantes”, ha opinado.

Todos ellos han apostado por la necesidad de trasladar a la sociedad una información veraz sobre los procesos judiciales, porque, según ha enfatizado la magistrada Ferrer, los juicios deben ser públicos porque la publicidad debe ser una garantía para los derechos de las víctimas, la libertad de expresión, el derecho a ser informados y a un juicio justo.

“La prensa tiene que acatar las resoluciones judiciales, pero no tiene por qué aclamarlas”, ha opinado Ferrer, para quien la existencia de juicios paralelos en casos muy mediáticos que trascienden de programas informativos a otros divulgativos e, incluso, a algunos de “dudoso gusto”, en su opinión, no han llevado a dictar sentencias en la que la imparcialidad de los jueces se haya visto afectada.

“Tenemos resortes que garantizan la imparcialidad incluso en los juicios que se sustentan ante el tribunal del Jurado“, ha subrayado la magistrada, que se ha declarado “defensora del jurado popular”, aunque sus componentes sean “legos en derecho”.

Compartiendo mesa con la magistrada estuvieron Fernando Garea, director de la Agencia EFE, y el abogado Pedro Apalategui.

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