El Ministerio de Sanidad del PSOE cumplió una de las demandas reiteradas de los profesionales de atención primaria: abordar la difícil situación del primer nivel en un Consejo Interterritorial monográfico. Esto se cumplió después de meses de trabajo previo, en los que Sanidad organizó varios grupos de trabajo (Administración por un lado, profesionales por otro y sociedad civil como tercera pata) para definir el marco estratégico de atención primaria hasta 2030.
El plan, concluido en abril, ponía sobre la mesa medidas como garantizar que las demandas de atención no urgente se atiendan en menos de 48 horas; aumentar el número de plazas para formación MIR en primaria; revisar los criterios de normalización de la agenda y permitir que se adapte en función de las actividades de gestión, tutoría e investigación o lograr que los cupos sean de hasta 1.500 pacientes en el caso de los médicos de Familia y 1.000 en Pediatría.
Pero lo que podía suponer un gran paso para la atención primaria tuvo una conclusión agridulce, pues se mezclaron las típicas dificultades de la negociación de un plan tan ambicioso con las circunstancias políticas.
Y es que la convocatoria de las elecciones generales en abril, semanas antes del susodicho Interterritorial, propició que todos los consejeros del Partido Popular decidieran no dar su apoyo formal a la estrategia. ¿Sus argumentos? Además del tufo electoralista, alegaban que no había suficiente consenso profesional y que faltaba una memoria económica.
Quejas de los profesionales
Y es el que proyecto tampoco terminaba de contentar a los médicos. No sólo porque efectivamente no concretaba nada del gasto (Sanidad siempre ha argumentado que eso deben hacerlo las autonomías), sino que también se cuestionaban los plazos de medidas como evitar la demora (irrealista plantearlo para 2019) o para ajustar cupos (el plazo de 2022 queda muy lejano). Tampoco se abordaba bien la falta de atractivo del trabajo en primaria, dando más papel a otros colectivos. Incluso los dos coordinadores de la estrategia decidieron dimitir, sin que trascendieran los motivos.
De momento, las únicas medidas visibles han sido el aumento de plazas MIR, con 2.205 plazas de Medicina de Familia y 481 de Pediatría (291 y 48 más que en la anterior, respectivamente) y la creación de la oficina de seguimiento este mes de septiembre. La sensación de los profesionales es que no se ha avanzado.
De ahí que la conflictividad en el primer nivel, que empezó ya a dar muestras de hartazgo a finales de 2018, haya continuado a lo largo de este año.
Por ejemplo, en Cantabria el conflicto cristalizó en una serie de acuerdos reconociendo la limitación de agendas y las prolongaciones de jornada remuneradas. En Cataluña, con un pacto similar en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), la Administración defiende que ha contratado a más médicos y que quiere limitar las tareas burocráticas, mientras que Médicos de Cataluña insiste en que no se han reducido adecuadamente las cargas de trabajo.
En Galicia, los médicos siguen dando la batalla, especialmente en la zona de Vigo, por conseguir más recursos y limitar sus agendas, amenazando incluso con limitar la docencia MIR. Sanidad insiste en que poco a poco va implantando mejoras en las contrataciones y petición de pruebas diagnósticas.
En Madrid se pilotó en 14 centros de salud un sistema de turnos que limitaba el horario de citas hasta las 18:30, si bien los centros estaban abiertos hasta las 21 horas. Los resultados no han trascendido.
Mientras, el equipo de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigido por Verónica Casado, está pendiente de pilotar una nueva estructura, los consultorios de agrupación, para mejorar la sanidad rural, otra gran olvidada.
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