Balance en 2018: La atención sanitaria por accidentes de tráfico costó 425 millones de euros

Las patronales de la sanidad privada, Unespa y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) han actualizado el convenio marco de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico, elaborando un nuevo documento para el periodo 2019-2022. Esta guía recoge tanto las tarifas de asistencia como los mecanismos de relación entre la aseguradora de tráfico y la compañía sanitaria privada que atiende al lesionado. 

Los rechazos de las entidades asegurados a la cobertura de la asistencia sanitaria prestada al lesionado están en torno al 20 por ciento

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha celebrado hoy una jornada dedicada a desgranar las novedades de este nuevo convenio. En 2008 se gestionaron 685.749 expedientes y se emitieron 861.406 facturas, por un valor de 425 millones de euros, según los datos del programa Convenio de Asistencia Sanitaria (CAS). El sector privado se lleva en torno al 60 por ciento de esta cifra, lo que representa alrededor de 270 millones de euros en España, lo que representa entre un 5 y un 7 por ciento de la facturación total de sector privado por asistencia sanitaria, según apunta José Ramón Santamaría, director de la comisión de tráfico de ASPE. Sin embargo, en determinados centros privados el peso de este concepto en la facturación global llega al 25 por ciento. Una cantidad total que, según Santamaría, ha permanecido constante en los últimos años, después de remontar de la ligera caída experimentada en los años de la crisis. 

El nuevo convenio ya está en vigor, pero no recogerá las sanciones por incumplimientos de plazos hasta este mayo. El programa CAS es la herramienta informática que sistematiza el uso del convenio, canalizando la relación entre la entidad aseguradora y la compañía sanitaria. Nadie duda de su utilidad para agilizar el trámite que supone pedir al seguro el pago de la asistencia médica que recibe el lesionado, si bien no ha estado exenta de críticas. 

La buena noticia para los centros sanitarios es que en el nuevo convenio aumenta las tarifas por todos lo conceptos. En la cruz de esta documento está el informe biomecánico, que centró buena parte de las preguntas, al entender que es un documento con el que la entidad aseguradora puede justificar el rechazo a la cobertura de la asistencia al lesionado por no encontrar “nexo de intensidad” o “nexo topografíco” en referencia por ejemplo a un latigazo cervical. 

“Los rechazos de las entidades asegurados a la cobertura de la asistencia sanitaria prestada al lesionado están en torno al 20 por ciento, un porcentaje que coincide con el fraude detectado por las estas compañías en este sector”, apunta Santamaría.  

Pública y privada se reparten a medias los accidentados de tráfico 

 

 

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