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martes, 16 de julio de 2019

Crece el presupuesto sanitario por persona… pero también la desigualdad

El Ministerio de Sanidad ha publicado la estimación de presupuesto sanitario por habitante a partir de los presupuestos de 2019, que en algunas autonomías están prorrogados (La Rioja, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha).

El resultado muestra un crecimiento del gasto per cápita en sanidad, pero también de la desigualdad entre autonomías. Concretamente, las cifras estiman en 1.327 euros el presupuesto sanitario por persona para el conjunto de España, encabezada por el País Vasco, donde la cifra se eleva hasta los 1.731 euros, un 48% más que en Andalucía, que se sitúa a la cola con sólo 1.164 euros presupuestados para la sanidad de cada ciudadano.

Estas cifras implican que, por un lado, la sanidad se ha recuperado en gasto frente a los recortes de la crisis (el gasto per cápita en sanidad para el conjunto del país llegó a descender a 1.144 euros en 2013, su peor momento), pero también que las desigualdades persisten e incluso se han acrecentado.

Echando la vista atrás, hace una década las desigualdades entre autonomías superaban ya el 40% más de presupuesto en País Vasco frente a Madrid, que en aquel momento era, junto a la Comunidad Valenciana, la que menor gasto sanitario tenía. Ahora esas desigualdades empiezan a ser ya de casi el 50% y siguen sin responder a un patrón de envejecimiento o de dispersión de la población que las pueda explicar en la práctica.

En concreto, por encima de la media nacional de 1.327 euros de gasto se situarían Aragón (1.507), Asturias (1.727), Baleares (1.456), Canarias (1.365), Cantabria (1.502), Castilla y León (1.492), Valencia (1.333), Extremadura (1.613), Galicia (1.476) y Navarra (1.671), además del País Vasco. Por debajo quedarían, además de Andalucía (1.164),Cataluña (1.173),Madrid (1.221), Murcia (1.290) y La Rioja (1.235).

Las desigualdades en el presupuesto per cápita de las autonomías no terminan de responder con claridad a un mayor envejecimiento de la población o una mayor dispersión, en tanto autonomías como Castilla y León, con ambos problemas, mantienen cifras muy inferiores al de otras regiones como Navarra o País Vasco.

El mayor presupuesto sanitario por persona de unas autonomías frente a otras no parece tener que ver tampoco en todos los casos con un mayor esfuerzo gubernamental en el área de sanidad, pues comunidades autónomas como Navarra tienen uno de los presupuestos por persona para sanidad más altos de España, pese a que dedican tan sólo el 25% de todo su presupuesto público a Sanidad, frente a comunidades como Asturias, donde la sanidad se come hasta el 40% de todo su presupuesto público. Esto parece indicar así problemas en el propio sistema de financiación autonómica, por cuanto algunas autonomías se esfuerzan más que otras para pagar su sanidad y, pese a ello, no consiguen tener presupuestos tan elevados como otras.

Las cifras de presupuesto sanitario por persona que publica anualmente el Ministerio de Sanidad (con un retraso habitual de unos seis meses), y que con frecuencia sirven de arma arrojadiza entre autonomías hay que tomarlas, con todo, con cautela.

Poco realistas

En primer lugar, porque se trata de estimaciones a partir de los presupuestos que, con frecuencia, poco o nada tienen que ver con el gasto real en el que luego incurren las autonomías. El propio Tribunal de Cuentas ha alertado, por ejemplo, en varias ocasiones respecto a Murcia y a Aragón que las autonomías presupuestan en sanidad de forma sistemática menos de lo que luego en la práctica gastan, por lo que las desigualdades podrían deberse también en parte a un presupuesto más o menos realista.

Otro de los mayores condicionantes de las desigualdades entre autonomías está también en el mayor o menor uso del sistema privado por parte de colectivos con doble cobertura pública y privada.

En autonomías como Madrid o Baleares, alrededor del 25% de la población cuenta con doble cobertura pública y privada en sanidad frente a menos del 15% que la tiene en el País Vasco, lo que, razonablemente, implica mayores o menores gastos del sistema público dependiendo de la frecuencia con la que se acuda a una u otra opción sanitaria.
Impacto de la privada.

La cuestión no es baladí si se tiene en cuenta que alrededor del 30% de todo el gasto sanitario de España corresponde a gasto en entidades privadas, lo que da una idea de lo que puede condicionar el gasto público la mayor o menor tasa de población con doble cobertura.

La mayor retribución que perciben los médicos en unas autonomías frente a otras también podría explicar en parte estas fuertes desigualdades en el presupuesto sanitario por persona en las autonomías.

Así, por ejemplo, el capítulo I de los presupuestos sanitarios vascos, esto es, el dedicado a personal, se come el 51,4% del presupuesto vasco, frente al 46% que ocupan los gastos de personal en el caso del presupuesto andaluz, en consonancia con el mayor sueldo de los médicos vascos (que cobran de media un 54% más que los andaluces -unos 1.200 euros más al mes).

Así, ni las desigualdades autonómicas en gasto sanitario por persona parecen explicarse por diferencias sociodemográficas, ni forzosamente un mayor gasto en sanidad parece estar indicando mayores o mejores prestaciones.

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