Los residentes de último año podrán ser contratados como especialistas a partir de mayo. Después de semanas de críticas y tres órdenes distintas, el Ministerio de Sanidad ha renunciado a la prórroga de los contratos de los MIR y EIR de último año.
Así lo ha anunciado el sindicato médico CESM tras una conversación telefónica con el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, tras la reunión del Consejo Interterritorial.
Fuentes de Asturias y de Castilla-La Mancha han confirmado a DM que en mayo se realizarán las correspondientes evaluaciones, que habían quedado en suspenso.
La medida fue muy polémica desde el principio, porque la orden original sobre medidas sobre el personal, aprobada el 15 de marzo, hablaba de que los contratos de residentes de prorrogarían tres meses, cuando a mediados de mayo miles de residentes terminaban su formación y podían ser contratados ya como especialistas.
Según varias fuentes, al parecer la intención del Ministerio de Sanidad era limitar la posible movilidad de los profesionales, para evitar que las comunidades perdieran a este personal en la lucha contra el coronavirus.
La prórroga del contrato tenía además un segundo efecto, esta vez económico: un MIR y un EIR de último año cobra menos que un especialista, de modo que, aunque fuera por unos meses, las comunidades iban a gastar menos.
Se daba además el agravio comparativo de que la prórroga afectaba sólo a especialidades muy concretas, con lo cual una serie de residente sí iban a convertirse en especialistas en mayo.
Algunas autonomías como Castilla y León, Andalucía y Aragón empezaron a negociar con los sindicatos una compensación económica para reconocer que, de facto, estos sanitarios ya estaban trabajando a todos los efectos como alguien que ya había terminado su formación. Si bien, según pudo saber DM, no estaba claro que ese complemento fuera igual ni siquiera dentro de la propia autonomía.
En una tercera modificación de la orden, Sanidad hizo dos cosas. La primera fue suspender todas las evaluaciones anuales y finales a todos los residentes, sin importar año o especialidad (en teoría ese tiempo 'extra' iba a contar como antigüedad). La segunda fue indicar a las autonomías que debían pagar a los residentes según las funciones que estuvieran desempeñando y así compensarles.
No obstante, en Semana Santa, el sindicato médico decidió presentar una denuncia y pedir medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo ante lo que consideraban que era una ilegalidad. "La denuncia ya había sido admitida a trámite este lunes y en cuestión de días habrían publicado el auto", explica a DM Tomás Toranzo, presidente de CESM.
"Habíamos contactado con varias comisiones de docencia previamente y casi todas nos habían comentado que estaban preparadas para hacer las evaluaciones en fecha, así que esa excusa no valía", defiende Toranzo, que espera que las autonomías sigan pagando a los residentes una compensación económica si asumen funciones superiores a las que les corresponderían.
El presidente de CESM argumenta que "tendrán que ser ahora las autonomías las que decidan cómo incentivar a los especialistas para que se queden, ofreciendo más dinero o contratos de mayor calidad, con los mecanismos habituales de contratación".
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