No es el caso de Madrid y Cataluña, donde la necesidad de plazas en unidades de cuidados intensivos supera la oferta. Pero, aun así, habría más de 2.000 camas en UCI privadas que estarían libres, de acuerdo con la denuncia que ha hecho la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a 600 entidades del sector sanitario privado.
"El número de camas libres sale de los sitios donde no están siendo reclamadas. Sin embargo, nos llama la atención que Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana estén levantando hospitales de campaña, cuando las UCI de la privada tienen disponible el 80 por ciento de su capacidad. Por eso, hemos hecho un llamamiento para que se sepa. Porque si hay una comunidad autónoma con una saturación importante, se debe conocer que hay plazas disponibles en otras autonomías", asegura Carlos Rus, presidente de ASPE.
Los hospitales privados tienen 52.000 camas en toda España, de ellas el 4,3% son en unidades de cuidados intensivos, es decir 2.236. Esta cifra se ha ampliado con 400 más, en las comunidades con más contagios. Las ocupadas, según apunta Rus y de acuerdo con los últimos datos de ASPE, son 610 plazas de UCI, con lo cual, quedarían 2.026 plazas libres.
La patronal de centros privados hizo esta denuncia el pasado jueves, lo que provocó la reacción de aquellas comunidades aludidas. Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Junta de Galicia, respondió a estas declaraciones, reconociendo la disponibilidad que existe en la sanidad privada y dando datos. "Hay menos de 1.000 hospitalizaciones cuando solo el Sergas dispone de más de 7.000 camas” y “en centros privados ya hay 124 pacientes con coronavirus, pero esta red apenas suma 44 camas UCI”, dijo. Entonces, ¿por qué levantar hospitales de campaña? “Lo aconsejan los expertos, por lo que pudiera suceder”, aclaró Feijoo.
El mismo argumento ha sido ofrecido por los responsables de las comunidades autónomas de Canarias y Valencia. En las islas, donde se está levantando un hospital de campaña en Tenerife afirman que sus unidades de cuidados intensivos del Servicio Canario de Salud están al 50% de su capacidad y que están acudiendo a la sanidad privada para derivar pacientes. Sobre el hospital de campaña, apuntan que es una medida preventiva.
En la Comunidad Valenciana también están levantando hospitales de campaña, uno en cada provincia. Sin embargo, la consejera valenciana de Sanidad Universal, Ana Barceló, en rueda de prensa reconoció que las UCI del sistema público están lejos de alcanzar el cien por cien de su capacidad. También apuntó a la buena coordinación que existe con la sanidad privada “nosotros actuamos como un todo, sin diferenciar”. Además de explicar que se habrían trasladado más de 200 pacientes del sistema público a centros privados. Y, al igual que las otras autonomías, considera los hospitales de campaña como recursos preventivos antes un endurecimiento de la situación.
Motivo de reclamación
Dicho esto, desde la entrada en vigor del Real Decreto de Estado de Alarma, las fronteras entre comunidades autónomas deberían quedar diluida cuando se trata de “buscar la mejor atención al paciente”. De modo que no tiene sentido dejar sin ingreso en la UCI o sin respirador a un paciente que está en Madrid, cuando ese recurso existe en Valencia, por ejemplo. Es más, Carlos Sardinero, abogado experto en Derecho sanitario y colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, asegura que no es legal y, por tanto, es algo que se puede reclamar.
"Se podrá reclamar en los supuestos en los que los pacientes no acceden a la asistencia que precisan a pesar de existir la posibilidad de ello. Por ejemplo, cuando se podía derivar al paciente a otro centro con más medios, ya fuera a un centro hospitalario de la misma o diferente comunidad autónoma, ya fuera a un centro hospitalario de carácter privado", asegura el abogado a través de un comunicado difundido por la asociación con la que colabora.
En este sentido, explica que "todos los centros públicos tienen la obligación de derivar a la sanidad privada a los pacientes críticos que no pueden asumir. La sanidad privada no podrá rechazar la asistencia de urgencias y tendrá que reclamar los gastos al servicio de salud de la comunidad autónoma que haya decidido la derivación".
En casos de urgencia vital, Sardinero advierte de que “si el centro hospitalario público no realiza la derivación por desconocimiento, el paciente podrá acudir a un centro privado y reclamar los gastos a la Administración, mediante dos procedimientos diferentes: reintegro de gastos o reclamación de daños y perjuicio”.
Urgencia vital
En definitiva, Sardinero recuerda que hay un derecho del ciudadano a reclamar atención sanitaria en caso de que exista peligro para su vida ante cualquier centro sanitario, público o privado y que éste tiene el deber de ofrecérsela. Es más, lo que ocurre en este contexto es que la excusa del límite autonómico, no se puede dar y es el Ministerio de Sanidad el responsable de que exista esa coordinación entre comunidades para mover a paciente, sanitarios y recurso materiales de donde no hace falta a donde se necesitan.
"Hemos pedido al Ministerio de Sanidad un plan específico de apoyo para dotar de liquidez a las empresas sanitarias", apunta Carlos Rus
Sobre el reintegro de gastos, es decir, la obligación de la Administración de abonar el coste de la atención del paciente, Rus responde: “No hemos hablado de este tema. Lo único que hemos pedido al Ministerio de Sanidad, como otros sectores, es un plan específico de apoyo para dotar de liquidez a las empresas sanitarias y poder seguir pagando las nóminas y haciendo frente al tratamiento de pacientes”.
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