La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado la prisión provisional del presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández Gómez, de su mujer y su hija.
El tribunal ha rechazado los recursos de los investigados contra el auto emitido el pasado 12 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo en el que acordó el ingreso en prisión de los sospechosos. La Audiencia considera “suficientes” para la adopción de la medida cautelar los indicios existentes respecto a la comisión de delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
También ha confirmado el cese provisional del investigado como presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra
Además, estima que existe riesgo de obstrucción a la justicia, ya que, si bien los registros realizados y las medidas adoptadas en relación con las empresas y el colegio de Enfermería “podrían evitar el riesgo de destrucción de pruebas materiales”, los investigados podrían “influir en los testigos que aún no han declarado”.
Así, el tribunal destaca que esos testigos estarían presuntamente vinculados con los investigados “por contratos privados o dependencia económica”. Los jueces entienden que es “aconsejable” que se lleven a cabo esas declaraciones “a la mayor brevedad, dado el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión provisional”.
Los magistrados indican en la resolución que el riesgo de fuga sí podría evitarse “con otras medidas menos gravosas que las de prisión provisional”. Así, hacen referencia a las circunstancias personales de los tres investigados -personas con domicilio conocido y arraigo familiar y social en Vigo-.
La Audiencia también ha confirmado el cese provisional del investigado como presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, así como el de los administradores de algunas sociedades investigadas: Galaprint SL, Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Sociale, Igaf SL y Gestión Jurídica Gallega SL.
A las sociedades y al colegio se les designa administradores judiciales, una medida cautelar que, según resalta el tribunal, está dirigida a “asegurar la continuidad y sostenibilidad del colegio de enfermería y de las empresas, así como asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias”.
La medida se adoptó debido a la concurrencia “de circunstancias excepcionales, por cuanto se entendía que los administradores de derecho de las sociedades eran unos meros testaferros dirigidos por los investigados”.
Secreto de sumario
José Faustino Portela, el que fuera secretario del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra y hombre de confianza del presidente, hoy en prisión, fue uno de los encargados de poner a Carlos Fernández, su mujer y su hija a disposición de la justicia, al presentarle una querella.
Portela, en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, y publicada el 1 de abril, relata que fueron cuatro personas, las que en 2019, empezaron a "plantear la denuncia y documentarla, que nos llevó un año aproximadamente". De modo que, en 2020, "arrancó la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que nos ayudó en todo momento. Al final les entregamos más de 200 documentos recopilados por nosotros cuatro, que pretendemos tenga un beneficio para toda la Enfermería".
Además, en la misma entrevista Portela aborda la deuda que el Colegio de Pontevedra tiene con el Consejo General de Enfermería por impago de las cuotas y que ha motivado varias sentencias.
"Se está pagando el 30% de lo que fuimos condenados, pero se siguen sin pagar las cuotas al Consejo General de Enfermería de España desde que salió la primera sentencia. Eso implica que, tarde o temprano, vuelvan a llevarnos a juicio por impago y supondrá otra sentencia condenatoria más que poner a la cola", apunta Portela.
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