La situación en las residencias de ancianos, donde la Covid-19 ha mostrado su rostro más cruel, ha llegado al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en forma de quejas. ¿Cuántas? La institución no ofrecer el dato, habla de "un número considerable".
En todo caso, el suficiente para que haya decidido enviar una carta a todas las comunidades autónomas con recomendaciones sobre cómo mejorar la atención a las personas que viven en estos centros. Desde el punto de vista sanitario, pero también desde el más humano de protección de sus derechos y comunicación con sus seres queridos. Y, además, la Institución habla de la necesidad de revisar este modelo de atención sociosanitaria por “problemas estructurales”.
Los familiares que se han dirigido al Defensor del Pueblo han centrado sus reclamaciones en una asistencia sanitaria insuficiente, falta de información y transparencia por parte de los centros. Asimismo, expresan “su desesperación” por no poder despedirse en caso de fallecimiento y “la inseguridad” con respecto a la protección de sus derechos.
Consejerías de Política Social
En su escrito dirigido a todas las consejerías de políticas sociales autonómicas, la Institución recomienda que se refuerce con personal y medios materiales los centros residenciales para ofrecer la asistencia sanitaria a los enfermos por Covid-19 sin indicación de hospitalización.
De esta manera, considera “urgente” que se suplan las bajas laborales de los trabajadores para poder cumplir con las necesidades de los residentes, que en muchos casos supone ayuda en la movilidad, alimentación, higiene...
Además, apunta que debe mejorar la coordinación con las consejerías responsables de la atención sanitaria e insta a que las residencias obtengan el adecuado soporte médico y de enfermería, “al menos mediante la adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega del equipamiento sanitario preciso para la función asistencial, el suministro de equipos de protección individual para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y el personal del centro”.
El Defensor considera necesario mejorar la información que reciben las familias. En esta línea, ha pedido que se adopten las medidas precisas para garantizar la información continua y completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de procurar herramientas de comunicación directa o telemática.
Para el Defensor también es necesario que se comunique a las familias los traslados de residentes dentro del centro o las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.
Además, recomienda mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por Covid-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal.
Respecto a los derechos de los residentes, la Institución ha instado a las comunicades autónomas a que permitan que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los requisitos para la protección de la salud pública que se establezcan.
Una muerte en compañía
Por último, el Defensor ha reclamado que, en los casos de estado clínico terminal, se adopten protocolos que permitan facilitar la despedida al menos a un miembro de la familia. En opinión de la Institución, el proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible, cumpliendo igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad del resto de usuarios, trabajadores y del propio familiar. Igualmente, se debe procurar, si así lo solicita el enfermo, atención espiritual al residente según sus creencias.
Las carencias de medios y personal en muchos de los centros residenciales son problemas estructurales
En un contexto en el que la prioridad absoluta es defender el derecho a la vida y detener la propagación de la pandemia del Covid-19 para salvar el mayor número de vidas posible, la Institución asegura se consciente "del esfuerzo que realiza, hasta el máximo de sus fuerzas y capacidades y en primera línea, todo el personal de los servicios sanitarios y de emergencias, y los trabajadores que atienden a las personas más vulnerables en centros residenciales".
Revisión profunda del modelo
El Defensor del Pueblo viene examinando desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos. En el informe correspondiente a 2018 se plasmaron unas conclusiones de carácter general, tras recabar y analizar información de las consejerías competentes sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades autónomas.
Dicho análisis continuó a lo largo de 2019 y así se refleja en el informe correspondiente a dicho año que se entregará próximamente a las Cortes Generales.
Las carencias de medios y personal en muchos de los centros residenciales son problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis. Ante la pandemia, la dramática situación que se vive en muchos centros refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo puramente asistencial, con medios escasos y que se apoya para toda la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.
Por ello, a juicio del Defensor del Pueblo, el modelo en su conjunto requiere una revisión profunda.
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