Cuatro de los doce magistrados que forman el Tribunal Constitucional han agotado el tiempo oficial de su mandato sin posibilidad de prórroga, por lo que deberían ser renovados en los próximos meses. Son Juan José González Rivas (Ávila, 1951), presidente del Tribunal, la vicepresidenta y una de las dos mujeres que ocupan un sillón en este órgano judicial, Encarnación Roca Trías (Barcelona, 1944) y los magistrados Andrés Ollero Tassara (Sevilla, 1944) y Fernando Valdés Dal-Ré (Valladolid, 1945), que llegaron al Constitucional a propuesta del Congreso de los Diputados.
Sus señorías llevan en situación de en funciones desde mediados del mes de noviembre, cuando cumplieron algo más de siete años en sus puestos, un tiempo alejado de los nueve que reconoce la Constitución Española, en su artículo 10, como el establecido para este cargo.
La reducción se produce en virtud de una ley orgánica de 2010, con la que se pretendió penalizar el retraso del Parlamento para llegar a un acuerdo en la renovación del órgano judicial. De modo que la demora en este consenso parlamentario -se requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso de los Diputados- se tradujera en mandatos más cortos (ver apoyo). Pues bien, así ha ocurrido.
Entre las cuestiones que quedan pendientes para la nueva formación del tribunal está el recurso presentado por 50 diputados del Partido Popular a la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, que entró en vigor el 5 de julio de 2010.
¿Una rebaja a la Constitución?
La Constitución Española, en su artículo 159.3 recoge que los magistrados del Alto Tribunal serán designados por un periodo de nueve años y renovados por terceras partes cada tres años. Pues bien, en 2010 se reformó la Ley del Tribunal Constitucional y se estableció que “si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”. Andrés Ollero, magistrado del Constitucional, se ha pronunciado en contra de esta reforma, que ha propiciado mandatos de 12 años frente a otros de seis. Además, Ollero apunta otra cuestión: ¿En qué medida cabe una rectificación del texto Constitucional?
Los Populares veían en la ley de plazos una vulneración de los derechos del ‘no nacido’, como la cuestión fundamental del recurso. La impugnación afecta a ocho artículos y una disposición final de la ley. Para empezar, pedían la suspensión cautelar de la norma, y sobre esta cuestión el Constitucional se pronunció con celeridad, negándola. Entre los argumentos no escritos a esta negativa estaba el anuncio de que el recurso se iba a resolver rápido. Fue presentado el 1 de junio de 2010.
Es evidente que no ha sido así. Ollero llegó al tribunal en 2012 y fue designado como ponente de la sentencia. Entonces, se aludió a su pasado como senador del Partido Popular y se acudió a la hemeroteca donde está reflejado el posicionamiento del magistrado, catedrático de Filosofía del Derecho, en defensa del no nacido. Ollero tendría escrita la sentencia del caso, pero la falta de consenso en el pleno del Constitucional estaría detrás de este retraso.
En definitiva, la división entre magistrados progresistas y conservadores -que se ha podido ver con nitidez en las últimas resoluciones del Constitucional- no asegura poder sacar adelante la resolución. Los presidentes del Alto Tribunal son los que deciden qué se lleva a pleno para su votación. No lo hicieron los presidentes Francisco Pérez de los Cobos, Pascual Sala ni María Emilia Casas y todo parece indicar que tampoco lo hará González Rivas.
Además, hay una corriente de magistrados que considera que hay una pérdida del objeto del recurso. En septiembre de 2015, la norma fue modificada de modo que las menores de edad necesitan contar con el consentimiento de sus padres para abortar. Además, ha habido oportunidad de derogar la norma, con una mayoría conservadora en el Parlamento y no se ha hecho. Pero, en todo caso, la decisión de que se ha perdido el motivo del recurso corresponde hacerla al Constitucional y, por ahora, no lo ha hecho. Así que, esta patata caliente queda en herencia para la nueva formación del alto tribunal, con la designación de un nuevo presidente y también un nuevo ponente de la sentencia.
Datos de 2018. El Ministerio de Sanidad ha presentado los datos del aborto de 2018, unas cifras oficiales que se anuncian cada año y que, desde 2012, han ido bajando, hasta el año pasado, que se hicieron un 2% más de abortos que en 2017. En 2018, abortaron 95.917 mujeres (11,12 por cada 1.000 mujeres) frente a las 94.123 (un 10,5 por mil), de 2017, y las 93.131 (un 10,36 por mil), de 2016. El 70,51% lo hicieron con ocho semanas o menos de gestación.
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