El Ministerio de Sanidad ha establecido el próximo 28 de mayo de 2020 como la fecha final de residencia o de año formación.
Este límite no afectaría a las evaluaciones de los residentes que ya estuviera previsto que terminaran su año formativo más adelante, según CESM por la prórrogas contempladas como forma de compensar una evaluación negativa recuperable o por la imposibilidad de haber trabajado (por ejemplo, por una baja o un embarazo).
Se cumple así con la decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad de poner en marcha las evaluaciones de los residentes en las fechas habituales, al considerar se podía compatibilizar esto con la carga asistencial que está suponiendo la pandemia de coronavirus.
La decisión es especialmente importante para los residentes de último año, que habían visto que, a raíz de la pandemia, sus contratos como MIR, EIR y FIR iban a ser prorrogados al menos tres meses, a pesar de que en la práctica muchos estaban actuando como adjuntos, puesto que en mayo iban a obtener su título de especialista.
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Diferentes organizaciones profesionales habían sido muy críticas con la medida, que consideraban que suponía un agravio profesional y económico para los residentes de último año (puesto que el sueldo es menor), además de una limitación de sus derechos fundamentales.
Algunas autonomías se habían manifestado en contra y había llegado a plantear el reconocimiento de un complemento económico, que Sanidad llegó a incluir en modificaciones posteriores de la normativa, al tiempo que dictaba la suspensión de todas las evaluaciones a residentes.
CESM retira la denuncia
CESM llegó a interponer una denuncia frente al Tribunal Supremo, que se comprometió a retirar una vez tuviera confirmación formal de que se iba a acabar con las prórrogas.
La confirmación formal llega a través del BOE, por lo que el sindicato ha presentado esta mañana su petición de desistimiento, según ha confirmado a DM su presidente, Tomás Toranzo.
Critica que Sanidad no haya sido capaz de reconocer su error: "En ningún momento la orden publicada deroga ninguna de las anteriores, cuando en realidad lo hace de facto. Tal y como lo plasman, es como si esto entrara dentro del retraso previsto cuando se suspendieron las evaluaciones sine die, cuando las fechas cambian sólo por unos días".
Toranzo cree que hay cierta ambigüedad en la redacción, donde dice que a partir de la publicación en el BOE podrán iniciarse las evaluaciones, "cuando se supone que debería ser al mismo tiempo", aunque lo achaca a un error.
"El problema principal es que el ministerio lleva meses tomando medidas que nos afectan directamente sin consultar con los profesionales", lamenta.
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