El 14 de mayo de 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, participó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de la aprobación del proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. Uno de los proyectos estrella de esta legislatura para Sanidad por no decir el principal.
Tres días después, el texto se presentaba en el Congreso de los Diputados y cuatro más tarde, el 21 de mayo, el proyecto era calificado y entraba en el trámite de enmiendas a la totalidad del articulado.
El primer plazo para la presentación de un rechazo total a la propuesta de norma se estableció el 11 de junio de 2024. Pero desde entonces, semana tras semana ha ido ampliando ese tiempo y continúa.
Y así ha pasado más de un año sin que la norma vea la luz y sin que ni siquiera avance en su tramitación contemplada por la vía de urgencia. Una fórmula que, supuestamente, reduce a la mitad los plazos establecidos si la tramitación fuera ordinaria, pero siempre dependiendo de lo que marque la Mesa del Congreso, gobernada hoy por mayoría de miembros del PSOE y Sumar.
Recuperar este proyecto y sacarlo adelante es, en palabras del propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, “el principal legado de este ministerio. Si solamente hubiera una medida que pudiéramos llevar a cabo –aseguró en julio del año pasado- y que fuera transformadora, seguramente sería esta ley”.
¿Cuál es la razón por la que el proyecto no avanza?
Desde el PP señalan que "habría que preguntarle al Gobierno y a los grupos que le apoyan cuáles son los motivos por los que la tienen parada. Nosotros -aseguran los populares- no estamos pidiendo ampliación de enmiendas”.
El Gobierno, como en tantos otros proyectos legislativos, está obligado a recabar el apoyo de sus socios y sostén de legislatura. De todos y cada uno de los votos.
Según ha podido saber DM, el Ministerio de Sanidad está intensificando las negociaciones con los socios de Gobierno para asegurar el apoyo necesario a una norma que ven absolutamente necesaria.
Confían en que los distintos grupos políticos, sobre todo los independentistas amparados en la invasión de competencias, no utilicen la tramitación del proyecto para alcanzar réditos políticos.
Segundo intento
Pero la presentación del proyecto de ley no es el primer intento que hace el Gobierno de Pedro Sánchez por dar al traste con los “recortes que llevó a cabo el PP” en 2012, dijo la ministra durante la presentación del texto tras el Consejo de Ministros de hace más de un año.
El primer intento lo protagonizó Carolina Darias, exministra de Sanidad, hace tres años aprobando un proyecto que decayó con la convocatoria de elecciones de 2023 y que el actual equipo ministerial ha troceado.
Pero, ¿qué dice el proyecto varado un año en el Congreso? El texto que entró en el Parlamento y que, previsiblemente será transformado o retirado si prospera una enmienda a la totalidad, consta, además de una exposición de motivos, de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales. Comporta así la modificación de distintas normas.
Y es que el primero de sus artículos modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud con varios objetivos. Por un lado, “ampliar el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares que les acompañen, cuando, de acuerdo a lo dispuesto en los reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria, no
tuvieran prevista esta cobertura”.
El proyecto de ley ni siquiera ha superado el trámite de enmiendas a la totalidad previo a entrar en el articulado
Otra de las metas es ampliar esos derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el SNS, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.
Además, las personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, tendrán los mismos derechos y en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España.
El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, supuso un cambio inicial respecto al Real Decreto-ley 16/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy. El derecho a la asistencia y su reconocimiento pasó a basarse en la condición de ciudadanía y se desligó de la condición de persona asegurada o beneficiaria. Sin embargo, según se reconoce en el propio articulado del proyecto, se han seguido detectando falta de homogeneidad en la aplicación de este real decreto-ley, que la futura ley pretende corregir.
¿Y los demás proyectos?
Pero esta norma no es la única que permanece estancada en la tramitación parlamentaria. También lo está el proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
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