El abogado Francesc José María, referente en derecho sanitario y bioética, es el nuevo director general del Consorcio Sanitario y Social de Cataluña (CSC), una entidad pública de carácter local y base asociativa, fundada el 1983, que tiene su origen en el movimiento municipalista catalán. Agrupa a un centenar de entidades públicas y/o privadas sin ánimo de lucro; entre ellas, 26 empresas públicas, consorcios y otras entidades del sector público de la Generalitat.
Pregunta.
¿Cómo definiría el actual CSC? ¿Qué rol o roles ejerce para sus socios y para el ecosistema sanitario y social catalán?
Respuesta.
El 'Consorci de Salut i Social de Catalunya' en la actual etapa está fortaleciendo su vertiente municipalista en defensa del papel del mundo local en la planificación y prestación de servicios sociales y de salud que ha de ser relevante, sin olvidar la función patronal que ejerce y los servicios de toda índole que presta a sus asociados. Las entidades consorciadas – públicas y privadas sin ánimo de lucro- encuentran en el consorcio una entidad pública asociativa que defiende sus intereses ante la administración de la Generalitat y la del Estado y ante los agentes sociales y las representa en multitud de organismos, así como una plataforma de servicios para facilitar su gestión en el día a día.
P.
¿Proyectan un nuevo plan estratégico? Si es así, ¿qué cuestiones u objetivos se priorizarán?
R.
El plan estratégico del Consorcio para esta legislatura ya está aprobado y en marcha. En cierto modo está condicionado por las iniciativas que están desplegando los gobiernos estatal y autonómico. En el presente ejercicio estamos centrando nuestra actividad en la promoción de pisos con servicios para la gente mayor y las personas con discapacidad para preservar su autonomía, como alternativa a la institucionalización, y en una propuesta de regulación de los entes locales de la acción concertada social que corrija los vicios contractualistas de las regulaciones autonómicas que han sido puestos de manifiesto por los tribunales ordinarios y administrativos de contratación pública. Nos preocupa y ocupa la integración de la atención social y sanitaria, que es uno de los ejes del Plan de acción departamental del Departamento de Salud, así como el despliegue de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, en el que el mundo local tiene mucho que decir y aportar.
P.
En el pasado se estudió la posibilidad de una fusión con La Unió (antes Unión Catalana de Hospitales). ¿Eso está totalmente descartado? ¿Cuál es el principal argumento?
R.
La fusión con La Unió hoy por hoy no está en nuestra agenda. La colaboración con esta asociación empresarial es muy estrecha y hay espacios, como el de la negociación colectiva o la formación continuada, en los que nuestra unidad de acción es total. El 'Consorci de Salut i Social de Catalunya' es mucho más que una asociación empresarial, puesto que es una entidad pública de carácter local y base asociativa cuyo núcleo esencial son los cuarenta y tres ayuntamientos, dos diputaciones provinciales y cuatro consejos comarcales consorciados y las entidades proveedoras de servicios sociales y de salud, públicas y privadas sin ánimo de lucro, hasta la cifra total de 127 asociados. A diferencia de La Unió, en nuestro consorcio no tiene cabida la iniciativa mercantil. Por imperativo legal, el consorcio hubo de crear en su día una asociación patronal para poder participar en los procesos sectoriales negociación colectiva de la que forman parte todas las entidades proveedoras consorciadas desde la que practicamos la unidad de acción con La Unió.
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