Imagínese que llega una madre con su hijo de once años a una revisión rutinaria en un hospital, porque el niño tiene que someterse a una radiografía. El chico está nervioso. La madre advierte a la radióloga de que puede que el menor "la líe" y pide acompañarle en la prueba. La profesional, para evitar una radiación innecesaria de la madre, le dice que no, que no hace falta. La madre insiste. Finalmente, el niño entra solo, le da un ataque de pánico y termina con una fractura en el cráneo.
Ocurrió en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y motivó una condena al Sergas a indemnizar con 50.000 euros a la familia del niño. ¿Se ha visto usted alguna vez en esta tesitura? ¿Tiene claro qué debe hacer?
Javier Moreno Alemán e Ignacio Boj son los socios directores del despacho MBE Legal y asesores externos de la Asociación Española de Pediatría, con una larga experiencia en derecho sanitario y un nutrido conocimiento en este campo. Sus respuestas a las anteriores preguntas pasan por aclara que no hay una normativa de ámbito nacional que recoja con una claridad meridiana qué hace en estas situaciones, si bien existen otros apoyos normativos que deben tener en cuenta el clínico, el hospital y los servicios sanitarios cuando se enfrenten a estas situaciones. Aquí es los cuentan.
Normativa estatal clave
La Ley 41/2002 de autonomía del paciente y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor no regulan explícitamente este derecho, "pero consagran el interés superior del menor como primordial en cualquier decisión", aclaran los juristas. Esto obliga a ponderar caso por caso, priorizando el bienestar emocional y físico del niño sobre rutinas organizativas. La Ley 8/2021 extiende esta lógica a personas con discapacidad y necesidades de apoyo.
Además de estas regulaciones de marco nacional, hay comunidades autónomas que han avanzado en normativa propia: en Navarra (Ley Foral 17/2010, art. 16.2), Valencia, Baleares, Canarias o Castilla-La Mancha (urgencias, Decreto 45/2019). En definitiva, como aclara Moreno Alemán, el acompañamiento del menor "es un derecho subjetivo que solo se limita con motivación clara". Evitar que el acompañante reciba una radiación, que fue el argumento utilizado por la facultativa del Sergas para impedir a la madre que entrar con su hijo a la radiografía, no convención al juez.
De hecho, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra dice "el riesgo para la salud de la madre por recibir radiación era realmente pequeño" y, frente a dicho riesgo mínimo, prevalecía el evitar que "el menor no acompañado tuviese algún problema, tal y como anunció su madre previamente (que lo conoce bien), y tal y como sucedió en la realidad".
En relación a la regulación en otras autonomías, los juristas explican que en Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia y Aragón ese acompañamiento "se configura como principio de humanización, dando flexibilidad a protocolos internos".
Regla general
En conclusión, como regla general es que "los menores y personas con discapacidad tienen derecho a acompañamiento por progenitores, tutores o figuras de apoyo, salvo que "perjudique u obstaculice la asistencia sanitaria (seguridad, organización o esterilización)". Esta es la norma de la mayoría de las comunidades autónomas, porque la prohibición automática no tiene soporte legal.
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