Si en la forma de actuar para combatir los determinantes ambientales y los malos hábitos de vida no hay acuerdo político definitivo, en lo que se refiere a otros determinantes sociales de la salud lo hay aún menos, pese a la solidez de la evidencia científica sobre cómo se retroalimenta el círculo enfermedad-pobreza.
Carme Borrell, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), explica al respecto que “ numerosos estudios científicos muestran que las desigualdades en salud son enormes y responsables de un exceso de mortalidad y de morbilidad, superior a la mayoría de los factores de riesgo de enfermar conocidos. Por lo tanto, la pobreza, causada por las desigualdades económicas y sociales, repercutirá en la menor salud de la población”.
Según detalla, “en España, a petición del entonces director General de Salud Pública, Ildefonso Hernández, se conformó en el año 2008 una comisión de expertos que elaboró una propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud. En mayo de 2010, la Comisión presentó el documento con 166 recomendaciones que evidenció que la reducción de las desigualdades sociales en salud no es posible sin un compromiso para impulsar la salud y la equidad en todas las políticas y para avanzar hacia una sociedad más justa”.
Los pacientes advierten de la vulnerabilidad de los crónicos que no tienen reconocida dependencia o discapacidad
Sin embargo, advierte que “poco se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión: la crisis económica que empezó en 2008 ha tenido impactos en la salud de la población de diversos países europeos. En España hay trabajos que han mostrado un empeoramiento de la salud mental, sobre todo en hombres adultos, y un incremento de la tasa de suicidios.
En esta línea, los pacientes echan también en falta grandes avances en la petición de acabar con el binomio enfermedad-pobreza. Hace ahora un año que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), presentó una propuesta para la elaboración de una normativa que proteja la situación de cronicidad, con la voluntad de incluir en dicha norma medidas para garantizar la información de los pacientes y proteger su derecho a la no discriminación así como la protección laboral frente a despidos, como vía para evitar el empobrecimiento, además de asegurar a las personas unos ingresos vitales mínimos.
Los pacientes defendían con su reivindicación la necesidad de romper el círculo enfermedad-pobreza, que provoca mayores tasas de enfermedad entre los más pobres (por su peor alimentación/peor acceso al sistema/menor educación, etc.) y, a la vez, empobrece al enfermo (por mayores costes sanitarios no cubiertos, despidos laborales, etc.), acrecentando el problema.
La POP ilustró el problema explicando que parte de los pacientes crónicos no cuenta con discapacidad reconocida del 33 por ciento ni con dependencia pero sí se enfrentan no sólo a enormes gastos no cubiertos por el sistema en tratamientos como la fisioterapia, psicólogos, etc. sino también a despidos laborales por las continuas bajas laborales que en ocasiones genera su enfermedad. Por lo que, “desde la POP, como mínimo, defendemos una protección laboral para este colectivo, pues las personas que tienen una enfermedad crónica se encuentran en situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de igualdad a la hora de acceder y/o mantener un puesto de trabajo”, explica el presidente de la POP, Tomás Castillo.
El 11% de pacientes que reciben diagnóstico de cáncer está (o pasará a estar por su enfermedad) en situación de riesgo económico
En la misma línea, un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) acaba de constatar que de las aproximadamente 250.000 personas que cada año reciben un diagnóstico de cáncer en España, el 11 por ciento estaría (o pasaría a estar como consecuencia de su enfermedad) en situación de riesgo económico. Según la POP, estos datos podrían ser extrapolables a otras enfermedades.
Concretamente, el estudio, con datos de 2017, muestra una fuerte situación de riesgo económico para 10.213 españoles que en el momento del diagnóstico de cáncer estaban ya en situación de desempleo (con o sin prestación), 3.744 que tendrían ingresos inferiores al salario mínimo y 10.986 autónomos (que percibirán sólo uno 400 euros netos para vivir ya que a la prestación por baja laboral de 735 euros deberán seguir restando los 275 de cotización por autónomo).
“Pese a la rotundidad de las cifras no ha habido avances en este campo”, subraya Castillo.
La petición que hicieron hace ahora un año los pacientes se contestó desde los partidos políticos con dudas sobre la conveniencia de una ley propia para gestionar esta situación y la voluntad, por el contrario, de arreglar casos y situaciones concretas, en línea con lo que en su momento se realizó para permitir pedir la baja laboral de padres de niños con cáncer. El parón político, primero, y el cambio de gobierno, después, ha impedido progresos, de momento.
Sanidad recupera el Observatorio de Salud de la Mujer
El Ministerio de Sanidad dio la pasada semana lo que consideró como primer paso para incorporar acciones sobre los determinantes sociales de la salud. Lo hizo recuperando el Observatorio de Salud de las Mujeres, creado en 2004 y eliminado en 2014 al calor de la crisis económica. El renovado organismo, que se presentó ante sociedades científicas y asociaciones de pacientes, aspira a “promover la equidad en salud por razón de género”, en la comprensión de que las desigualdades actuales en salud entre hombres y mujeres no pueden explicarse sólo por cuestiones biológicas.
Carmen Vives, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, explica al respecto que ” hay evidencias asentadas tanto en España como en otros países de Europa de que las mujeres, aunque viven más años, lo hacen en muchas ocasiones con peor calidad de vida. En parte, se debe a las circunstancias sociales en las que viven, en ocasiones peores que los hombres, como ponen de manifiesto las desigualdades en el reparto de los cuidados y las tareas domésticas, el acceso a los puestos de responsabilidad en el mercado laboral y, por supuesto, el riesgo de malos tratos en la pareja y asesinato. También hay evidencias de sesgos de género en la atención sanitaria, pero hasta llegar al sistema sanitario hay otros determinantes de la salud como los anteriormente mencionados que pueden explicar las desigualdades de género en el riesgo de enfermedad, discapacidad y pérdida de calidad de vida”.
¿Y se está actuando ya sobre esos factores? En su opinión, “los recortes en el gasto público han desplazado las prioridades hacia otros temas diferentes. Al menos fue así con el tema de la violencia de género en el sector salud, en el que se llegó a dejar de financiar la formación de los profesionales de salud en este tema desde el 2010. Eso, sin duda, tiene consecuencias. En España, nos queda mucho por hacer en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado; en violencia de género; en la promoción laboral de las mujeres…”.
Si las tareas pendientes en materia de género se acumulan desde hace años, la actuación sobre otros determinantes sociales de la salud que emergen con fuerza, como la soledad, aún está más verde todavía. Quién sabe si dentro de unos años España contará, como Reino Unido, con un Ministerio de la Soledad.
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