El mercado del seguro de responsabilidad civil sanitaria en España, la conocida como RC sanitaria, cuesta algo más de 150 millones de euros al año. La mitad de esta cantidad corresponde a la sanidad pública, es decir, alrededor de 75 millones de euros. Son las pólizas que pagan las consejerías de Sanidad para cubrir los riesgos derivados de la actividad profesional de sus sanitarios.
“A nadie le interesa estar ocho años en un juicio”
Philippe Paul, CEO de Sham; Gianluca Piscopo, CEO de Berkley España; Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, y Salvador Marín Moreno, CEO de Howden Iberia España.
La gestión del riesgo y el buen trato al paciente son algunas de las asignaturas pendientes de las Administraciones sanitarias, según apuntaron los expertos que intervinieron en la mesa dedicada a analizar la situación del seguro de responsabilidad civil en sanidad. Philippe Paul, CEO de Sham; Gianluca Piscopo, CEO de Berkley España, y Salvador Martín Moreno, CEO de Howden Iberia España, coincidieron en señalar los procesos de mediación y conciliación entre la Administración y el paciente que reclama, como un mecanismo que es necesario implantar en todas las autonomías. “A nadie le interesa estar ocho años en un juicio”, señaló Martín Moreno. Philippe Paul, de Sham, puso el ejemplo del sistema de resolución de conflictos de la Comunidad de Madrid y adelantó que se pondrá en marcha uno similar en Andalucía.
Este gasto autonómico ha ido ganando peso en los últimos presupuestos con la renovación de los pliegos de los contratos de las Administraciones autonómicas con las aseguradoras. El incremento responde a la crisis en la que entró el sector hace unos años, cuando compañías tan potentes como Zurich -que tuvo el monopolio del seguro sanitario público cuando solo existía el Insalud- decidieron salir del mercado “de manera abrupta”, según califican los expertos. A esta espantada, que ya es histórica, se une que la nuevas compañías, recibidas por el mercado como signo de recuperación, han permanecido apenas un pliego, es decir, un par de años. Este es el caso de AIG en Andalucía y Murcia.
¿Por qué se está dando esta situación? Salvador Marín Moreno, CEO de Howden Iberia España, broker en el sector, responde con claridad: “Las compañías han abandonado el mercado porque han perdido dinero”. A su lado, Gianluca Piscopo, CEO de Berkley España, asiente.
Berkley estuvo en el mercado de la RC sanitaria pública y ahora solo se dedica a la sanidad privada. Ignacio Mejía, director de siniestros y asesoría jurídica de la firma y uno de los que mejor conoce este mercado, explica: “La RC sanitaria pública es interesante. Es un jamón de pata negra, pero debe tener el precio de un jamón de pata negra y no lo tiene”.
Un debate clásico
Las declaraciones de estos expertos se escucharon dentro del III Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que se celebró en el Colegio de Médicos de Alicante los días 26 y 27 de septiembre. En la jornada del viernes, como ya ocurrió en la edición anterior, hubo una mesa dedicada al seguro sanitario público.
Philippe Paul, CEO de Sham España, una aseguradora que ha irrumpido con fuerza en la RC sanitaria española y que llega con una amplia experiencia de su actividad en Francia, explica que el gasto que las Administraciones sanitarias dedican a asegurar el riesgo de sus profesionales es insuficiente. Para llegar a esta conclusión compara estas cantidades con el presupuesto destinado a sanidad en cada autonomía.
En Andalucía, por ejemplo, el presupuesto sanitario para 2019 es de 10.500 millones de euros. De esta cantidad, 12,6 millones están destinados a pagar el seguro de RC sanitaria de los profesionales, pues esa es la prima anual firmada por la Administración andaluza con Sham, en un contrato que, además, tiene una franquicia por siniestro de 55.000 euros. Es decir, que los primeros 55.000 euros de cada condena judicial o acuerdo extrajudicial por mala praxis sanitaria los asume la propia Administración. Aun así, “el peso que tiene esta partida dentro del gasto autonómico es poco y las Administraciones deberían plantearse qué porcentaje quieren dedicar a proteger a sus profesionales sanitarios”, insiste Philippe Paul.
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Sin embargo, sería injusto no reconocer el incremento de las primas de estas pólizas. En Andalucía, sin ir más lejos, la prima anual se ha duplicado, de los 6 millones que firmó AIG a los 12,6 millones que Sham rubricó este agosto. Y también se ha duplicado la franquicia. Pero no es suficiente y prueba de ello, como explica Paul, es que al concurso andaluz solo concurrieron ellos, ninguna otra aseguradora mostró interés, y les ha ocurrido lo mismo en el País Vasco, donde solo se ha presentado Sham. Así, los expertos coinciden en señalar que subir la prima no es la única solución.
Pero, ¿ha cambiado tanto el escenario en estos años? Piscopo, de Berkley, señala tres aspectos que han contribuido a esta situación: la bajada de los tipos de interés del dinero, el aumento de las reclamaciones sanitarias y el incremento de las condenas resultado de la aplicación del baremo de tráfico que entró en vigor en 2016.
Berkley ha realizado un estudio sobre 1.500 siniestros, en los que analiza las indemnizaciones que corresponderían con el baremo antiguo y aplicando el nuevo. Pues bien, según la compañía, el incremento del coste del siniestro se sitúa en un 45%. Es decir, el mismo error sanitario juzgado y condenado antes de 2015 recibía una indemnización un 45% inferior a la que le correspondería de juzgarse hoy.
“Nosotros recomendamos que las primas que antes estaban en 1,2 millones, por ejemplo, suban a los 4,5 millones para mantener el interés del mercado”, cuantifica.
Sin embargo, el CEO de Sham, aunque reconoce el efecto multiplicador que han tenido las nuevas tablas de tráfico en las indemnizaciones sanitarias, sitúa ese incremento en un 20%, la mitad que su colega.
Marín Moreno, el tercero en la mesa de debate, aprovechó esta diferencia de apreciación para lanzar una propuesta: “Hay que crear un lobby para ordenar lo que está pasando”. Puede ser una de las ideas nuevas, lanzadas desde el sector para abordar un problema, una crisis de este mercado, que parece que se está enquistando.
La aprobación de un baremo específico del sector sanitario que ajuste las indemnizaciones se aleja. No existe la estabilidad de Gobierno necesaria para que esto se apruebe, como apuntaron varios asistentes a la jornada. Mientras tanto, hay que buscar soluciones, porque el problema persiste. Extremadura está sin seguro para cubrir la parte patrimonial, porque a su último concurso para cubrir este riesgo no se presentó nadie. El sector mira ahora a Aragón, otra comunidad que lleva sin seguro desde abril, desde que se marchó Mapfre.
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