En el bienio 2017-2018, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), de la Organización Médica Colegial (OMC), atendió casi un 30% más de casos que en el bienio inmediatamente precedente, hasta alcanzar un total de 877 nuevos pacientes, frente a la media de 300 nuevos facultativos atendidos desde 2011, fecha en la que la Fundación para la Protección Social de la OMC (Fpsomc) empezó a analizar (por bienios) la evolución de los casos registrados. Este dato justificaría por sí solo, según Serafín Romero, presidente de la OMC, la necesidad de mantener en el tiempo un programa (sin parangón en otros colectivos profesionales) que, desde su fundación en 1998, ha atendido a un total de 5.171 facultativos por trastorno mental y/o adicciones.
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Ahora bien, la pregunta -retórica, pero cargada de intención- que Romero ha dejado sobre la mesa inmediatamente después cierne muchas dudas sobre el sostenimiento de algo, en teoría, tan necesario: ¿quién paga la factura de un programa cuyo coste anual el propio Romero ha cifrado en millón y medio de euros anuales aproximadamente? Según Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos de Murcia y anfitriona del VIII Congreso del Paime y II Encuentro Latinoamericano, que se celebra mañana y pasado en el colegio de la capital murciana, “sólo asegurando la financiación, se asegura el mantenimiento del programa en las actuales condiciones”.
La respuesta a la pregunta lanzada por Romero es, como casi todo lo que tiene que ver con el reparto autonómico de la factura sanitaria, muy heterogénea: desde autonomías, como la pionera Cataluña, donde la financiación autonómica es del cien por cien y el Paime forma incluso parte de la cartera de servicios, hasta la propia Murcia, “que aporta el 0%, pero con visos de ir progresando”, ha apuntado irónicamente Romero. En medio, el grueso de las comunidades, que hacen aportaciones muy dispares, pero con un denominador común: “La crisis, como a todos, nos ha afectado, y que se lo digan, si no, a las aportaciones de comunidades autónomas como Baleares, Aragón o Castilla-La Mancha, pero el caso es que los primeros recortes siempre afectan a la financiación del Paime”, se ha quejado el presidente de la OMC.
El presidente de la OMC ha cifrado en “aproximadamente un millón y medio de euros” el coste medio anual del Plan
El congreso que empieza mañana en Murcia abordará el tema en una mesa específica, presentada bajo el significativo título de “¿Hacia un modelo único de financiación?”, pero Romero no se hace muchas ilusiones sobre la posibilidad de que ese modelo único se traduzca en una partida fija y revisable en los Presupuestos Generales del Estado. “Aquí, la factura la pagan las comunidades y lo que no se deja por escrito se lo lleva el viento. Con cada cambio de gobierno autonómico hay que volver a explicarle al consejero de turno por qué los médicos necesitan una protección especial contra estos problemas, al margen de la del resto de la población”.
“Con cada cambio de gobierno hay que volver a explicar al consejero por qué el médico necesita una protección especial”
Sea cuál sea el modelo de financiación, el presidente de la OMC tiene claro que “la Administración, sea del nivel que sea, tiene que estar necesariamente implicada, porque este programa genera mucha seguridad en la asistencia sanitaria. Nos conformaríamos con que las comunidades, de entrada, elevasen al unísono al Ministerio de Sanidad la necesidad de llevar el tema a un Consejo Interterritorial”.
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Nina Mielgo y María Rosa Arroyo, directora técnica y vicesecretaria general, respectivamente, de la Fpsomc, han desgranado los datos del último bienio, y quizás uno de los más significativos -aparte del incremento de nuevos casos- ha sido el aumento de atendidos entre los médicos de menos de 30 años, que han pasado de 13,7% en 2015 y 7,8% en 2016, a 14,2% en 2017 y 17% en 2018. También destaca el incremento del colectivo de entre 31 y 40 años, especialmente en 2018, que es del 26,1%, cuando en años anteriores estaba en torno al 20%.
Por comunidades, las 6 con mayor número de casos registrados en este periodo han sido Cataluña (303), Andalucía (131), Madrid (106), País Vasco (70), Navarra (31) y Baleares (30). La comunidad donde menos casos se registraron es La Rioja (1). Si el dato se pone en relación con el volumen de colegiados en la autonomía, las comunidades con mayores ingresos han sido, por este orden, Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia.
Por especialidades, tampoco hay sorpresas con respecto a ediciones precentes: el 42% de los casos son de Medicina de Familia, seguido de Anestesia (7,3%), Pediatía (6,1%) y Psiquiatría (4,2%). Aun así, Arroyo ha incidido sobre el incremento porcentual de casos entre los anestesistas, que pasan de una media de entre el 5 y 6% a más del 7%, y los urgenciólogos, que han pasado del 1,8% en 2015 y 3% en 2016, a 3,5% en 2017 y 5,1% en 2018.
Convenio con CESM
Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la firma del convenio entre la OMC y el sindicato CESM para la promoción y desarrollo del Paime, convenio cuya firma han materializado en el acto de hoy Serafín Romero y el vicesecretario general del sindicato, Gabriel del Pozo. Romero ha avanzado que, en virtud de ese acuerdo, todos los delegados provinciales del sindicato se convertirán en “agentes activos en la captación de situaciones y casos susceptibles de ser atendidos por el programa, contribuyendo así a evitar que el problema vaya a más”. Además de establecer protocolos y guías para pautar esa colaboración, el convenio contempla la puesta en marcha de programas epecíficos de formación para los delegados sindicales.
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