El Principado quiere sacar adelante una ley de Ciencia, así como una ley de fomento del ecosistema de las start–ups, favoreciendo la colaboración público-privada, según algunos de los mensajes fundamentales que ha transmitido el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, durante la presentación en el Parlamento asturiano de las líneas fundamentales de actuación de su departamento.
Sánchez ha señalado en la Junta General que pretender poner en marcha una reconversión innovadora para definir la Asturias de 2030, a través de dos grandes misiones científicas con las que se podrá optar a captar más fondos europeos.
Una de estas misiones está relacionada con la biomedicina, la biotecnología y la alimentación y el compromiso de la Consejería de Ciencia es impulsar proyectos en este ámbitos que podrán captar fondos europeos necesarios para contribuir a la reactivación de la economía regional.
El consejero ha señalado de modo contundente que Asturias precisa “atraer y retener talento” y que la comunidad necesita “más investigadores y tecnólogos, más intercambios de científicos entre academia e industria, y más universitarios y doctores en las empresas”. Con este objetivo, la consejería implantará un programa que contemple la incorporación y estabilización de los investigadores y que se defina en torno a una carrera profesional investigadora.
Borja Sánchez ha anunciado en este sentido la creación de un mapa del talento, con el que se pretende poner en marcha un programa de mentores asturianos que desarrollan su actividad en empresas, centros de investigación e instituciones de referencia en el extranjero. El objetivo es que tutelen a estudiantes con expedientes brillantes e impulsen su éxito profesional.
El Principado impulsará también la excelencia de la investigación mediante la acreditación, por primera vez, de al menos un centro en el programa nacional Severo Ochoa o una unidad dentro del programa María de Maeztu, que implicará la atracción de fondos nacionales.
La Consejería de Ciencia quiere potenciar la colaboración público-privada impulsando programas que favorezcan la creación de start-ups (empresas emergentes) y de spin-offs (filiales), así como de firmas innovadoras de base tecnológica.
El consejero ha insistido en la necesidad de dar respuesta a una de las reclamaciones históricas del personal investigador, como es la reducción de la burocracia. Esto se concretará en el acortamiento de plazos, simplificación de trámites y requisitos en cuanto a redacción de proyectos, memorias e informes, y mejor planificación de convocatorias y calendarios.
Potenciar la difusión y la divulgación científica es otro objetivo prioritario del nuevo consejero, quien ha expresado su esperanza de que la Ley de Ciencia cuente con “un amplio respaldo” en el Parlamento.
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