Sin ninguna variación sobre el discurso mantenido por el Ministerio de Sanidad de Mónica García durante toda la legislatura, el escándalo del Hospital de Torrejón (Madrid) ha sacado a la luz un proyecto legislativo que arrancó en mayo de 2024, pero que lleva más de un año desaparecido, y que está encaminado a terminar con un modelo de colaboración público-privada, que a la ministra y a su equipo no le gusta y al que responsabiliza de una parte de los males del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, de manera especial, del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid.
García ha presentado la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS como el nuevo marco normativo con el que dar al traste -o derogar- la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, que abrió la puerta a formas de colaboración entre sanidad pública y privada como la que representa el modelo del Hospital de Torrejón.
Hasta aquí todo claro. Sin embargo, en el argumentario de la ministra, sobre los beneficios de esta regulación, obvia las dificultades reales que tiene esta ley de salir adelante y que fueron señaladas por la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, dentro del debate público de posicionamiento que se ha generado después de que salieran a la luz los audios del CEO de Ribera Salud sobre el Hospital de Torrejón.
¿Cómo va a sacar adelante la ley?
Faltan los apoyos parlamentarios necesarios que sumen la mayoría para aprobar una ley ordinaria, que es una mayoría simple. Matute hizo referencia a este punto y los juristas consultados para este reportaje -en busca del criterio técnico-jurídico y, en la medida de lo posible, desapasionado- también fue a lo primero que aludieron para explicar el acuerdo general de que "la ley no va a salir".
Sin subestimar la ingeniería jurídica -que admite mucha creatividad-, Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Comillas, explica que el contenido que aborda esta norma obliga a que tenga un rango de ley orgánica o de real decreto-ley. En ambos casos, debe estar refrendada por el Parlamento y es ahí, como hemos explicado y es conocido, donde existe un obstáculo difícil de superar.
Los socios catalanes del Gobierno -"Junts, por supuesto, pero, incluso, el PSC, sin hablar de ERC"- tienen muy difícil avalar una norma que, a priori, cuestionaría un modelo de colaboración público-privada en la prestación de la asistencia sanitaria que está en el ADN del sistema sanitario catalán: las concesiones. ¿Podría el Ministerio de Sanidad hacer malabares jurídicos para salvar este escollo? "Difícil" responden los expertos que, además, recuerdan fracasos recientes con el mismo objetivo: impulsar una ley que catapulte la gestión pública directa.
Cuestión de competencias
Pero "la cuestión nuclear" que mata a este proyecto normativo antes de que nazca pilota en determinar de qué administración son las competencias sobre la materia que pretende regular.
Según explica Alonso Timón, "las comunidades autónomas tienen la potestad de elegir el sistema de gestión de la sanidad, de modo que pueden establecer que este sea indirecto". Hay un límite que fija el Estado a las autonomías y que impide delegar la gestión en los ámbitos que impliquen "el ejercicio de autoridad por la fuerza, vamos que no se puede crear un cuerpo de policías privados, y el otro límite está en la externalización de servicios sin contenido económico".
En este punto, cabe recordar que, en plena huelga por la reforma del Estatuto Marco, la ministra de Sanidad ha respondido a los sindicatos que no tiene competencias para recoger sus solicitudes en cuanto a jubilación o guardias, por ejemplo. Es decir, ha reconocido con claridad meridiana qué materias no son competencia del Ministerio de Sanidad y, por tanto, no puede regular en esos campos. Sin embargo, no parece que ocurra lo mismo en este campo.
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