Vicent Soler, consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana, ha anunciado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizará en 2020 un proceso de revisión del gasto en Sanidad para “evaluar y mejorar con eficacia y eficiencia los gastos” del departamento que dirige Ana Barceló; el más importante a nivel presupuestario de la autonomía.
Tras conocerse Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Valenciana del ejercicio 2018, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Soler ha señalado que esta revisión de gastos va en la línea de lo iniciado por otras comunidades autónomas o el propio Gobierno central, también bajo “la tutela” de la AIReF. Soler ha hecho hincapié en que la Generalitat “está comprometida a garantizar que los niveles de prestación de servicios en la Comunidad Valenciana no sean diferentes, de forma relevante, del resto de comunidades, ya que servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia, no solo están reconocidos y protegidos por la Constitución, sino que representan obligaciones irrenunciables para cualquier gobierno que quiera considerarse social y democrático”. En este sentido -añade-, el informe de la Sindicatura acredita, mediante una estimación propia del gasto real, el incremento de recursos destinados a la mejora de la sanidad por un importe de 1.256 millones en entre 2015 y 2018. “Desde el año 2015 se ha venido realizando un considerable esfuerzo en los sucesivos presupuestos aprobados por la Generalitat para incrementar el presupuesto de esta consejería con el fin de mejorar las prestaciones”, recalca Soler.
Reivindicación histórica
Respecto al informe presentado, Soler apunta que existe un respaldo de la Sindicatura de Cuentas sobre la necesaria reforma urgente del sistema de financiación autonómica, una reivindicación histórica. En este sentido, Soler destaca que la Sindicatura advierte de la “discriminación” financiera de la Comunidad Valenciana, que es la que motiva la inclusión de la partida de 1.325 millones en los presupuestos autonómicos, lo que compromete el acceso de los valencianos a los servicios básicos (sanidad, educación o dependencia) en condiciones de igualdad con el resto de autonomías. Asimismo, la Sindicatura alerta de que el endeudamiento acumulado, derivado en buena medida de esta infrafinanciación, “condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se tomen medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica sufrida durante los últimos años”.
En esta misma línea, inciden desde el Gobierno valenciano, la Sindicatura refleja que “la articulación de la financiación estatal a través de mecanismos especiales de financiación vía endeudamiento, como es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dificulta la consecución de los objetivos de déficit y deuda, e incide en el funcionamiento normal de la Administración de la Generalitat”. Según reza el texto, “las consecuencias para la Generalitat son muy diferentes según sea la procedencia de la financiación. Si los fondos llegasen a través del sistema de financiación autonómico no incrementarían el endeudamiento; mientras que sí lo aumentan cuando se obtienen por la vía de los mecanismos especiales de financiación”.
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