Por impensable que parezca, va a suceder. Los sanitarios, aún sin recuperarse del envite del SARS-CoV-2, tendrán que rendir cuentas de su actuación ante los tribunales; explicar en periciales médicas por qué hicieron lo que hicieron y justificar y revivir el largo año de medicina de urgencia que ha acompañado a la pandemia. Todo ello como respuesta a legítimas reclamaciones judiciales.
Así funciona nuestro sistema democrático y así se garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia: cualquier ciudadano que crea haber sufrido un "daño antijurídico" y que, por lo tanto, no tiene "el deber de soportar" debe poder reclamarlo.
"El impacto de esta pandemia en los profesionales sanitarios ha sido enorme"
Los profesionales del sistema sanitario público, aunque no responden de sus actos de manera directa -pues es el servicio sanitario autonómico de turno el que asume una posible condena de responsabilidad por mala praxis- tienen que dar testimonio y se les llama a declarar, porque es su actuación la que se juzga. También esperan la resolución judicial definitiva, que puede tardar años.
"Hasta ahora no nos hemos preocupado especialmente de esas demandas, porque no hemos tenido ni la capacidad ni el tiempo de hacerlo. Pero se percibe que, cuando todo se termine de tranquilizar, puedan existir reclamaciones. Y eso se va a sentir como un refuerzo negativo para el profesional, que se puede convertir en una segunda víctima, teniendo en cuenta de dónde venimos..", explica María Cruz Martín Delgado, jefa de servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ante un auditorio de juristas expertos en Derecho Sanitario, en la primera jornada del XXIX Congreso de Derecho y Salud, Martín Delgado cuenta el estado de fragilidad en la que han quedado muchos de sus compañeros médicos, después de haber vivido un desgaste físico y emocional sin precedentes en el ejercicio reciente de esta profesión.
"Todavía faltan datos sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en los profesionales. Pero ya estamos viendo consecuencias del estrés moral, de la fatiga por compasión... El desgaste profesional es ya una realidad. El impacto de esta pandemia en los profesionales sanitarios ha sido enorme".
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"Ahora tenemos que proteger a nuestros profesionales sanitarios, porque se han convertido en una parte de la población especialmente vulnerable, si no lo hacemos, tenemos un riesgo, y creo que alto, de perder ese volumen de profesionales que han hecho excelente nuestro sistema sanitario", asegura.
"Todavía faltan datos sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en los sanitarios. Pero ya estamos viendo consecuencias del estrés moral, de la fatiga por compasión... El desgaste profesional es ya una realidad. El impacto de esta pandemia en los profesionales sanitarios ha sido enorme"
Las palabras de la médico conmovieron a un auditorio preparado para escuchar el relato de la pandemia reflejado en la enorme proliferación normativa, la jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional y las numerosas y variadas exigencias de responsabilidades que se otean en el horizonte, sin que se pueda reconocer con claridad su forma definitiva.
Martín Delgado puso al profesional sanitario, sus condiciones laborales y su delicado estado en el centro de la mesa de debate dedicada a la seguridad del paciente y la responsabilidad jurídica por covid, de la asociación AEGRIS.
En la misma sintonía, Javier Moreno Alemán, socio director de MBE Moreno Boj & Equipo, explicó que ante las reclamaciones por covid que se pudieran presentar "los sistemas sanitarios y sus profesionales no están para afrontar una batalla judicial" y apeló a una colaboración público-privada para responder a las posibles compensaciones por daños.
Por su parte, Yolanda Agra, subdirectora en la dirección general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad -que intervino mediante videoconferencia- y Alberto Pardo, subdirector general de Calidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, defendieron la necesidad de una Ley integral de seguridad del paciente, para rastrear las malas praxis sanitarias y mejorarlas "con la implicación del sanitario, pero no con su persecución".
En esta línea, la representante del Ministerio de Sanidad recordó el informe del Comité de Bioética sobre seguridad del paciente y afirmó que desde el Gobierno están trabajando en esa dirección.
Otra propuesta de reforma del sistema de reclamaciones de responsabilidad patrimonial pasa por facilitar la mediación.
Rosalía Fernández Alaya, magistrada, presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, explicó que en España hace falta "una regulación específica para la mediación en el ámbito contencioso, que sí hay en otros ámbitos como el civil y el familiar incluso en el ámbito penal". Pero no solo eso, "nos falta una cultura de mediación, no solo de las personas, sino muy principalmente de las instituciones, que sean conscientes de que hay otras formas, que no es la vía judicial, para resolver estos conflictos".
¿Qué ganarían los profesionales sanitarios con la mediación? "Además de la reducción importante del tiempo del proceso y, con ello, la disminución del desgaste emocional que supone estar sometido a estos procesos, una ventaja muy importante es que se evitaría la estigmatización del profesional. Esto es así porque todo lo que se desarrolla dentro de un proceso de mediación debe quedar estrictamente en este ámbito".
"La medicación es una vía extrajudicial, voluntaria y flexible. No hay nadie que imponga una solución, sino que son estas personas ayudadas por el mediador las que llegan a un acuerdo satisfactorio", concluye la magistrada.
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