El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y la Generalitat Valenciana vuelven a enfrentarse por el papel de la enfermería escolar, a raíz de una modificación que se pretende introducir a la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana través del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y de Gestión Administrativa -más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos- de 2022.
Mientras Cecova denuncia la intención del Gobierno valenciano de que sea el profesorado y personal docente de los colegios e institutos el que se encargue de suministrar la medicación a los alumnos con problemas de salud, Sanidad insiste en que las posibles modificaciones no alteran el hecho de que “la atención sanitaria de los escolares recae en el centro de salud de referencia del centro educativo, con el que está en permanente contacto y que dispone de todos los recursos para asistir a los menores si fuera necesario”.
Según los antecedentes que recuerda Cecova, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló, el pasado 19 de julio de 2021, la, resolución de 13 de junio de 2018, de las consejerías de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de Sanidad, en la que se dictaban las instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.
Sin embargo, denuncia, el Gobierno valenciano “no cesa en su pretensión de restar competencias a la figura de la enfermera escolar y atribuir responsabilidades sanitarias a los docentes”, señalando que la modificación legal que se pretende “supone un grave error ya que la norma que invalidó en julio el alto tribunal atribuía al personal de los centros docentes tareas que comprenden legalmente a los profesionales sanitarios (como la administración de los fármacos al alumnado enfermo)”.
Cecovaa insiste en que esa legislación “siempre ha rechazado tanto el profesorado, que se niega a asumir esa responsabilidad con trascendencia legal, como la Enfermería, que la considera que favorece el intrusismo y la discriminación profesional”. Ahora con la nueva redacción de la ley, “se pretende formalizar que los alumnos reciban medicación en los colegios, fuera del ámbito sanitario y de manos de personas que no sean sus padres, ya que hasta ahora la ley solo apuntaba que eran los centros de salud más próximos a los colegios los que debían garantizar la atención sanitaria específica necesaria”, denuncia Cecova.
'Obligar' a los docentes
Según Juan José Tirado, presidente de Cecova, “sin ningún tipo de lógica ni criterio sanitario, la Administración valenciana quiere volver a obligar a los docentes a asumir la responsabilidad de actuar ante la urgencia sanitaria que sufra un alumno, crear y mantener un botiquín, y establecer y manejar ficheros con información (privada) tan sensible y personal como es la de carácter sanitario”.
Tirado advierte que estas tareas impuestas al profesorado “son consideradas por la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana como un verdadero despropósito y serán recurridas legalmente en todas las instancias judiciales hasta que pasen a ser competencia de las enfermeras escolares”. Desde el Cecova, “queremos destacar que cualquier actuación profesional de nuestras enfermeras está cubierta por un seguro de responsabilidad civil contratado por el Cecova, no sucediendo lo mismo con las intervenciones en materia sanitaria que pueda llevar a cabo el personal docente de los centros educativos”, incide Tirado.
Ante estas afirmaciones, fuentes de Sanidad señalan que “la atención sanitaria de los escolares recae en el centro de salud de referencia del centro educativo, con el que está en permanente contacto y que dispone de todos los recursos para asistir a los menores si fuera necesario”.
En este sentido, matizan, “la única modificación prevista en el anteproyecto de la Ley de medidas fiscales y de gestión administrativa tiene por objeto que, en el caso de los niños sanos, no tengan que remitir a los colegios el informe escolar sobre la salud del menor que se hace cada cambio de ciclo. Únicamente aquellos que presenten patologías que necesiten algún tipo de adaptación curricular (por ejemplo, alergias para cambio de dieta) tendrán que presentarlo”. Por lo demás, afirman, “recuerda aspectos recogidos en resoluciones previas para la atención a estos niños con patologías, especialmente ante un caso de emergencia”.
Cecova anuncia que se mandará un escrito a las dos consejerías implicadas (Sanidad y Educación) con el fin de que recapaciten y rectifiquen su propuesta. De no ser así, ”iniciará todas las acciones pertinentes para evitar que otra legislación autonómica reste competencias a la enfermera escolar y exponga jurídicamente a los docentes”
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