El Ministerio de Igualdad ha abierto a consulta pública la reforma de la ley del aborto, para la que podrán enviarse propuestas hasta el próximo 12 de octubre. El arranque de los trámites legales para la futura ley llega tras días de polémica interna en el Gobierno, después de unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero,la pasa semana en las que expresaba su voluntad de regular la objeción de conciencia de los sanitarios y crear un registro para ellos con el objetivo de reducir trabas al aborto en la sanidad pública. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se expresó, sin embargo, inmediatamente en contra de esta idea, descartando que el Gobierno tuviese pensado regular la objeción de conciencia de los sanitarios.
Ataque a los derechos fundamentales
En un clima de tensión creciente, la Organización Médica Colegial y el Colegio de Médicos de Madrid emitieron duros comunicados en contra de la regulación de la objeción de conciencia del médico pretendida desde Igualdad. Según el Colegio de Médicos de Madrid, en concreto, esa regulación supondría un “menoscabo del derecho constitucional del médico” y de su código de conducta, "al pretender limitar el derecho al legítimo ejercicio de la objeción de conciencia [...] Nuestra sociedad no puede permitir un ataque a los derechos fundamentales de este calibre, sin antes hacer una profunda reflexión. Es preciso que todos pensemos en las graves implicaciones que se derivan de inmiscuirse en la libertad de conciencia ya que podrían alterar todo el sistema de libertades reconocido en la Constitución y en las leyes".
La consulta pública abierta este martes por Igualdad no alude en ningún momento de forma expresa a la regulación de la objeción de conciencia o a la creación del controvertido registro de objetores (a los que sí hizo referencia la ministra de Igualdad en sus declaraciones de la pasada semana) si bien sí pide establecer medidas y protocolos para evitar inequidad en el acceso al aborto en la sanidad pública y en las diferentes autonomías. Además, prevé que la norma incremente también la formación del médico en la materia: “Otro elemento esencial para la garantía del derecho a la salud sexual y reproductiva pasa por la formación de las y los profesionales sanitarios, y por potenciar la investigación y los estudios, así como el fomento de buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los buenos tratos y las relaciones respetuosas e igualitarias”.
En concreto, la consulta pública explica que tras “once años de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, son notables los avances experimentados, pero se aprecia la existencia de obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos” en la ley del aborto.
Derogación de la reforma de 2015
La principal de esas limitaciones sería la reforma introducida por la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, que Igualdad quiere derogar para que en adelante las menores de 16 y 17 años no precisen de consentimiento previo de sus padres o tutores para poder abortar. Además, “la reforma de 2015 restringe la capacidad de decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años, limitando lo establecido para otro tipo de prestaciones sanitarias en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente. Atender este problema es uno de los aspectos centrales a los que pretende dar respuesta la modificación de la norma, en tanto se pretende garantizar los derechos de las mujeres jóvenes, y tratar la prestación de la IVE en condiciones de igualdad respecto a otro tipo de prestaciones sanitarias, contribuyendo a la eliminación del estigma que aún soporta”, explica la consulta pública.
El otro caballo de batalla de Igualdad en la reforma de esta ley sería el acceso al aborto en la sanidad pública. Al tratarse sólo de una consulta pública para la elaboración del texto legal y no de un borrador ya elaborado, no se hace mención expresa al registro de objetores ni a la regulación de la objeción de conciencia, pero sí se advierte de las inequidades en el acceso al aborto en la sanidad pública.
El 80% de abortos se realizó en centros privados
Según afirma Igualdad en la consulta pública “los Informes sobre interrupción voluntaria del embarazo del Ministerio de Sanidad permiten identificar, además, una serie de obstáculos que dificultan el acceso a esta prestación del Sistema Nacional de Salud. El Informe publicado en 2019 destaca que el 87,14 % de las IVE se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales el 79,02 % fueron en centros privados. De la comparativa de los informes anuales publicados entre 1988 y 2018, se extrae que hay ocho provincias en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo. Estos datos indican que existe un problema en relación con la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”.
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"Resulta necesario, por todo ello, reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, sea cual sea su situación administrativa o provincia de residencia”, concluye el texto de Igualdad sin detallar aún cómo se articularán esas medidas.
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