"Año de nieves, año de bienes" o, traducido a la lectura que el Sistema Nacional de Salud (SNS) puede hacer del refranero: año de pandemia, año de conflictividad laboral. La tensión latente en el SNS tras muchos años de reivindicaciones profesionales parcialmente atendidas o directamente ignoradas por las sucesivas administraciones sanitarias ha aflorado a lo largo de un año en el que los sanitarios se han visto particularmente exigidos por el reto de la pandemia.
Si desde el pasado mes de marzo el agradecimiento de la población al trabajo de los profesionales se tradujo en aplausos espontáneos y continuas muestras de solidaridad -a las que políticos de todos los signos se sumaban entusiastas a la primera ocasión-, el hartazgo de esos mismos profesionales estalló en una conflictividad laboral de creciente intensidad, al constatar que aplausos y solidaridad no tenían traducción efectiva alguna en sus condiciones de trabajo
Empezaron los residentes -en concreto, los de Madrid- y lo hicieron en julio, apenas superado el sofoco inicial de la primera ola de la pandemia. A partir de ahí, la mecha que habían encendido los especialistas en formación de la capital prendió como una cerilla en la gasolina del malestar generalizado de los residentes de toda España. Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Extremadura... se fueron sumando paulatinamente a las movilizaciones con concentraciones puntuales, paros esporádicos o convocatorias de huelga que obligaron a sus respectivas administraciones a sentarse a negociar una mejora de sus condiciones.
La huelga MIR de Madrid prendió como una cerilla en la gasolina del malestar general
El detonante de la huelga convocada en Madrid en julio fue la negativa de la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero a negociar el convenio elaborado por el Comité de Empresa MIR (formado mayoritariamente por el sindicato Amyts), que, de haberse aprobado, sería el primer convenio específico para este colectivo. La consejería y, con ella, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso alegaban que la negociación de las condiciones -tanto laborales como formativas- de los residentes se regulan con arreglo a la normativa nacional y que, por tanto, las comunidades no tenían -ni tienen- competencias para abordar esa negociación.
En el fondo, sin embargo, el malestar de los residentes madrileños tenía que ver con el incumplimiento de buena parte de las condiciones formativas recogidas en esa normativa nacional y con la escasa o nula mejora de sus condiciones laborales y retributivas en la última década.
Y si la mecha prendió con tanta celeridad en el resto de las autonomías fue porque ese malestar era compartido, y se sustanciaba incluso en idénticos o parecidos términos a la hora de redactar el catálogo de reivindicaciones MIR en cada comunidad: respeto de la libranza obligatoria después de una guardia, "estricto cumplimiento" del descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, revisión al alza del precio de la hora de guardia y los complementos salariales de formación; cobro del prorrateo salarial durante los periodos de vacaciones, baja médica o laboral y rotación externa; supervisión obligatoria y presencial de los MIR de primer año, limitación del número de residentes por cada adjunto, "estricto cumplimiento" del programa formativo de cada especialidad, establecimiento de lugares de descanso dignos...
En plena segunda ola, las reivindicaciones MIR están aparcadas, pero no olvidadas
"Ni siquiera durante la pandemia, y pese al evidente riesgo de contagio existente, se consiguió abolir la perniciosa práctica de las camas calientes [en referencia a la cama que comparten varios residentes durante una guardia], recuerda Sheila Justo, presidenta del Sector MIR del sindicato Amyts. Y éste es sólo un ejemplo de la estéril lucha del colectivo.
Después de más de cinco semanas de paros y movilizaciones masivas, a finales de agosto los residentes de Madrid firmaron con el Gobierno de Díaz Ayuso un documento de fin de huelga que recogía parte de sus reivindicaciones y explicitaba el compromiso de la Administración autonómica de abordar esas mejoras de forma paulatina en los próximos meses. "Ese preacuerdo contenía las medidas mínimas que considerábamos necesarias para poder llegar a alcanzar la solución del conflicto. Sanidad y Hacienda mostraron en su día voluntad de negociación, pero seguiremos estando vigilantes para certificar que hay mejoras concretas", advierte Diego Boianelli, que durante la fase más álgida del conflicto ejerció como presidente del Comité de Huelga MIR.
En mayor o menor medida, con más o menos logros y promesas de concreción futura, los residentes de las comunidades autónomas levantadas en armas fueron deponiendo paulatinamente sus respectivas movilizaciones que, ahora, en plena segunda ola de la pandemia parecen momentáneamente aparcadas. Incluidas las de los MIR de la Comunidad Valenciana que, sobre el papel, siguen en huelga después de casi cinco meses de conflicto con el Gobierno de Ximo Puig, al no haber alcanzado oficialmente ningún acuerdo con la consejería que dirige Ana Barceló.
Conflictividad autonómica
Trufando las movilizaciones de los MIR y, en muchas ocasiones, coincidiendo con ellas en tiempo y espacio, los mayores empezaron a dar muestras de su creciente hartazgo en varias comunidades.
Si el maremoto asistencial que sacudió al mundo a partir de marzo obligó a aplazar sine die las reivindicaciones profesionales, laborales y salariales que los médicos de las 17 autonomías llevaban poniendo sobre la mesa desde la crisis económica de 2010, el fin de la primera ola de la pandemia permitió hacer un alto en el camino... que, en el caso de los médicos, sirvió para constatar que si su situación de partida era mala, la deficiente gestión de la crisis la había agravado hasta extremos insoportables. El dato más ominoso de ese empeoramiento tiene nombres y apellidos: el de los 80 facultativos fallecidos y los más de 90.000 profesionales sanitarios infectados por la covid.
"La pandemia fue la gota que hizo rebosar un vaso lleno de sufrimiento, sudor y lágrimas. La primera ola nos sorprendió a todos, pero dimos lo mejor que teníamos y pudimos salir adelante casi sin medios, y a costa de enfermedad o muerte en nuestras carnes, o en la de nuestros convivientes", afirma Daniel Bernabéu, vicepresidente del sindicato Amyts. En esta segunda ola -añade el dirigente sindical-, los profesionales no se enfrentan sólo al virus, "sino a la incompetencia y a la mala praxis de nuestros gestores y políticos, autonómicos y nacionales".
Entre una y otra ola -si es posible establecer límites claros en algo que parece un continuo- y, mientras España contenía la respiración ante las alarmantes cifras de contagios y rebrotes que llegaban después del verano, los médicos de varias comunidades autónomas (País Vasco, Madrid, Castilla y León, Cataluña...), convocados por uno u otro sindicato, empezaron a secundar movilizaciones de diferente intensidad para decir claramente a sus respectivas administraciones sanitarias que hasta aquí habían llegado.
La conflictividad autonómica -que exacerbaba la perspectiva de una segunda ola de la pandemia que las consejerías autonómicas pretendían afrontar sin suplir sus muchas carencias en materia de recursos humanos, especialmente en primaria- parecía sólo el ensayo general para la gran puesta de largo: la primera huelga médica nacional que se convocaba en España en el último cuarto de siglo. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) llamó a los más de 15.000 facultativos que ejercen en las 17 autonomías a secundar un paro indefinido a partir del 27 de octubre, que, sobre el papel, se repetiría los últimos martes laborales de cada mes.
CESM convocó en octubre la primera huelga médica nacional en 25 años
"La huelga de octubre fue un hito histórico, y no tanto por el seguimiento efectivo de las movilizaciones, que también, como por el hecho de que estuviera convocada a nivel nacional para un ámbito, el sanitario, en el que las competencias están transferidas a las autonomías. En teoría, las reivindicaciones que más movilizan a los profesionales son las que se sustancian en su lugar de ejercicio, pero la masiva respuesta de octubre, y de las semanas posteriores, evidencia que los problemas son comunes y que los primeros meses de la pandemia los habían potenciado todavía más", resume Tomás Toranzo, presidente nacional de CESM.
Razones había de sobra -y sobradamente conocidas- para salir a la calle, argumentaba CESM, y la deficiente gestión -nacional y autonómica- de la pandemia (problemas organizativos, caos estadístico, ausencia de equipos de protección (EPI), sonrojantes enfrentamientos políticos, alarmante falta de profesionales en determinadas especialidades...) brindaba aún más razones. Pero la gota que colmó el vaso de la ya muy maltrecha paciencia profesional fue la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del Real Decreto-ley 29/2020, una norma que, en teoría, debía ayudar a suplir las carencias de personal para afrontar la segunda ola de la pandemia.
Los artículos 2 y 3 de ese decreto, que contienen medidas específicas en materia de recursos humanos, facultan a las comunidades, entre otras cosas, para contratar a graduados en Medicina que no tengan el MIR hecho y/o a médicos extracomunitarios que todavía no tengan su título debidamente homologado. Permiten, además, que las autonomías muevan forzosamente a los médicos y enfermeros de una unidad a otra, o incluso entre niveles asistenciales (de un centro de salud a un hospital o viceversa), si la falta de personal derivada de la pandemia "así lo aconseja".
El conflicto se personalizó en Illa, pero la huelga iba dirigida también contra las CCAA
El detonante de la huelga indefinida de octubre fue esa norma, y el malestar de CESM se focalizó en el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, pero los dirigentes autonómicos sindicales matizaron que la huelga no iba sólo contra el ministerio, sino contra la posibilidad de que las consejerías de Sanidad de las 17 autonomías aplicasen ese decreto para cubrir las carencias estructurales de plantilla acumuladas durante años de cuestionable gestión sanitaria. "Las comunidades están encantadas de que el ministro les haya dado una coartada legislativa que, en teoría, sólo pueden usar en circunstancias excepcionales, pero que ya veremos cómo usan", advertía, de hecho, Víctor Pedrera, vicesecretario general de CESM, en vísperas del inicio de la huelga.
La primera e inexcusable exigencia de CESM para desconvocar la huelga indefinida era, precisamente, la retirada inmediata del decreto, y la segunda -e igualmente inexcusable- era que Salvador Illa les recibiese personalmente para abordar el contenido de la norma, pero también para establecer un cronograma concreto de actuación para abordar todas y cada una de las reivindicaciones históricas del colectivo. Hasta siete cartas le remitieron al ministro desde CESM, desde el Foro de la Profesión y desde la Organización Médica Colegial (OMC) para pedirle una entrevista, y ninguna obtuvo una respuesta, ni positiva ni negativa.
Proverbial cambio de caras
Al final, como casi siempre, un cambio de caras marcó el inicio del deshielo entre CESM y la Administración central. Vicenç Martínez asumió en noviembre la Dirección General de Ordenación Profesional de Sanidad en sustitución del controvertido Rodrigo Gutiérrez Fernández (fuertemente contestado por los médicos, y especialmente por los MIR), y en menos de 15 días mantuvo hasta tres reuniones (una con el Foro de las Profesiones Sanitarias -integrado por médicos y enfermeros- y dos con representantes del sindicato convocante de la huelga) que propiciaron el acercamiento.
El cambio de talante ministerial, unido al recrudecimiento de los datos epidemiológicos en la mayoría de las comunidades, llevó a CESM a anunciar la suspensión de las jornadas de huelga nacional previstas, empezando por la que estaba convocada para el 29 de diciembre, para cerrar un año marcado por la conflictividad laboral. "El contexto sanitario actual y la buena predisposición de Ordenación Profesional nos han llevado a tomar esta decisión, pero hablamos sólo de una suspensión temporal, a la espera de cómo evolucionan las cosas", advierte Toranzo.
De entrada, lo que CESM planteaba como una "retirada inmediata" del controvertido decreto de Personal se transformó después de esas primeras tomas de contacto en la posibilidad de abordar una "modificación consensuada" a la hora de aplicar la norma en los distintos servicios de salud. "Por la propia naturaleza de las medidas previstas en el decreto, si no se retira definitivamente lo cierto es que tiene fecha de caducidad, porque esas medidas sólo serían aplicables durante la vigencia del estado de alarma, y eso no es eterno", puntualiza el presidente de CESM.
"Retos mayúsculos"
A menos de 24 horas para que expire el año más convulso en la historia del sistema sanitario español -y mundial-, las dudas e incertidumbres que dejan los últimos 365 días en materia de recursos humanos son tan numerosas, según Toranzo, como difíciles de despejar. "2021, pero no sólo 2021, sino todos los años que vienen detrás, abren muchos interrogantes y retos mayúsculos para el SNS. O los afrontamos entre todos o pueden conducir al sistema a un callejón sin salida".
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La "correcta delimitación" de las competencias profesionales, para "evitar posibles fraudes y mermas de la calidad asistencial con prácticas cada vez más habituales como la telemedicina, que hurtan el contacto presencial"; la "necesaria revisión y actualización" de la legislación que regula el ejercicio profesional (Estatuto Marco y Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias), la planificación "racional y anticipatoria" de las necesidades estructurales de plantilla del sistema sanitario y la "obligada revisión" del sistema de formación sanitaria especializada son algunos de los retos que el SNS tiene en el horizonte al menos durante la próxima década, según Toranzo.
CESM reitera la necesidad de que los médicos se rijan por una regulación propia
Y entre ellos uno que el presidente de CESM no se olvida de mencionar en cuanto tiene ocasión: "Este sindicato lleva años insistiendo en la necesidad de que los facultativos, por sus especiales características de ejercicio, tengan una regulación específica en el SNS. Parece como si esta demanda tuviera un efecto dominó en el resto de las categorías, y la administración -todas las administraciones- son reacias a abordarla, pero lo cierto es que la ausencia de esa regulación propia ha impedido, y sigue impidiendo, un correcto desarrollo profesional del colectivo médico".
Si abordar esos retos ya era urgente en circunstancias normales, la convicción de Toranzo de que "la pandemia ha puesto en evidencia preocupantes carencias de nuestro sistema sanitario" hace que esas reformas sean ahora, para el presidente de CESM, "absolutamente inaplazables".
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