El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2019, elaborado por la Sindicatura de Cuentas autonómica, ha revelado un notable descenso del peso de las desviaciones presupuestarias de la Consejería de Sanidad respecto al total de la Administración valenciana. En concreto, las modificaciones ascendieron en 2019 a 2.238,4 millones de euros, de los cuales 875,8 correspondieron a Sanidad (39,12 por ciento). En contraste, en el informe anterior los 828 millones que presentaba el departamento que dirige Ana Barceló suponían un 54,81 por ciento del total (1.510,5 millones). Ese descenso del peso se debe en gran medida al incremento de la partida de Servicio a la deuda, que ha pasado de 446,8 a 960,8 millones de euros.
Sanidad, al igual que en ejercicios anteriores, concentra la mayor parte de las modificaciones presupuestarias del ejercicio, en sus capítulos 1 (236 millones), 2 (413,3) y 4 (220,7) Ello obedece, fundamentalmente, “a la imputación presupuestaria de los gastos de ejercicios anteriores financiados con el FLA”.
El informe, que ha sido entregado por el síndico mayor, Vicent Cucarella, tanto al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, como al de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, insiste en la necesidad de que “el presupuesto inicial de gastos debe contener la consignación de créditos suficiente y adecuada para atender todos los gastos previsibles e ineludibles, calculados de forma realista”.
En particular, señala que debe dotarse a Sanidad “de los créditos que se ajusten a la realidad prevista, de forma que los responsables de los diferentes centros dispongan de una herramienta fundamental para la gestión económica, cuya utilidad actualmente está desvirtuada por las deficiencias existentes que dificultan la aplicación de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia”.
Denuncia de infrafinanciación
La sanidad es uno de los servicios públicos fundamentales que se han visto muy afectados por la actual crisis sanitaria y económica. “El gasto en sanidad ha superado cualquier presupuesto previo y sus servicios han rozado el colapso en diferentes momentos”, señala el informe. Precisamente, según denuncia la Sindicatura de Cuentas, la pandemia de 2020 se ha utilizado como nuevo pretexto “para no iniciar la negociación de un nuevo modelo de financiación, a lo que se ha unido la excusa de una menor urgencia por la ampliación en los límites de endeudamiento”. Se trata de una reivindicación histórica de la Comunidad Valenciana que no se ataja cuando “en estos momentos urge más que nunca resolver esta situación”.
Sin embargo, alerta, las consecuencias son muy diferentes si el problema financiero se resuelve con un aumento de la financiación autonómica o si se efectúa con un incremento de la deuda. “Una adecuada financiación reduciría la necesidad de un endeudamiento que habrá que devolver en el futuro, con el consiguiente menoscabo en el bienestar de la ciudadanía valenciana”.
En definitiva, la inadecuada financiación autonómica no solo está ahora perjudicando la acción del sector público en momentos difíciles, sino que eleva la deuda pública valenciana “y condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida desde hace más de una década”.
Concesiones sanitarias
En relación a las concesiones administrativas para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral, el informe apunta que todavía quedan 37 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de elaboración y, por lo tanto, no es posible determinar los efectos que tendría el adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2019.
Por otro lado, no se ha podido comprobar que la propuesta del acta definitiva de recepción de los bienes y servicios afectos a la concesión del servicio público de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de la Ribera haya sido aprobada por el órgano competente y fiscalizada por la Intervención, “por lo cual no consta que la reversión haya sido realizada de conformidad y a satisfacción de la Administración de la Generalitat”.
Alerta de alta temporalidad
El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2019, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, alerta de que la temporalidad del personal estatutario dependiente de Sanidad estaba en 2019 en unos niveles muy elevados, “ya que representaba el 61,1% del total, habiendo aumentado más de 20 puntos en el periodo 2012-2019”. Se trata de una denuncia muy en sintonía con lo expresado por las principales centrales sindicales.
Las últimas ofertas públicas de empleo no han paliado esta situación y, adicionalmente, “los planes de ordenación de recursos humanos de las instituciones sanitarias dependientes de Sanidad publicados hasta el momento no cumplen lo dispuesto en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud”. Según el informe, la actual situación de emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de que Sanidad “realice una planificación estratégica de recursos humanos de las instituciones sanitarias”.
También destaca el impacto de Sanidad en el apartado de expedientes de resarcimiento injusto. Durante el ejercicio 2019, se han tramitado 435 expedientes por un importe conjunto de 1.443,0 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,3% con respecto al ejercicio anterior en cuanto al número de expedientes (aumento del 1,5% respecto al importe total del ejercicio 2018). De ellos, Sanidad representa el 90,2% del total (92,8% en 2018). Del importe total de expedientes tramitados en 2019, 490,4 millones de euros corresponden a gastos de ejercicios anteriores y 952,6 millones de euros, a gastos del propio ejercicio 2019.
Respecto a estos últimos, 844,9 millones de euros corresponden a gastos de carácter sanitario tramitados por Sanidad contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas, “incumpliéndose los principios y normas de contratación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público”.
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