"De esta pandemia saldremos mejores" fue una de las frases más repetida por marzo, al son de los aplausos a los sanitarios. Ahora nadie cree que tras vivir esta crisis sanitaria y social, en su concepto más amplio, vayamos a salir mejores. Por lo menos, no de una manera automática.
Podemos salir más sabios, como sociedad, si analizamos lo ocurrido, reconocemos los errores y trazamos mejores soluciones. Con el tiempo que ahora tenemos y que no teníamos en marzo, no hay excusas para no hacerlo. El Consejo General de la Abogacía ha elaborado un documento, muy asequible, de 30 páginas, en el que propone un decálogo de ámbitos en los que actuar para que próximas pandemias -que, según coinciden los expertos, van a llegar- nos encuentren mejor preparados como sociedad.
En esta reflexión han colaborado expertos reconocidos en cada una de estos grandes ámbitos de actuación y han sido coordinados por la abogada y política Francisca Sauquillo.
"Primero: mejorar el marco legal con una ley de pandemias"
El primero de estos grandes temas hace referencia al marco legal del que debemos dotarnos para dar una mejor respuesta a futuras crisis sanitarias. Carlos R. Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, aconseja la elaboración de una ley de pandemias, "que permita realizar un enfoque integral y coordinado de las competencias y los poderes en el Estado autonómico" con el objetivo de lograr "una mayor eficiencia en la gestión". Evidentemente, la citada ley "exigiría modificar algunas otras normas en la medida en que fueran incompatibles y debe verse acompañada de una armonización de todas aquellas que sean aplicables a una situación de esta naturaleza".
Fernández Liesa, apunta que "la reacción a la pandemia debe, por otra parte, basarse en criterios científico-técnicos, lo que exige crear un órgano técnico, que debiera estar regulado en la ley de pandemias, con independencia de que en las decisiones políticas se realice la debida ponderación de todos los intereses en presencia".
Además, razona que "habría que desarrollar la ley de estado de alarma, excepción y sitio (e incorporar en su caso la ley de pandemias) de acuerdo con los artículos 116 y 55 de la Constitución Española y con la experiencia de esta pandemia, para desarrollar estándares de actuación que permitan la limitación de los derechos sin acudir al estado de excepción, que no está previsto para pandemias, sino para situaciones que alteren gravemente el orden público".
Un capítulo especial en esta pandemia merece el trato a los grupos más vulnerables: los mayores, personas con una discapacidad, con enfermedades crónicas, a los menores, así como a los colectivos sin hogar, población penitenciaria y personas inmigrantes y refugiadas. Son varios los profesionales que han llamado la atención sobre lo que se ha hecho mal y debería hacerse mejor en relación a estas personas especialmente débiles, por su condición social, estado de salud o edad.
"Segundo: respeto a los derechos de los más vulnerables por razones sociales, económicas, de salud, de edad..."
Carlos Romeo Casavona y José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, miembro del Consejo Científico y director, respectivamente, de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad Abogacía, reflexionan sobre las personas mayores. Recuerdan en su texto que las personas mayores deben ver garantizado el respeto a sus derechos en el contexto de cualquier crisis sanitaria. En especial, señalan los expertos, "el respeto de su autonomía sobre las decisiones relativas a su tratamiento médico; la no discriminación en el acceso a las unidades de cuidados intensivos por razón de la edad o de otra circunstancia distinta a criterios clínicos comúnmente aceptados y, por último, el derecho a acceder a los cuidados de salud, alimentarios y otros de tipo personal, sin que sean abandonados a su suerte".
En tercer lugar, el acceso a medicamentos y vacunas. José Vida Fernández, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, recuerda en el texto que "el acceso a los medicamentos y productos sanitarios en situaciones de pandemia constituye un factor determinante para garantizar el derecho a la salud que no se encuentra regulado de forma sistemática, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo los ajustes necesarios".
"Tres: el acceso a medicamentos y productos sanitarios debe estar garantizado en situación de igualdad"
En relación a la autorización de los medicamentos, Vida apunta que este mecanismo "debe ser una garantía y no un obstáculo, por lo que se debe asegurar tanto su seguridad y calidad como la celeridad en el acceso". Añade que "el sistema de patentes se ve profundamente alterado en situaciones de pandemia en la que prima el interés público sanitario y se alteran las dinámicas que justifican la incentivación de la inversión privada por distintos factores (financiación pública, compra anticipada)".
Además, en esta situación excepcional "debe garantizarse el abastecimiento de medicamentos y productos sanitarios para permitir el acceso por la ciudadanía en condiciones de igualdad. La financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios garantiza el derecho de acceso a todas las personas sin discriminación".
José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud, de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III), ve necesario redefinir el Sistema Nacional de Salud con un nuevo rol y dotarlo de una financiación suficiente.
¿Por qué lo público? Repullo explica "por su misión y vinculación directa al interés general, tiene una capacidad de respuesta inmediata e incondicional que no puede esperarse de los servicios sanitarios privados", apunta.
"Cuatro: un SNS con financiación suficiente y con un nuevo rol"
"Un Sistema Nacional de Salud (SNS), bien financiado, gobernado y coordinado es una primera precondición para que la sanidad responda de forma equitativa y apropiada a las amenazas de pandemias y catástrofes. Y, además, el SNS ha de asumir un nuevo rol de preparación para las pandemias, asegurando los insumos estratégicos y fomentando una mayor soberanía española en la producción y acceso a material y medicamentos necesarios".
Para continuar, la necesidad de introducir novedades en nuestro marco legal para mantener a salvo los derechos fundamentales impactan de lleno en el ámbito de la tecnología. José Moisés Martín Carretero, economista y profesor de la Universidad Camilo José Cela, reconoce que "la irrupción de la pandemia ha traído consigo la aceleración del proceso de digitalización de nuestra economía y nuestra sociedad, con la extensión del teletrabajo, el incremento del uso de las redes sociales [...]y el recurso masivo al comercio electrónico. Elementos todos ellos que configuran un nuevo escenario en el ejercicio no sólo de nuestros derechos civiles y sociales, sino también en la configuración del propio concepto de ciudadanía, que, hoy, es más digital que nunca".
"Quinto: desarrollar los derechos digitales"
Pues bien, en este contexto, "la consolidación de una digitalización rica en derechos debe partir de la incorporación a nuestro acervo de una serie de nuevos derechos relacionados con la tecnología: el derecho a una protección social y laboral justa en contextos de teletrabajo, el derecho a que se protejan nuestros intereses en materia de comercio electrónico y a que su extensión no redunde en una mayor desprotección del consumidor, el derecho a la propia imagen en la redes sociales, a la libertad de expresión y de información veraz y efectiva, el derecho a la seguridad, privacidad y propiedad de nuestros propios datos, el derecho a no ser localizados usando nuestros teléfonos móviles..."
Y un gran étcétera, de derechos que Martín Carretero consideran "deben hacerse efectivos a través de una adecuada regulación y a través de un conjunto de políticas públicas, la mayoría de las mismas todavía por desarrollarse". En definitiva, "los derechos digitales deben acompañar de ahora en adelante nuestro proceso de digitalización".
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