El retraso de una cesárea motiva una condena de 4,2 millones de euros

El Juzgado de Instancia número 21 de Madrid ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 4,2 millones de euros a la familia de una niña que padece una parálisis cerebral debido a la falta de oxígeno al nacer. El abogado de la familia, Alvaro Sardinero, colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente, explica que de los 4,2 millones: 2,7 deberá abonarlos la aseguradora Zúrich, y 1,5 millones el Servicio Andaluz de Salud de manera directa. (Consulte aquí la sentencia)

Los hechos que han motivado el durísimo reproche judicial se remontan a 2015, cuando la madre de la menor acudió a dar a luz a un hospital público andaluz. Después de una gestación “absolutamente normal”, según la madre ha explicado en rueda de prensa, rompió aguas con presencia de meconio, un signo que pone de manifiesto un posible sufrimiento fetal y que obliga a acelerar el parto. Pues bien, lejos de actuar con premura, la gestante permaneció prácticamente sin atención médica durante ocho horas, según explicó. En un primer momento, y cuando habían transcurrido dos horas desde que rompió aguas, se intentó un parto vaginal mediante una estimulación farmacológica. Seis horas después, la mujer seguía sin dar a luz y, entonces, se decidió realizar una cesárea.

Baremo de tráfico

La jueza se ha servido del baremo de tráfico que entró en vigor en 2016 para contabilizar la cuantía de la indemnización. Aunque los hechos ocurrieron en 2015 y, por tanto, la última actualización de las tablas de tráfico no se había producido, la jueza admite que la estabilización de las secuelas no ocurrió hasta 2017, que fue cuando se le reconoció a la niña una minusvalía del 80%. La condena de 4,2 millones de euros eleva el techo conseguido hasta ahora por una indemnización derivada de una mala praxis médica. Sin embargo, hay que esperar a que los recursos se agoten y la sentencia se haga firme para conocer el alcance real de esta cuantía. 

Al nacer la niña dio signo de falta de oxígeno, pues no respondía a estímulos. La negligencia que reconoce el juez se centra en el abandono de la gestante, lo que agudizo la hipoxia desencadenante de la parálisis cerebral que sufre la menor. Además, el juez reprocha a la defensa judicial del Servicio Andaluz de Salud que no presentara el registro cardiotocográfico para determinar en qué momento se perdió el bienestar fetal.

Las pruebas periciales aportadas al juicio demostraron que durante la gestación no hubo patología alguna, es decir, la niña venía bien. De este modo, la jueza avala la valoración pericial presentada por el abogado de la familia, que señala: “La cesárea fue tardíamente indicada y practicada, produciéndose un sufrimiento fetal agudo con hipoxia-isquémica presentando la nacida a los 30 minutos de vida quejido y aleteo nasal, característico de esa falta de oxígenación, ratificado por la perito. 

Hoy la niña tiene una discapacidad reconocida del 80 por ciento y depende de su madre para todo. Los 4,2 millones de euros no han sido consuelo para la familia que, en declaraciones a los medios, pidieron mantener el anonimato. No han querido dar el nombre del hospital, ni tampoco aparecer con su rostro. Solo quieren que este tipo de condenas sean ejemplarizantes para que no vuelva a suceder. “Porque esto se podría haber evitado”, apunta la mujer.

Desglose de la cuantía 

La sentencia que recoge la millonaria indemnización de 4,2 millones de euros no es firme. La aseguradora Zúrich, que cubría los riesgos del Servicio Andaluz de Salud cuando sucedieron los hechos, puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el recurso que puede presentar lo hará solo por 2,7 millones de euros, que son el 1,7 millones de la cuantía principal de la condena más el millón que suman los intereses y las costas, a las que también condena el juez. Zúrich no va a pagar más, porque su contrato con la Administración andaluza tenía un límite por siniestro que era de 1,7 millones.

El resto hasta los 4,2 millones que ha fijado el juez de Madrid deberá abonarlos el SAS, pero antes el abogado de la familia, Álvaro Sardinero, debe presentar una reclamación en los juzgados de lo Contencioso y obtener una sentencia que confirme esa indemnización. Es cierto, que la condena del juzgado de Madrid allana el camino para alcanzar ese fallo condenatorio, pero todavía habrá que esperar al juicio.

 

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