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martes, 7 de julio de 2020

El Ministerio cifra 18.000 los fallecidos en residencias con sospecha o confirmación de covid y reconoce caos en la cifras

Política y Normativa
lauraibanes
Mar, 07/07/2020 - 09:28
Coronavirus
Paciente anciano intubado en una UCI.
Paciente en una UCI.

El Ministerio de Sanidad presentó hace tan sólo unos días a las Comunidades Autónomas su balance sobre el “sistema de información de centros residenciales Covid-19”, el sistema que ideó para contabilizar las muertes por coronavirus en centros de mayores y de personas con discapacidad. Durante meses se ha preguntado en vano en cada rueda de prensa el Ministerio de Sanidad sobre estos datos que, permanentemente, se ha dicho que se estaban depurando, y que en cualquier caso siguen sin hacerse públicos oficialmente. 

El documento presentado a las autonomías, en apenas unas cuantas diapositivas, detalla que se habrían producido en total 27.359 muertes en residencias desde que se monitoriza la cuestión, si bien esta cifra se reconoce que es incoherente, en tanto, en tanto se han constatado 32.843 en las residencias en ese mismo periodo.  

De esas 27.359 muertes que reconoce el documento, 9.003 se habrían producido por coronavirus y otras 9.830 serían muertes con sintomatología compatible con covid pero sin confirmación de diagnóstico de coronavirus. El documento detalla además que se habrían intervenido 391 centros residenciales que aglutinaban al 9,2% de todos los residentes en estas instituciones y que entre ellos se habría detectado a un 59% de residentes sin síntomas ni aislamiento, un 6,7% sin síntomas pero en aislamiento preventivo, un 0,4% con síntomas compatibles y un 9,3% con diagnóstico confirmado. Además se habría observado dificultad en la gestión de cadáveres del 0,3% de residencias intervenidas, y ausencia de medios en el 21,5% de ellas.

Una autonomía no reporta datos y otras en muy pocas ocasiones

El documento de Sanidad, reconoce tras meses con los datos de las residencias en el punto de mira enormes carencias en la calidad de los datos: ha habido autonomías que han reportado datos hasta en 23 ocasiones, mientras que una comunidad no ha notificado nunca sus datos, dos sólo lo han hecho en una ocasión, una tercera autonomía sólo en 3 ocasiones y una cuarta autonomía sólo 9 veces. 

La propia presentación de datos del ministerio reconoce que se trataba de una “plataforma poco amigable para el registro”, que había “ausencia de depuración de los datos por el sí” y que habría discrepancia en los datos entre las 27.359 muertes reportadas en residencias por cualquier causa y las 32.843 constatadas oficialmente.

El ministerio reconoce incoherencia en las cifras

Además se constata incluso incoherencia en la evolución de los datos “los datos agregados de centros de intervenidos, residentes intervenidos o número de fallecimientos deberían ser incrementales pero en algunas autonomías disminuyen”.

La Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales no ha tardado en reaccionar a la publicación de este informe. Según ha criticado “ la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las Comunidades Autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias” estableció un sistema que ha provocado “inconsistencia de los datos”, que “tal que el propio Ministerio concluye que difícilmente puedan ser objeto de difusión”.

Los gerentes sociales critican que “la información sobre el número de residentes encuadrados en cada una de las categorías que establecía la orden, así como sobre el número de fallecimientos debía ser registrada y proporcionada por los departamentos de sanidad de las Comunidades Autónomas y los criterios para el triaje, como es lógico, debían ser inequívocas para que pudieran ser mínimamente fiables. No es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos. Sirva como ejemplo para evidenciar esto que, en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos”.

Ante la incoherencia en los datos proporcionados, Gerentes Sociales afirman que “es incomprensible que, a estas alturas, pasadas las emergencias del principio, todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada que permita la realización de estudios de los centros para poder poner en pie un relato objetivo y certero de lo que ha pasado y poder proponer medidas a tomar”. 

Qué hacer en caso de rebrote

Por ello instan de manera urgente  monitorizar los datos de las residencias para implantar un Sistema de alerta temprana y seguimiento unificado para todo el Estado y realizar estudios de los centros (anonimizados) para encontrar evidencias científicas de dónde se han tomado decisiones que han protegido a los residentes.

En su opinión es necesario también contar con EPIS y la posibilidad de realizar pruebas a los residentes y al personal de las residencias (principal vector de transmisión) y establecer establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios.

Poniéndose en el peor escenario de un rebrote, los gerentes sociales afirman que debería valorarse “medicalizar las residencias con recursos humanos y técnicos del sistema público de salud implantando medidas de hospitalización para los residentes en los propios centros de mayores. Se contribuiría con ello a aliviar la presión en los centros hospitalarios, se reduciría el riesgo de contagio en una población tan vulnerable”.

Tras meses de espera, el informe de muertes en las residencias llega envuelto en dudas y reconocimiento de la incoherencia en los datos. coronavirus Off Laura G. Ibañes Off

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