El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana el Dictamen de Sanidad para la Comisión de Reconstrucción Social y Económica frente a la Covid-19, que propone (punto 47.2) prohibir la financiación de actividades de formación a profesionales sanitarios por parte de la industria y el patrocinio de asociaciones de pacientes. Reza así: “Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria".
Aunque el recorrido que tendrá el contenido del documento es una incógnita (lo más seguro es que acabe en un cajón como otros anteriores), ha encendido todas las alarmas porque, tras la crisis de 2008 y ahora la de la Covid-19, ¿qué administración pública va a estar en condiciones de financiar una formación continuada de la que depende el buen ejercicio profesional y la calidad asistencial en el Sistema Nacional de Salud y de subvencionar la actividad de asociaciones de pacientes que, en buena parte, son agentes e interlocutores necesarios para la mejora de la sanidad, incluyendo la atención a enfermedades minoritarias?
El debate, en concreto, de la mejora del modelo de formación continuada de las profesiones sanitarias no es nuevo; el sistema vigente no es perfecto en su financiación ni tampoco en su provisión, su adaptación a las necesidades reales de la salud y la sanidad, su acreditación, su vínculo con la selección/contratación de profesionales, los salarios y la carrera profesional (reconocimiento), su integración dentro de la jornada laboral...
El modelo de formación médica continuada, incluida su financiación, forma parte del debate profesional desde hace años – por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) celebró el año pasado su primer congreso nacional sin exposición comercial ni mesas patrocinadas y acudieron más de 2.500 médicos-. Pero su reforma hay que hacerla contando especialmente con la opinión de los propio profesionales y también con altas dosis de realismo y, especialmente, de pragmatismo.
Farmaindustria, de acuerdo con su Código de Buenas Prácticas, ha publicado recientemente, y por quinto año consecutivo, las colaboraciones en investigación y en formación médica con profesionales y organizaciones sanitarias: “Contribuyó en 2019 con 483 millones de euros a actividades colaborativas de investigación y a formación científica en nuestro país. En concreto, 115 millones de euros fueron destinados a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran acudir a reuniones y congresos científicos-profesionales, mientras que las organizaciones sanitarias responsables de este tipo de encuentros contaron con un apoyo de 109 millones de euros. Además, las compañías farmacéuticas invirtieron 259 millones de euros en contratos con organizaciones y profesionales sanitarios para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito biomédico”.
El modelo de formación continuada puede ser otro, es cierto, pero, ¿las administraciones central y autonómicas, los centros sanitarios, la sociedades científicas, los colegios profesionales…y los propios sanitarios podrían asumir de su bolsillo la partida anual que dedica actualmente a ello la industria farmacéutica, la tecnológica y la de productos sanitarios?
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