Un grupo de políticos, entre lo que están varios de los 71 diputados del Partido Popular que firmaron el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto (vigente en la actualidad) en 2010 acudirán este miércoles a las puertas del Tribunal Constitucional con una carta en la que piden al tribunal que resuelva ya el recurso.
Está previsto que entreguen la misiva los exdiputados recurrentes José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado, Eva Durán y, además, Luis Peral.
Luis Peral era senador del Partido Popular cuando se presentó el recurso y, además, fue parte del equipo de abogados que preparó las alegaciones a la norma, que permitió el aborto libre hasta las 1? semanas de gestación, entre otras modificaciones que introdujo la ley y que, como resultado, facilitó a la mujer poder acudir a la interrupción de su embarazo.
"En el escrito pedimos al Tribunal Constitucional que dicte sentencia porque han transcurrido 10 años y medio. Cuando el propio Tribunal, dijo en un auto, en el que rechazó suspender la entrada en vigor de la ley, que le iba a dar una tramitación prioritaria".
Efectivamente, el recurso a la ley del aborto en vigor se presentó el 1 de junio de 2010 y el Tribunal Constitucional dictó un auto, con fecha de 14 de julio del mismo año, asegurando dar "carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso".
Sobre los motivos por los cual el Constitucional no se ha pronunciado, Peral alude a lo publicado en la prensa para apuntar a la falta de consenso en el seno del Tribunal para sacar una resolución sólida en apoyos. Sin embargo, el exsenador del Partido Popular razona: "El equivalente al Tribunal Constitucional en Estados Unidos es el Tribunal Supremo y, a veces, el Supremo en Estados Unidos, pues tienen votaciones apretadas y no pasa nada".
He insiste "después de diez años y medio ha pasado tiempo suficiente para dictar sentencia sobre una cuestión que el propio tribunal Constitucional declaró prioritario.
Al citado recurso sobre la ley del aborto se llegó a asignar un magistrado ponente, Andrés Ollero, que difícilmente podrá cumplir su cometido a no ser que la resolución se produzca en las próximas semanas, pues su cargo como magistrado está cerca de concluir.
El Tribunal Constitucional afronta la renovación de parte de sus miembros en cumplimiento con la norma que lo regula. De este modo, Ollero junto con el actual presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, cumplen el mandato por el que fueron nombrados en las primeras semanas del próximo año, sin posibilidad de prórroga. Esta circunstancia podría alejar, aun más la posibilidad.
El Tribunal Constitucional aborda a partir de mañana dos sentencias que afectan a la libertad de expresión, una de un activista que interrumpió con gritos y reparto de panfletos a favor del aborto en una misa en Banyoles (Girona) y otra de un sindicalista gallego por ultraje a la bandera.
Se tratan de dos cuestiones que arrastra el tribunal del anterior pleno, del pasado día 17 de noviembre, que no pudo concluir por diversos motivos.
Uno de los casos que estudiará el tribunal esta semana afecta al delito contra los sentimientos religiosos. El Supremo confirmó una condena que impuso la Audiencia de Girona a un activista que interrumpió con gritos y reparto de panfletos a favor del aborto en una misa en 2014 en Banyoles.
Según recoge la sentencia, el condenado, que exhibió además una pancarta con la frase "Fuera rosarios de nuestros ovarios", se extralimitó en el ejercicio de la libertad de expresión y vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.
Y ahora la ponencia, del conservador Alfredo Montoya, propone confirmar la condena frente al criterio del sector progresista del tribunal -limitado a tres magistrados- que, como en el caso anterior, aboga por que prevalezca el derecho a la libertad de expresión.
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