El Gobierno está estudiando la posibilidad de reconocer la infección por covid-19 como enfermedad profesional para los sanitarios, según ha trasmitido al Defensor del Pueblo a instancias del sindicato Amyts.
El sindicato médico Amyts, parte de CESM, lleva meses haciendo campaña para conseguir que la infección por covid-19 se trate como enfermedad profesional y no como accidente de trabajo, que a su juicio es más garantista de cara a valorar posibles secuelas en el futuro. El sindicato tiene el apoyo tanto del Defensor del Pueblo como del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en Madrid.
Hay que recordar que a fecha de 10 de diciembre ya hay 90.423 sanitarios infectados, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad. Los resultados preliminares de la cuarta ola del estudio ENE-Covid indican que es el colectivo más afectado, con un 16,7% de seroprevalencia.
Curiosamente, hasta septiembre había muy pocos accidentes de trabajo contabilizados en el sector por la covid-19: sólo 2.527 estarían vinculados al ámbito sanitario y sociosanitario. Eso se debe, según los sindicatos, a que es del propio trabajador el que debe demandar ese reconocimiento como accidente laboral y hay servicios de prevención laboral que no facilitan el preceptivo informe.
El Defensor del Pueblo ha manifestado en su último informe sobre actuaciones respecto a la covid-19 que "tiene la convicción de que con el ordenamiento vigente, en especial tras las reformas operadas por la Unión Europea en materia de riesgos biológicos y prevención de riesgos laborales, tarde o temprano la jurisprudencia se decantará por la calificación de enfermedad profesional, habiendo recomendado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se adelante y reconozca la calificación de enfermedad profesional en lugar de accidente de trabajo, en la línea de lo que han hecho ya otros países como Francia y Alemania”.
El Defensor del Pueblo ha informado al sindicato de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha respondido a su recomendación que "en la actualidad se está procediendo a la reevaluación del criterio trasladado a esa Institución en relación con el tema planteado, a través de un análisis de los diversos aspectos a tomar en consideración en el que se pretende hacer partícipes a las diferentes partes interesadas".
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