En una carta publicada este lunes, y previamente presentada al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en torno a 300 científicos y sanitarios piden la creación inmediata de un organismo de evaluación independiente, tipo NICE del Reino Unido, que analice las intervenciones y políticas sanitarias para garantizar que se basan en la evidencia científica.
"La actual pandemia ha puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellas, las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro". Así comienza un escrito que en torno a 300 sanitarios, investigadores académicos y sociedades científicas han hecho público este lunes abogando por la inmediata creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias, una suerte de Airef sanitaria.
El manifiesto señala: "Todos los sistemas de salud enfrentan la necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud. La evaluación de la relación coste-efectividad de tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias debería estar en la base de su incorporación a la cartera de prestaciones y servicios del SNS, así como del precio que el SNS habría de pagar por tales prestaciones y servicios".
Beatriz González López-Valcarcel, una de las impulsoras de la carta, catedrática e investigadora en Economía de la Salud española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, subraya, en declaraciones a El Mundo, que no se trata de una petición nueva. "Hace años, más bien décadas, que quienes trabajamos en Economía de la Salud llevamos reclamando esta agencia, que cubriría funciones imprescindibles para la toma de decisiones en Sanidad, sobre todo para la incorporación de nuevas tecnologías y la fijación de precios, ya que una nueva tecnología debe 'valer lo que cuesta'. Esta es una oportunidad de oro, porque el Next Generation traerá fondos y porque concuerda perfectamente con su espíritu de que hay que gastar bien".
No se trata de una iniciativa que vaya a sustituir al Comité Independiente, que se reclama desde el verano por parte de unos 20 expertos, aunque algunos nombres estén en ambas misivas. Es el caso de Ildefonso Hernández, miembro de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y ex director de Salud Pública, que apunta que "no está relacionada claramente con la evaluación, aunque hay firmantes coincidentes". Sobre la puesta en marcha del Comité independiente de Evaluación de la Pandemia, "hemos tenido unas reuniones, pero lo cierto es que todavía no hay nada fijo. Los planes de Navidad y de vacunación son la prioridad".
La catedrática de Economía de Salud Pública manifiesta que la rubrica de más de tres centenares de expertos de diversas áreas sanitarias a la carta no ha sido complicado. "El movimiento ha sido una ola, se han unido con entusiasmo personas muy heterogéneas, de la academia pero también de la Sanidad, médicos clínicos de hospitales y atención primaria, farmacólogos, sociedades científicas... Era un clamor, y se nota en la velocidad de las adhesiones".
Según los firmantes, desde hace años, países de nuestro entorno europeo y otros que son de referencia por sus sistemas sanitarios (Reino Unido, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, etc.) han creado agencias "para desarrollar esas tareas e informar la toma de decisiones de sus sistemas sanitarios sobre tipo y cobertura de prestaciones, grupos de personas en los que estarían indicadas y precios. El prototipo más conocido de estas agencias es, sin duda, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido".
En este caso, González insiste en que la petición no debe resulta ajena ni sorprendente, porque "de hecho, somos mas bien una excepción a la regla, ya que 10 de los 15 países de la UE tienen una "cuarta barrera" para la entrada de nuevas tecnologías en la cobertura pública: han de demostrar , además de su eficacia, efectividad y seguridad, que son coste-efectivas, es decir, que con criterios sociales valen lo que cuestan".
Es por eso que los firmantes de este manifiesto dicen estar convencidos de que el SNS "necesita imperiosamente una institución similar (un HispaNice) de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, y de que la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación".
Se trataría, continúan, de "crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad".
Partiendo del análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, esta Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias tiene que determinar si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan, explica el manifiesto. "Sería un elemento imprescindible para informar, tomando como base el mejor conocimiento disponible, las decisiones a adoptar en la ordenación de los cambios y retos que afrontan los sistemas de salud, y constituiría una potente herramienta, como es visible en países de nuestro entorno, para optimizar los intrínsecamente siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población".
Personalidad jurídica propia
González detalla cómo debería ser esta institución: "Con personalidad jurídica propia, independiente del gobierno, transparente en sus informes, de inteligencia y conocimiento compartido, que trabaje en red aunque su sede pueda estar localizada, que aúne esfuerzos de su propio staff con encargos a grupos externos de excelencia. Sin capacidad decisoria formal, aunque el gobierno debería o bien aceptar sus recomendaciones o argumentar y justificar por qué no lo hace".
Para los expertos que firman la carta, la creación de este organismo "es ineludible para garantizar que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias estén basadas en la mejor evidencia científica disponible y en valores sociales consensuados". Tras realizar la evaluación, correspondería a los gobernantes "hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la substituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas. Su funcionamiento debería regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de cuentas en las decisiones públicas".
Cristina Avendaño, médico especialista en Farmacología Clínica en Hospital Universitario Puerta de Hierro, por su parte, explica que "desde hace tiempo venimos reclamando una revisión del modelo que en España existe para la inclusión de medicamentos y otras prestaciones sanitarias en el SNS. De hecho, a pesar de las previsiones contempladas en las sucesivas leyes de medicamentos no se ha llegado a definir todavía, con el rango legal y gobernanza adecuados, una estructura y procedimientos de evaluación para ello".
"Es importante que en la evaluación del valor terapéutico de los medicamentos tengan un papel protagonista los médicos expertos en las enfermedades a tratar y los pacientes que las padecen, que pueden valorar el medicamento en el contexto de todas las necesidades de manejo de la enfermedad y no sólo los medicamentos. En la evaluación de qué es lo que aporta un nuevo medicamento desde un punto de vista de la efectividad clínica es importante asegurar que se realiza de forma rigurosa y crítica, contando con los médicos especialistas, y con independencia de agentes con intereses particulares sobre el gasto en farmacia. El resultado de la evaluación de la efectividad clínica es clave para realizar la necesaria evaluación económica, que debe tener en cuenta aspectos que van más allá del efecto inmediato del medicamento (por ejemplo, repercusión en la actividad laboral o en prevención de secuelas cuyo impacto se verá al cabo de muchos años). El impacto presupuestario a corto plazo es también importante, claro, y a veces será determinante para decidir sobre el modo de inclusión de una tecnología o medicamento en el SNS, pero no puede jamás realizarse una evaluación "inversa" en la que sea el impacto presupuestario el que determine el juicio sobre el valor terapéutico", añade.
Garantizar rigor técnico, transparencia y rendición de cuentas
La Federacion de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), por su parte, va a sacar en breve un posicionamiento en este sentido, reclamando que en la evaluación de medicamentos en España se otorgue el protagonismo debido a los médicos especialistas que trabajan en el SNS y son verdaderos expertos en las enfermedades que tratan, y trabajan lealmente por la sostenibilidad de un SNS del que se sienten orgullosos. Asimismo, el sistema debe contar con los médicos con formación especial en evaluación de medicamentos, los farmacólogos clínicos, con los economistas de la salud, otros profesionales y también los pacientes. El sistema debe ser necesariamente multidisciplinar y tener una sólida gobernanza que garantice la independencia, el rigor técnico, transparencia y rendición de cuentas de las decisiones tomadas.
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